El momento del arresto de los ministros de Áñez por la causa del supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales: denuncian persecución política

Los ex ministros de Energía y Justicia durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, fueron arrestados este viernes en Bolivia luego de que una fiscalía así lo ordenara en el marco de una causa que los acusa de estar involucrados en el supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019.

La ex mandataria, otros tres ex ministros y altos mandos militares también están alcanzados por la medida, pero de momento no han sido aprehendidos por las fuerzas de seguridad.

Medios de comunicación del país andino publicaron imágenes que muestran a Guzmán y Coimbra bajo custodia. En el caso del primero, el video parece haber sido grabado en el aeropuerto de Beni, donde se encontraba este viernes. En diálogo con los presentes asegura que es víctima de “un secuestro y un abuso como acostumbra el MAS”, en referencia al partido gobernante de Bolivia.

“Estaba por la calle, me aprehenden y me traen para acá para llevarme a La Paz. Dicen que tengo mandamiento de aprehensión por terrorismo y sedición. No había sido notificado. Vamos a seguir siendo opositores a esta tiranía. Vamos a salir de esta dictadura”, dijo Guzmán.

Coimbra, por su parte, expresó unas breves palabras antes de ser subido a una camioneta de las fuerzas de seguridad para también ser trasladado. “Estamos yendo a La Paz. Hemos dicho que siempre nos vamos a poner a disposición de la ley”, dijo el ex ministro.

Los otros ex ministros sobre quienes pesan órdenes de detención son: Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Yerko Nuñez (Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Presidencia), Luis Fernando López (Defensa). Áñez dio a conocer la denuncia en sus redes sociales, donde aseguró además que “la persecución política ha comenzado”.

“El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.”, expresó.

El ex presidente y candidato presidencial en los comicios de 2020, Carlos Mesa, se expresó en la misma línea. También a través de sus redes dijo que el país está “en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”.

“Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del FRAUDE, se amnistían y pretenden ser víctimas”, dijo.

También lo hizo Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, también alcanzado en la denuncia. “Presidente Luis Arce, deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”, dijo en sus redes.

En concreto, la causa acusa a los ex funcionarios de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La denuncia fue presentados por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien acusó a Camacho de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las protestas que derivaron en la salida de Morales.

Los cargos son prácticamente los mismos que, durante su tiempo en el poder, los entonces funcionarios le achacaron a Evo Morales y por los cuales en diciembre de 2019 se ordenó la detención del ex presidente.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Esa medida fue anulada en octubre de 2020, una semana después de que Luis Arce, delfín de morales, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino. No obstante, en ese entonces el juez de la causa aclaró que ello no implicaba que la investigación cesaría.

Desde su renuncia a la presidencia, Morales siempre argumentó que había sido víctima de un golpe de Estado. El hecho tuvo lugar después de que un informe de la Organización para los Estados Americanos (OEA) asegurara que se habían cometido irregularidades en en el proceso electoral celebrado en el mes de octubre, lo que desató una ola de protestas contra el mandatario.

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