Tres décadas atrás era cajero del Banco de Santa Cruz, la provincia austral originaria de Néstor Kirchner. Fue ascendiendo posiciones de la mano de su amigo. Cuando Kirchner se convirtió en presidente de la Nación, en 2003, dejó el banco y creó una empresa de construcciones viales que se transformó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en una de las principales contratistas de obra pública.
Lázaro Báez cenó con Néstor Kirchner en su última cena y fue quien construyó el mausoleo donde descansan los restos del ex presidente argentino, fallecido en 2010.
Este miércoles, Báez fue condenado a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce en Argentina como “la ruta del dinero K”. También fue condenado su hijo mayor, Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, a una pena de 9 años.
La Fiscalía había pedido una condena de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones para el empresario. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.
Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 –integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti– también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.
En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.
La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.
Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.
Todas las condenas
1) Lázaro Antonio Báez, 12 años
2) Jorge Oscar Chueco, 8 años
3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años
4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años
5) Martín Antonio Báez, 9 años
6) Leandro Antonio Báez, 5 años
7) Melina Soledad Báez, 3 años
8) Luciana Sabrina Báez, 3 años
9) Walter A. Zanzot, 5 años
10) Julio Enrique Mendoza, 6 años
11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses
12) Eduardo César Larrea (absuelto)
13) Walter Santiago Carradori (absuelto)
14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años
15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses
16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses
17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)
18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años
19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años
20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)
21) Alejandro Ons Costa (absuelto)
22) César Gustavo Fernández, 5 años
23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.
24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)
25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años
26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses
27) Juan Alberto De Rasis, 6 años
La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13:30 horas.
Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.
El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primera semana de marzo.
El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.
Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no dio a conocer cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.
Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad –donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas– y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.
El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa.
Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.
La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.
El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero termina con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.
Estaba previsto que el juicio durara un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).
Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lázaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.
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