Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras

Un informante que trabaja en el departamento de Lempira, en el occidente del país, miró al general Leandro Osorio y dijo: “Yo sé de un sitio donde hay drogas”.

Era mediados de enero de 2014. Osorio, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Nacional de Honduras, pidió evidencia a su informante, y este le mandó unas fotografías de lo que parecía un invernadero oculto en medio de las montañas.  Luego, el policía haría unas declaraciones sorprendentes sobre el caso.

El informante también le dio las coordenadas, pero le advirtió al general: las drogas y algunos de quienes trabajaban allí tenían la protección de un alto oficial de policía y de un político muy poderoso.

El invernadero estaba cerca de La Iguala, una pequeña población enclavada en las montañas de Opalaca, a unas cuatro horas en auto y una hora y media más a pie desde Tegucigalpa; y cerca de Gracias, la cabecera departamental de Lempira y lugar de origen del clan Hernández, la familia del presidente de Honduras.

Ese clan era conocido por sus pequeñas plantaciones cafeteras en Lempira y sus grandes ambiciones políticas. Juan Orlando Hernández es el jefe del gobernante Partido Nacional y presidente del país desde 2014. Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, era diputado suplente en esa época. Su otro hermano, Amílcar, era coronel del ejército.

Osorio estaba decidido a corroborar la denuncia del informante en los territorios cercanos a los dominios de los Hernández. Fue así como, pasada la medianoche del 31 de enero de 2014, sin notificar a sus superiores en Tegucigalpa y dando no más que una pizca de información vaga a la Fiscalía General, Osorio, junto con una unidad élite de la policía, se dirigieron a las montañas.

“Yo era el único que sabía lo que íbamos a hacer”, relató Osorio a InSight Crime años después en Tegucigalpa. “A los fiscales solo les dije que teníamos información de un lugar donde supuestamente había drogas”.

A las 5 de la madrugada, Osorio y su unidad habían conducido hasta donde era posible; se bajaron del camión y empezaron el camino a pie. Era una subida dura, contó Osorio; kilómetros de camino cuesta arriba en medio de selva y matorrales espesos.

Cuando llegaron a las coordenadas, pudieron ver las plantas de coca y marihuana, miles de ellas, alrededor de un pequeño invernadero. Revisaron cuidadosamente los sembrados y el invernadero, donde hallaron un rifle calibre 22, dos generadores grandes y varias canecas de diésel. Arrestaron a dos sospechosos que parecían estar cuidando los sembrados: un hondureño y un colombiano, esos mismos que el informante advirtió que tenían protección de alguien muy poderoso.

En total, el general y su unidad hallaron 1.800 plantas de amapola y 800 de marihuana. Osorio también relató a InSight Crime que encontraron unas 6.000 plantas de coca.

“Era casi una hectárea y media de selva”, puntualizó.

InSight Crime corroboró el relato de Osorio con documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ en inglés). En estos documentos, elaborados luego en una investigación distinta, hay referencias al laboratorio de La Iguala, a la protección que recibía, y a la supuesta relación de Tony Hernández con el mismo. Un agente del Ministerio Público y un miembro de la inteligencia policial hondureña también confirmaron que las autoridades investigaron el laboratorio y a los dos hombres capturados en La Iguala. El oficial de policía añadió que Tony Hernández había sido mencionado en la investigación.

Osorio dice que empacó algunas de las plantas en su vehículo para presentar como evidencia de su hallazgo y quemó el resto, lo que según sus palabras era un procedimiento de operación estándar. Luego, fue a Gracias a informar a la Policía Nacional y a la Fiscalía con sede en la ciudad. Fue ahí donde empezaron sus problemas.

La financiación del proyecto político

Mucho antes de que Juan Orlando asumiera la presidencia y su hermano Tony comenzara a trasegar drogas por las principales rutas de tráfico de cocaína del país, su hermana Hilda Hernández se abrió camino en las filas del Partido Nacional; comenzó a los 36 años, durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), pero su carrera política despegó realmente cuando fungió como secretaria de Desarrollo e Inclusión Social en el mandato de Porfirio Lobo (2010-2012).

Como ministra, su tarea era coordinar el desembolso de dineros públicos para programas sociales. Su cargo le daba las herramientas para crear una potente fuerza política: una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas de papel mediante las cuales podía canalizar recursos destinados por el gobierno. Esas ONG y empresas firmaron contratos con el gobierno para proyectos de desarrollo social. Parte del dinero se invirtió en esos proyectos, pero, según las investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), las dos entidades encargadas de investigar la corrupción en Honduras, parte del dinero se desvió a políticos y campañas políticas, incluida la del hermano de Hilda, Juan Orlando, en su campaña a la presidencia en 2013.

