Las organizaciones de Derechos Humanos se extinguen en Nicaragua imposibilitadas de funcionar por el régimen de Daniel Ortega

Desde diciembre hasta hoy, los funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) han llegado en unas 12 ocasiones al Ministerio de Gobernación. Siempre con un legajo de papeles bajo el brazo y un notario público para dejar constancia legal de la gestión. Y siempre la respuesta es la misma: un funcionario revisa los papeles con displicencia, los devuelve y les dice que falta otro requisito. Uno nuevo. Que regresen cuando lo tengan.

En esas idas y venidas, agoniza la CPDH, el último organismo legal de defensa de los derechos humanos de cobertura nacional que queda en Nicaragua.

“Nos quieren liquidar, pasar la guillotina. Es una decisión política porque tenemos un gobierno represivo que no respeta los derechos humanos”, dice Marcos Carmona, director de la CPDH, después del último intento por inscribir a la organización en los términos que establece la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros.

“Vamos a hacer toda la lucha que esté a nuestro alcance. Vamos a utilizar todos los mecanismos legales que nos dan las leyes y nuestra Constitución Política. Vamos a entregar nuevamente la información que están solicitando”, dice Carmona, aunque reconoce que la intención gubernamental es ilegalizarlos poniendo trabas a su registro. “Llegamos con notarios para dejar sentado que CPDH está haciendo la gestión y que ellos están actuando malintencionadamente y están pidiendo información que nosotros ya les hemos dado”.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue aprobada en octubre pasado por la Asamblea Nacional controlada por el partido de Daniel Ortega, y es llamada por la oposición “Ley Putin” al considerar que es el calco de la instaurada por el presidente ruso en su país.

La nueva norma legal clasifica como “agente extranjero” a las personas y organizaciones que reciben financiamiento internacional para funcionar, establece multas, autoriza la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”, aunque sean nicaragüenses.

Los considerados “agentes extranjeros” están obligados también a reportarse periódicamente ante el Ministerio de Gobernación para seguir funcionando.

El efecto de la ley ha sido devastador. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización con más de 20 años, que defiende la libertad de expresión y promueve la profesionalización del periodismo, anunció el 5 de febrero pasado la suspensión de operaciones porque “no acepta la pretendida imposición de registrarse como Agente Extranjero, establecida en una ley inconstitucional, violatoria de todo principio de libertad de organización”, dijo en un comunicado.

Un día antes, el capítulo PEN Nicaragua hizo lo mismo. “La ley de Agentes Extranjeros, con sus infinitos requisitos, que requerirían un personal del que carecemos, sólo se aplica en nuestro caso por suscribirnos a los ideales y las propuestas éticas de PEN Internacional”, expresó en una carta pública la escritora Gioconda Belli, presidente de la filial nicaragüense de PEN Internacional, una organización que integra a unos 40 mil escritores del mundo.

Antes, en diciembre pasado, We Effect, anunció el fin de sus operaciones en Nicaragua después de 35 años de actividad, porque considera que la “ley de agentes extranjeros” les impide continuar desarrollando su cooperación en el país, según Anna Tibblin, secretaria general de la organización sueca que trabaja en la reducción de la pobreza y acumulaba 35 años de presencia en Nicaragua.

La aprobación de la ley de Agentes Extranjeros ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua”, señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “Las acciones del régimen bajo la llamada ‘Ley de Agentes Extranjeros’ forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión: el capítulo nicaragüense de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, dijo.

Este miércoles, la vicepresidente Rosario Murillo se refirió en sus tradicionales monólogos del mediodía a los efectos que está provocando la nueva ley. “A la casta entreguista, aprovechada y saqueadora es a la que más le pica”, dijo con sarcasmo en alusión a la familia de Violeta Barrios de Chamorro, cuya hija, Cristiana Chamorro, ha emergido como una fuerte opción para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, lamentó este martes a través de un boletín regional que en Nicaragua “continúan presentándose acciones de estigmatización y persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil”.

“El gobierno tiene una guerra declarada contra los organismos de derechos humanos. Nos quiere desaparecer del tipo, tamaño y color que tenga. Esa es la estrategia del gobierno”, dice la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, un organismo al que el régimen de Daniel Ortega canceló su personería jurídica y confiscó sus bienes en diciembre de 2018.

Núñez ve que el gobierno está ejecutando con la CPDH el mismo procedimiento que llevó a la ilegalización del CENIDH hace dos años.

Antes de abril 2018, en Nicaragua funcionaban unas seis organizaciones legalmente dedicadas a la defensa de derechos humanos. A algunas les fue cancelada su personería jurídica, otras huyeron al exilio y legalmente solo queda la CPDH y una organización de defensa de los derechos indígenas en la costa atlántica del país.

Una parte del personal que trabajaba en el CENIDH huyó al exilio por temor a las represalias, y la doctora Vilma Núñez prácticamente trabaja en la clandestinidad en Nicaragua. “A nosotros nos desaparecieron legalmente, y prácticamente nos lanzaron a la clandestinidad por nuestra decisión de seguir ejerciendo nuestros derechos. La gente sabe cómo los podemos atender y cómo los podemos acompañar”, explica Núñez.

La veterana defensora de los derechos humanos asegura que la actual crisis de los derechos humanos en Nicaragua no tiene comparación con otras épocas de la historia reciente. “Ni siquiera con la dictadura de (Anastasio) Somoza”, dice. “Yo fui prisionera política en tiempos de Somoza y los niveles de represión son mayores ahora. No sólo tenemos que escondernos nosotros (defensores de derechos humanos) sino también a las propias víctimas porque sienten un riesgo al denunciar”.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dio un plazo de tres meses “prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”, al gobierno de Nicaragua para que explique la situación del CENIDH.

Marcos Carmona, por su parte, asegura que, aunque la CPDH perdiera su personería jurídica, seguirán trabajando por los derechos humanos en Nicaragua. “Tenemos un compromiso con el pueblo y vamos a seguir en ese compromiso”, dice. Mientras tanto, seguirá insistiendo ante la oficina de Gobernación con la esperanza que un día les reciban los requisitos que esa misma dependencia pide.

“A lo mejor la empresa privada se sensibiliza para mantener una oficina como CPDH, porque la Ley de Agentes Extranjeros solo es para los el financiamiento extranjero. Si los recursos son nacionales no hay por qué ir a registrarse a Gobernación”, señala Carmona.

La CPDH nació hace 45 años, durante la dictadura de Anastasio Somoza. “Ahí por Bolonia (Managua), bajo un árbol de chilamate y en unos bancos de carpintería, se recibían denuncias”, relata. “Cuando los que ahora son gobierno necesitaron protección porque eran perseguidos, ahí estuvo la CPDH. Al mismo Tomás Borge (comandante sandinista ya fallecido) se le llevó denuncia de su detención. A Daniel Ortega, aquí recibíamos a su mamá. Los mismos diputados que aprobaron esta ley por aquí pasaron”.

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