Las escuelas de América Latina reprobaron la pandemia

(Bloomberg) El examen de ingreso a la universidad en Brasil no es para débiles. La prueba de resistencia anual —ocho horas, durante dos días, de preguntas y ensayos que pueden impulsar o arruinar carreras profesionales— es todo un maratón de aspiraciones adolescentes, angustia y bebidas energéticas. Y eso, antes de la pandemia.

La edición de este año, que concluyó el domingo, fue una advertencia sobre cómo la incontrolable pandemia de covid-19 ha traído un nivel de riesgo completamente nuevo a las ya precarias aulas latinoamericanas. Más de la mitad de los 5,7 millones de candidatos al examen registrados en Brasil, incluida mi hija de 16 años, no se presentaron por temor a contagiarse en las salas de estudio colectivo. Muchos de los que se presentaron fueron rechazados por falta de espacio. Al menos la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo el sentido común de realizar su examen de ingreso en un estadio de fútbol. No obstante, el optimista Ministerio de Educación de Brasil declaró que el examen había sido “un éxito”. Mi hija cree que no tiene sentido. “¿Por qué ponerte en peligro de enfermarte o propagar el virus?”, dijo ella.

El nuevo año escolar está programado para iniciar el próximo mes y la mayor parte de América Latina lidia con la misma duda: ¿cómo mantener a los estudiantes escolarizados y seguros en medio de una incipiente segunda ola de una pandemia que ha condenado a la región con cuatro de las cinco peores cifras de muertes entre los países en vías de desarrollo? A menos que las deficientes autoridades nacionales entiendan sus políticas públicas, Brasil y sus vecinos corren el riesgo de perder otro año escolar debido al miedo, la desinformación, las enfermedades y los trastornos económicos.

En marzo, la mayoría de los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe cerraron las escuelas y las mantuvieron así durante un promedio de 174 días durante 2020, lo que supone una pérdida de cuatro veces más horas de clase que en cualquier otra región, según la asesora regional de educación de Unicef ​​para América Latina y el Caribe, Margarete Sachs-Israel. A fines del año pasado, 87% de los 160 millones de estudiantes de la región no habían visto un aula en ocho meses.

Los más afortunados, aquellos estudiantes confinados en casas de familias adineradas, se registraron en clases remotas a través de conexiones a Internet de alta velocidad, pero uno de cada dos estudiantes de escuelas públicas no tenía acceso a Internet.

Los analistas del Banco Mundial calcularon que la pérdida acumulada de aprendizaje podría eliminar hasta US$1,2 billones en ingresos de por vida en América Latina, o 20% de los ingresos esperados tras graduarse. También se espera que caigan los puntajes regionales en el programa internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), y la proporción de estudiantes que no logren alcanzar los niveles mínimos de competencia aumentará entre 60% y 68%, en comparación con 53% antes de la pandemia.

Sin embargo, la situación no será la misma para todos los estudiantes. La pandemia nunca ha sido una aflicción igualitaria; de manera desproporcionada ha enfermado a pobres, indígenas y personas de color. Sin una corrección de rumbo, el daño desigual al aprendizaje revertirá décadas de progreso y dejará cicatrices sociales duraderas, advirtió Nora Lustig, economista de la Universidad de Tulane.

Las familias encabezadas por adultos mejor educados pueden ayudar a sus hijos con las tareas escolares o incluso mejorar el aprendizaje en el hogar a través de tutorías individuales, pero los padres con educación menos formal, a menudo, están menos preparados o ausentes debido a compromisos laborales. Entonces, incluso cuando los estudiantes de hogares más privilegiados se vieron afectados solo marginalmente por los cierres escolares, sus compañeros menos aventajados sumaron a eso hasta 60% en “pérdidas de enseñanza” en países como Bolivia, El Salvador, México, Panamá y Perú, indicó Lustig. Ni las transferencias de efectivo más generosas a los grupos más vulnerables compensarán la laguna de aprendizaje provocada por el cierre de las escuelas.

A juzgar con base en la interrupción en el aprendizaje del año pasado, Lustig estimó que solo 46% de los estudiantes de secundaria de América Latina probablemente se gradúen, en comparación con 61% antes de la pandemia. Para los estudiantes cuyos padres tenían una educación menos formal, la perspectiva es nefasta; su probabilidad de obtener un diploma de escuela secundaria pospandemia cae 20 puntos, de 52% a 32%, y los actuales estudiantes brasileños de secundaria tienen 32% menos de probabilidades de graduarse. A falta de acciones correctivas, Lustig prevé que América Latina desperdicie medio siglo en avances educativos.

Estos estudios son proyecciones, no profecías. Los funcionarios están a tiempo de cambiar el rumbo y evitar que se repita el desastre del año pasado. La prioridad ahora debería ser la planificación para reabrir las escuelas de forma segura. Los educadores se sienten alentados por los estudios que muestran que las escuelas no son puntos críticos de contagio y que el riesgo de transmisión más allá del aula es probablemente bajo.

Pero nada de eso importará a menos que los funcionarios públicos desvíen su atención y urgencia por abrir los centros comerciales, y en su lugar escuchen a los educadores y autoridades de salud. “Lo que se ve en la región es presión para abrir restaurantes, bares, tiendas y lavaderos de autos, pero no las escuelas”, dijo Sachs-Israel. “Las escuelas tienen que ser la prioridad número uno”.

Claudia Costin, exdirectora sénior de educación del Banco Mundial que dirige ahora el Centro de Excelencia e Innovación en Políticas Educativas de la Fundación Getulio Vargas, prevé “un año lleno de baches”. “Vamos a tener aperturas y cierres de escuelas, por lo que necesitamos una toma de decisiones basada en la transparencia y la ciencia, no en puntos con bases partidistas”, me dijo. “Es un problema que parte de nuestras autoridades electas sigan pensando que la pandemia es una tontería, empezando por el presidente brasileño [Jair Bolsonaro]”.

Habría que preguntarle al secretario de Educación entrante de Río de Janeiro, Renan Ferreirinha, quien asumió el cargo el 1 de enero y encontró al sistema escolar municipal más grande de América Latina, con 650.000 estudiantes y 34.000 educadores, en ruinas. El alcalde saliente, un antiguo aliado de Bolsonaro que fue arrestado por acusaciones de corrupción días antes de dejar el cargo, no había pagado al proveedor de Internet ni a los servicios de limpieza, lo que provocó que las 1.543 escuelas públicas de Río se quedaran sin acceso a la web ni custodios en la víspera del nuevo año escolar en medio de un resurgimiento del virus.

El nuevo alcalde delegó a una comisión de científicos la elaboración de los protocolos de seguridad. “No somos negacionistas”, me dijo Ferreirinha. “Necesitamos un regreso a clases seguro. La educación es una inversión en productividad y progreso social”.

Es poco probable que la educación latinoamericana vuelva a un estado de inocencia prepandémico. De hecho, la emergencia sanitaria mundial simplemente acentuó las antiguas discapacidades de aprendizaje de la región, acribilladas por la falta de competencia y las desigualdades entre los estudiantes. Los analistas de políticas están desconcertados sobre cómo compensar a los estudiantes más afectados los daños que provocó el covid-19 a la educación en 2020, las ideas van desde la contratación de maestros jubilados hasta la adición de un año completo al plan de estudios de la escuela secundaria. Dada la locura y terquedad de los actuales funcionarios de la región, los alumnos latinoamericanos no son los únicos que necesitarán de cursos de regularización.

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