Específicamente, un funcionario de alto rango del gobierno, que trabajó en la investigación, dijo a InSight Crime que Hilda creó unas 279 fundaciones. Desde ellas, creen los investigadores que pudieron haberse malversado hasta US$360,6 millones de dineros públicos.

Desde el comienzo fue un asunto familiar. Hilda solicitaba dinero para proyectos por medio de lo que se conocía como el Fondo de Desarrollo Departamental. Ese fondo era controlado por el Congreso, cuyo presidente en esa época era su hermano Juan Orlando. El Congreso autorizaba la entrega de los fondos a las fundaciones. Ese dinero se desviaba a las cuentas personales de políticos o era cobrado en efectivo por cómplices de Hilda.

Según una investigación de Univisión, algunos proyectos eran pequeños (como la distribución de útiles escolares) y por ende difíciles de rastrear. En otros casos, se otorgaron contratos a ONG para asuntos como pesticidas y fumigación, cuando las ONG se decían especializadas en desarrollo juvenil. Según Univisión, 360 políticos y funcionarios de gobierno activos y retirados se beneficiaron de ese esquema.

“Se robaron todo el dinero”, comentó a InSight Crime un funcionario que trabajó en las investigaciones al hacer referencia al dinero apropiado por la ministra.

El caso era tan grande que las autoridades lo dividieron por partes. Un documento presentado por la MACCIH y la UFECIC a las cortes hondureñas en junio de 2018 mencionaba dos organizaciones, Dibattista y Todos Somos Honduras, que según las investigaciones malversaron US$12 millones. El dinero, relataron los investigadores, se dirigió a las campañas políticas de los partidos Nacional y Liberal en 2013. El caso se conoce como la “Caja de Pandora”. En esos documentos de la corte no se mencionaban los nombres de Hilda ni de Juan Orlando Hernández.

Fue solo hasta después de que Fernando Suárez, uno de los cómplices de Hilda Hernández, que cobraba pagos para ella, se entregó a las autoridades en noviembre de 2018 que se conectó a la familia. Suárez —que figuraba como representante legal de las dos fundaciones mencionadas por la MACCIH y la UFECIC— dijo que parte de esos dineros se usaron para respaldar las campañas políticas de Juan Orlando Hernández.

La declaración de Suárez vinculaba a dos presidentes con el esquema de corrupción. Según Suárez, en la administración de Porfirio Lobo se desviaron los fondos a las ONG. El dinero se retiraba en cuanto era depositado en las cuentas de las fundaciones.

“Era muy simple: se retiraba el dinero en efectivo y se llevaba en vehículos del servicio secreto”, contó Suárez a las autoridades, para referirse a la guardia presidencial de Lobo.

No se sabe con claridad qué sucedía a partir de ahí, pero los fiscales afirman que el dinero iba a los bolsillos particulares de los políticos y a las arcas del Partido Nacional. Por su parte, Lobo ha negado las acusaciones y ha dicho que Suárez es un “testigo fabricado”.

Además de eso, Suárez declaró que fue Hilda Hernández quien le dio la instrucción de dirigir los pagos a la campaña de su hermano. Ella nunca retiró el dinero ni hizo los pagos por sí misma, para que su nombre no apareciera en ningún documento, señalan los investigadores. Sin embargo, según Suárez, cuando el dinero entraba al Partido Nacional era ella quien lo manejaba. Hilda Hernández falleció en diciembre de 2017 en un accidente aéreo.

La campaña presidencial parecía difícil, y Suárez dijo que el dinero “fue indispensable” para la campaña de Hernández en 2013. Hernández ganó con el 37 por ciento de la votación, un margen mayor de lo esperado.

Entretanto, otro proyecto familiar aún más perverso tomaba forma en el campo, cerca de la frontera con Guatemala.

La conexión narco

A comienzos de 2014, cuando Osorio y su fuerza élite de la policía se abrían camino entre la espesa maleza hacia los sembrados de coca, amapola y marihuana en La Iguala, el mapa del narcotráfico en Honduras experimentaba algunos cambios importantes. Ese año, los dos grupos narcotraficantes más importantes del país sufrieron fuertes golpes cuando sus jefes se entregaron a Estados Unidos o fueron capturados y posteriormente extraditados a Estados Unidos para responder por sus cargos.

