Graves incidentes se registraron la noche de este viernes en el sur de Chile en protesta por la muerte de un malabarista que recibió varios disparos por parte de un agente durante un control rutinario, un hecho que vuelve a poner el foco sobre los protocolos del cuerpo policial de Carabineros.
Grupos de manifestantes levantaron barricadas en distintos puntos de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos donde ocurrieron los hechos, 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile, al tiempo que el edificio municipal fue incendiado pasadas las 23 (hora local , 2 GMT), un hora después de la entrada en vigor del toque de queda nacional.
El fuego también afectó las dependencias de la oficina municipal de Correos y del Registro Civil, según medios locales.
En un video ampliamente difundido por redes sociales, se aprecia cómo el joven Francisco Martínez es abordado por policías luego de haberse supuestamente resistido a un control de identidad en pleno centro de la localidad sureña.
Mientras discutían, según la grabación, uno de los oficiales dispara al malabarista, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo callejero y finalmente es abatido.
“Era bastante respetuoso, una persona pacífica, que siempre andaba con un par de perros”, dijo en el canal local CNN Chile el alcalde de la localidad, Rodrigo Valdivia. “Lamentamos como municipalidad la pérdida de este joven malabarista. Yo espero que las responsabilidades se establezcan a través de los tribunales y que se haga justicia”, añadió Valdivia en declaraciones a radio Cooperativa.
Otros edificios también eran amenazados por la turba de manifestantes que levantaron barricadas en varias calles de la ciudad mientras agentes antidisturbios los enfrentaban con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, según imágenes de medios locales.
La Policía chilena respaldó al uniformado quien utilizó su arma “en resguardo de su propia integridad, de su propia vida” y “dentro de la legítima defensa propia”, según indicó Boris Alegría, teniente coronel de la Policía de Panguipulli, en un video difundido por la institución.
En tanto, el gobierno ordenó a Carabineros entregar todos los antecedentes del hecho al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer las responsabilidades de la muerte del artista callejero.
El cuerpo policial de Carabineros, cuestionado por la brutalidad con la que reprimió las protestas de 2019 contra la desigualdad, indicó en una declaración que los agentes “en resguardo de su propia vida, decidieron y debieron hacer uso de las armas de fuego dentro del contexto de la legítima defensa propia”.
“Como Gobierno, lamentamos la situación ocurrida esta tarde en Panguipulli, donde en un incidente callejero que se está investigando una persona falleció en la vía pública luego de que un carabinero usara su arma de servicio”, indicó por su parte el intendente (delegado gubernamental) de Los Ríos, César Asenjo.
OLA DE CRÍTICAS
Los hechos despertaron una ola de críticas en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la “urgencia” de refundar el cuerpo policial, al tiempo que en las redes sociales las etiquetas #PacosAsesinos (nombre despectivo y popular con el que se conoce a los Carabineros) y #NuevaPolicíaParaChile fueron dos de las más compartidas.
“Dijimos que Carabineros actúa con intención de dañar, eso debe detenerse. Que se debe romper la tradición de impunidad, incluyendo toda la línea de mando. Que es necesaria una reforma profunda y estructural. Lo de Panguipulli muestra una vez más que teníamos razón”, indicó en Twitter la directora en Chile de la ONG Amnistía Internacional, Ana Piquer.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó agregó que “es de suma importancia que el uso de la fuerza sea racional y proporcional”.
El hecho podría reactivar más los actos de violencia contra la policía, como ocurrió ante el último hecho similar, que acabó con un policía en prisión acusado de tirar a un joven por un puente de casi 7 metros de altura y desató una dura ola de violencia en el país.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta.
(Con información de EFE y AP)
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