Al mismo tiempo, según fiscales estadounidenses, Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente y diputado suplente, trató de valerse de sus conexiones políticas para posicionarse como narco en Honduras. Nunca tuvo mucho éxito del todo, pero entre él y su poderosa familia crearon una especie de federación con diferentes líderes políticos y funcionarios de gobierno que apoyaron las operaciones legales e ilegales en sus territorios.

Documentos judiciales de Estados Unidos, que citan a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y a varios fiscales estadounidenses, indican que Tony trabajaba con sus hermanos, Juan Orlando e Hilda Hernández, quienes según esos documentos facilitaban su empresa narcotraficante.

Desde Gracias, Tony se fue abriendo camino. Aunque hoy en esta ciudad rodeada de montañas la fama del hermano menor del presidente es enorme, no siempre fue así. Un veterano político local, cuya familia también ha llegado a ocupar puestos importantes en el tinglado del poder en Honduras, recuerda a Tony como un tipo afable que era popular en Gracias por su venta de carne asada cerca del estadio de fútbol. Esos días parecen ahora lejanos.

Quizás por su proximidad con Lempira, la cuna del poder político de la familia Hernández, Tony centró sus operaciones en los departamentos vecinos y en la frontera con Guatemala, donde la cocaína ha encontrado históricamente una ruta en dirección al Norte. Allí, en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque —un territorio marcado por el feroz control territorial ejercido por el clan de la familia Valle Valle y otros actores criminales—, fue donde Tony comenzó su cruzada. Su primera alianza importante fue con Alexander Ardón, alcalde de El Paraíso, Copán, y socio de los Valle.

Durante ese periodo, Tony fue “un mandadero”, según le relató a InSight Crime un exagente de inteligencia del ejército, pero luego comenzó a trabajar con Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”. Morales era un actor importante en el mundo del narco, y por medio de él, Tony Hernández comenzó una participación más directa en el negocio. A cambio, según dijo Rojo a los fiscales estadounidenses, este le dio dinero a Tony para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández al Congreso en 2005.

En 2010, según documentos de las cortes estadounidenses, Tony le anunció a Ardón que quería independizarse de la familia Valle Valle. Ambos acordaron recibir cargamentos de cocaína en La Mosquitia, una región selvática al noreste de Honduras. Algunos de aquellos cargamentos eran marcados con las iniciales TH, y luego enviados a Estados Unidos.

Fue por esa época cuando Osorio entró al laboratorio de drogas en La Iguala. Antes de bajar de la montaña, Osorio interrogó al colombiano que había arrestado en el invernadero, quien le dijo que le habían pagado US$25.000 para cuidar el lugar. No dijo quién lo contrató, pero Osorio tuvo la corazonada de que era alguien importante, cuando relató el caso a los fiscales y la policía.

“Fue un momento muy estresante cuando los fiscales no querían tomar los casos de los detenidos y los jueces no querían colaborar”, recordó Osorio al referirse a sus visitas a la policía y las oficinas de los fiscales en Gracias.

En cierto momento, mientras daba parte a otras autoridades, otro policía reiteró lo que el informante le había dicho a Osorio, solo que esta vez con más detalles: que Osorio se las estaba viendo con redes muy bien conectadas, entre las que se encontraba el comandante de la Policía Nacional, Josué Constantino Zavala Laínez, quien estaba asignado a la zona, y con Tony Hernández.

Osorio volvió a Tegucigalpa e informó a sus superiores, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Osorio se enteró de que liberaron al colombiano y se archivó la investigación sobre el narcolaboratorio. Los fiscales también se abstuvieron de investigar la posible conexión de Tony Hernández con las plantaciones. Osorio fue trasladado y más adelante dado de baja de la policía definitivamente.

“Mi baja se remonta a ese operativo en La Iguala y a otros operativos similares para los que no pude lograr el apoyo ni del ejército ni de los fiscales. No existe una sola denuncia en mi contra por violaciones de derechos humanos ni por nada más”, comentó a InSight Crime.

Para Osorio, la ironía fue mayúscula. En octubre de 2018, Tony Hernández fue detenido en Miami por narcotráfico. Un año después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó información sobre la presunta “actividad criminal de [Tony] Hernández Alvarado o sus cómplices”, incluido uno de sus supuestos socios: el comandante de la policía Zavala Laínez, el mismo que se hizo cargo del caso del laboratorio en La Iguala. Según un testigo citado por el DOJ, Zavala Laínez se reunía con Tony para coordinar actividades en ese laboratorio. En una de esas entrevistas, Hernández “le agradeció” a Zavala Laínez por su protección, dicen los documentos.

El esquema era también político. Según los fiscales estadounidenses que posteriormente formalizaron la imputación contra Tony, la familia Hernández y otros coconspiradores usaron dinero del narcotráfico para “financiar las campañas de los candidatos del Partido Nacional (PN) en Honduras, incluidas las campañas presidenciales de 2009 y 2013, con el fin de mantener su poder y su influencia política. Como resultado de eso, en 2014, el acusado no solo era un violento narcotraficante, capaz de mover varias toneladas [de narcóticos], sino también diputado”.

Tony no fue la primera conexión del Partido Nacional con el narcotráfico transnacional. Antes de él estuvo Fabio Lobo, el hijo del presidente Porfirio Lobo, quien en 2017 fue sentenciado a 24 años de prisión por cargos de narcotráfico. Los expedientes judiciales decían que Lobo pidió más dinero para pagarle a Julián Pacheco, el general del ejército convertido en ministro de seguridad que, según un testimonio de la corte, dio protección a una caravana que transportaba drogas hasta la frontera con Guatemala. Pacheco, que sigue siendo ministro de seguridad del presidente Hernández y también resultó vinculado a la empresa de Tony, negó las denuncias, a las que calificó de mentiras proferidas por criminales en busca de una reducción de penas en Estados Unidos.

En 2019, Tony Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

La continuación de las conexiones con el narcotráfico

En el centro de las actividades criminales en Honduras hay una relación simbiótica entre los delincuentes y algunos políticos de alto nivel. Según los expedientes acopiados por los fiscales estadounidenses, el toma y dame con la familia Hernández, por ejemplo, fue un acuerdo con el presidente Juan Orlando Hernández de no extraditar a algunos criminales a cambio de apoyo financiero para su partido y su familia. El presidente ha negado esos señalamientos y continúa resaltando que él ha extraditado a numerosos narcos a Estados Unidos, incluidos supuestos aliados de su hermano Tony.

Sin embargo, investigadores hondureños y estadounidenses señalan que el apoyo financiero permitió a Hernández ganar la presidencia, una vez mediante votación popular legítima, en 2013, y otra en circunstancias muy dudosas cuatro años después, cuando, luego de un sospechoso corte de energía después de las votaciones, los resultados presentaron un cambio total a su favor para superar el déficit. Aunque observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos declararon posteriormente que su reelección en 2017 fue obtenida en circunstancias sospechosas, Hernández permaneció en el palacio presidencial.

Mientras tanto, algunos líderes del partido mantienen su relación con el narcotráfico, pese a la condena de Tony Hernández y los rumores diplomáticos casi permanentes sobre la relación del mismo presidente Hernández con traficantes. “El grado de penetración del narcotráfico en el mundo político en Honduras sigue siendo muy alto”, declaró un diplomático latinoamericano que trabajó con la MACCIH hasta finales de 2019, en entrevista con InSight Crime.

Un ejemplo de esta configuración se encuentra en La Mosquitia, una selva escasamente poblada a lo largo de la costa que limita con el noreste de Nicaragua. La limitada presencia del Estado hondureño allí, junto con la difícil topografía —montañas, pantanos y ensenadas desoladas— han hecho de La Mosquitia un refugio importante y un escenario para los grandes productores de cocaína de Suramérica.

Por muchos años, estas rutas estuvieron dominadas por el Cartel del Atlántico. El poder de esa organización creció en gran medida gracias a sus conexiones, entre otros, con líderes políticos locales, como Roberto Paisano Wood. Paisano Wood fue durante años el hombre fuerte del Partido Nacional en Gracias a Dios, según fuentes del gobierno y de un líder político de La Mosquitia a quien InSight Crime entrevistó.

“Nada pasa aquí sin que él lo sepa”, comentó el líder político, quien pidió que se reservara su identidad por el poder que aún tienen las redes criminales y el peligro que suponen.

Paisano Wood y su hermano, Seth, también traficaban drogas, según un agente de la unidad de inteligencia militar de Honduras que estuvo en La Mosquitia hasta 2018. Los hermanos tenían vínculos con José Emilio Arrechavala, uno de los jefes del Cartel del Atlántico.

En octubre de 2019, las autoridades detuvieron a los hermanos y los sindicaron de lavado de dinero. Específicamente, los fiscales señalaron que la familia era “una organización dedicada al tráfico de drogas con su centro de operaciones en Gracias a Dios”.

Varios sospechosos en un mismo partido

Alrededor del Partido Nacional han surgido más empresas criminales, desde depredadores ambientales en los departamentos del norte de Olancho y Gracias a Dios hasta líderes locales del partido implicados en la malversación masiva de recursos públicos.

Por ejemplo, a cientos de kilómetros de La Mosquitia, en el departamento de La Paz, al sur del país, Gladis Aurora López ha creado su propio feudo. López es diputada y vicepresidenta del Congreso. También ha sido mencionada por el Departamento del Tesoro estadounidense como alguien de quien se ha “alegado de manera creíble haber incurrido en corrupción o facilitado actos corruptos”.

Lo más notable es que ella fue una de las políticas que se benefició de las redes que desviaron recursos del Estado para campañas políticas particulares. Un funcionario de la Fiscalía General declaró a InSight Crime que el esposo de la diputada estuvo conectado con el caso Caja de Pandora y que su hija y su esposo tuvieron conexión con un caso de corrupción conexo.

El esposo de López es el administrador de al menos dos proyectos hidroeléctricos en La Paz que también han generado controversia. Una investigación independiente de Global Witness vinculó a la diputada con la represión violenta de ambientalistas que protestaban por la construcción de las represas, para las que se obtuvieron cuestionables licencias y que presuntamente ignoraron las protestas de los grupos indígenas frente a proyectos de gran impacto, según dice Global Witness.

En Olancho, también se han establecido redes criminales dedicadas a la tala ilegal y al tráfico de madera gracias al poder político de algunos de sus miembros. En la ciudad de Catacamas, el alcalde y exdiputado nacional Lincoln Figueroa ha sido investigado por su presunta participación en redes ilegales de extracción maderera en las montañas vecinas. En julio de 2011, su nombre fue citado en un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sospechas de participación en el asesinato de una activista ambiental en Olancho.

Desde entonces, ambientalistas y opositores políticos han vinculado a Figueroa con la tala ilegal. Figueroa señala que las acusaciones en su contra están motivadas por disputas entre partidos políticos. Y aunque varias comisiones ambientales municipales en Catacamas también lo han investigado, nunca ha sido imputado de ningún delito.

También se han quedado cortas otras investigaciones sobre las actividades ilícitas de dirigentes del partido. Luego de que la familia Hernández resultara implicada con el caso Caja de Pandora, la UFECIC y la MACCIH comenzaron a investigar al presidente hondureño. Al final, sin embargo, la justicia hondureña enterró el caso Caja de Pandora. Poco después, a comienzos de 2020, la administración Hernández desmontó la MACCIH.

La consolidación del poder

La condena de Tony Hernández conmocionó al presidente y su partido y, por un momento, Juan Orlando Hernández trastabilló, pero recuperó pronto el equilibrio con ayuda de sus aliados más cercanos, entre ellos Mauricio Oliva, líder del Partido Nacional y actual presidente del Congreso.

Oliva desempeñó un papel clave en el desmonte de la MACCIH y, según una fuente de la Fiscalía General, ayudó a presionar la aprobación del código penal que limita las funciones de los fiscales para investigar casos de corrupción.

Oliva tiene sus propios fantasmas guardados. Fue investigado por la MACCIH y la UFECIC por corrupción, y una investigación reciente del portal de noticias Expediente Público descubrió que un testaferro de la organización narcotraficante conocida como Los Cachiros le había transferido, a él y a varios parientes suyos, cuatro propiedades por un valor superior a un millón de dólares.

Pero no se conocen investigaciones en torno a Oliva o el presidente Hernández. De hecho, actualmente hay muy poca oposición política en el Partido Nacional. Los partidos de oposición están divididos y la resistencia de la sociedad civil se ha hecho mucho menos visible.

La UFECIC también quedó debilitada. Una fuente en el Ministerio Público relató a InSight Crime que, después de cambiar su acrónimo a UFERCO, hubo recortes salariales para los agentes de la unidad y recortes de personal, lo que triplica el tiempo que tardan las investigaciones.

Leandro Osorio, el jefe policial que intervino el laboratorio en La Iguala, fue depurado de la Policía Nacional dos años después de su descubrimiento como parte de una “reestructuración del cuerpo”. Él atribuye su salida a su intento de iniciar investigaciones en torno a Tony Hernández.

“Juan Orlando está más fuerte que nunca”, señaló un exfuncionario de la MACCIH.

Esta nota fue publicada originalmente por Insight Crime

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