El régimen de Daniel Ortega asegura impunidad a los policías en Nicaragua

En una pared del hogar de la familia Reyes Ramírez sobresale un collage con fotos de los hermanos José Efraín y Aura Marina, y su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo. Los tres fueron asesinados por agentes antinarcóticos la noche del 11 de julio de 2015. La imagen es el recuerdo más visible en la sala-comedor de la vivienda. “Ella (Aura Marina) traía ese vestido, el día de su muerte”, recuerda Yelka Nohemi Ramírez, madre y hermana de los asesinados.

Yelka habla tranquilamente del collage: “Él (José Efraín) andaba así vestido cuando salió de caballero con la niña. Mi hermana se vestía siempre así”, dijo a esta investigación del especial #NicaraguaNoCalla. La imagen muestra al niño de saco y corbata; a la niña con un traje blanco; y a la tía con un vestido oscuro. El día de su asesinato, José Efraín tenía 11 años; Aura Marina, 12 años; y Katherine, 22 años.

La madre cuenta sin problemas detalles de la imagen, pero no quiere hablar de lo ocurrido la noche del asesinato. “Ya dije todo lo que podía decir”, se excusa. Yelka tampoco quiere referirse a lo que ha pasado años después de la masacre con los oficiales que participaron en la matanza.

Según los registros oficiales, fueron 14 oficiales, de los cuales nueve fueron acusados y condenados, ocho de ellos están activos en la institución, uno en la vida civil, pese a que la sentencia estableció penas de cárcel que oscilaron entre dos y 11 años, dependiendo del nivel de responsabilidad establecido por la Fiscalía, considerando que el tuvo mayor de la misma fue el jefe del operativo, el entonces capitán Zacarías Salgado, quien tenía una condena que finalizaría en 2026. Sin embargo, fue condecorado y promovido por el presidente Daniel Ortega en 2018.

El oficial Óscar José Vargas Rugama, quien era teniente en 2015, fue nombrado el mismo día como capitán. Su condena acaba hasta este año. Junto con ellos fueron ascendidos también: Jairo Antonio Aguilar Hernández y Johny Henry Palacio Jiménez a capitán; Noel Antonio Altamirano a suboficial mayor; y Henry Cruz a inspector.

El abogado de los familiares, Carlos Alemán, confirmó que, cinco años después de ocurrido el crimen, el caso está pendiente de que se resuelva en el Tribunal de Apelaciones, un impasse legal que no impidió que los ocho oficiales activos fueran ascendidos por el presidente Daniel Ortega.

De acuerdo con un acuerdo presidencial, publicado en la gaceta diario oficial en 2018, fueron condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, por sus “acciones heroicas a riesgo de sus vidas” y por la “protección de las personas, familias y comunidades”.

El caso más destacable para los organismos de derechos humanos internacionales fue el del capitán Salgado, que fue ascendido a comisionado en su calidad de segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (TAPIR), un grupo élite dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señalado de abusos a derechos humanos.

Es decir, Salgado, un experto francotirador, fue ascendido dos rangos por encima del que tenía cuando ocurrió el crimen, lo que contrasta con la propia ley de 228 de la Policía, la cual establece una permanencia mínima de cinco años en el cargo cuando se trata de capitán y otros cinco en el grado siguiente —subcomisionado—, lo que significa que el jefe policial solo pudo ser ascendido al rango de comisionado hasta el año 2025.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Organización de Estados Americanos para investigar los abusos cometidos en 2018, interpretó el ascenso de Salgado como un mensaje de apoyo —aval político— a la actuación policial, lo que contrasta con que hasta ahora no se ha informado sobre “la existencia de investigaciones internas para esclarecer responsabilidades”.

“Con estos nuevos grados estamos adquiriendo nuevas responsabilidades con nuestra patria, nuestra revolución, con el pueblo”, declaró Salgado a periodistas de la Policía en una nota publicada en el sitio web de esa institución.

38 balazos

“Yo vengo de la iglesia con mi familia. Me hicieron una emboscada y me cargaron a balazos, los de los Dantos (unidad especial de la Policía). Lo que hago es huir, y me siguen cargando a balazos”, narró a los medios de comunicación, Milton Antonio Reyes, padre de las víctimas, con el rostro y su camiseta ensangrentada.

La familia Reyes Ramírez venía de un culto evangélico en el sector de Villa Libertad, y para acortar el camino hacia su vivienda, en el barrio Augusto César Sandino, Milton tomó un atajo por el sector de las Cuatro Esquinas. Ellos viajaban en un vehículo Toyota Corolla, color blanco.

El camino, en ese entonces, era de tierra, estrecho y oscuro, lo que dificultó la visibilidad de los viajeros. Además de Milton y las tres víctimas mortales, en el carro venían Yelka Nohemi; Milton Ezequiel Reyes Ramírez; de cuatro años; Axel Antonio Reyes Ramírez, de 14 años; y Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de cinco años. Los dos últimos resultaron también heridos de bala.

Oficialmente la masacre fue explicada como un error. De acuerdo al expediente judicial del caso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional recibió la información de que en el sector de las Cuatro Esquinas — las Jagüitas— pasaría “un importante cargamento de droga”, para lo cual los delincuentes usarían un vehículo liviano, color blanco, y una motocicleta, como avanzada. El operativo para la detención de los narcotraficantes fue asignado a Salgado y su equipo.

De acuerdo a los documentos judiciales, el capitán Salgado “por imprudencia” no acató los protocolos policiales para el corte de caminos como la instalación de señales lumínicas para detener a los transeúntes como conos naranjas, bastones, chalecos o guantes fluorescentes, que permitan reconocer que se trata de policías. Sin embargo, todos los oficiales vestían “ropa oscura, cubiertos sus rostros con pasamontañas, y sin señal identificativa alguna”.

El expediente agrega que los agentes se posicionaron en los costados del camino, divididos en tres grupos, en un tramo de 800 metros. La familia desembocó en ese sector a eso de las ocho de la noche. Salgado “en una acción disfuncional, negligente y sin control de la situación” saltó al camino, por delante del vehículo, y le hizo una señal de alto para que detuvieran su marcha, describe el sumario judicial.

“Los ocupantes del vehículo creen que se trata de un robo, continúan y aceleran su marcha. Los agentes creen que el capitán ha sido arrollado y reaccionan con disparos al vehículo, lo que sucede a lo largo del tramo”, reseña el documento. En total fueron 38 balazos. El vehículo se detuvo porque chocó con una camioneta gris.

“Estando aquí todos los antimotines y los policías, les pedía auxilio y ni uno me auxilió. Hasta la hora que ellos quisieron, (cuando) ya estaba sacando los cuerpos. Hasta el momento que ellos quisieron fue que se llevaron a las personas al hospital”, relató Milton a los medios de comunicación, tras la balacera.

El caso llamó la atención en la opinión pública no solo por la violencia contra la familia, sino porque los oficiales armados bloquearon a los vecinos que intentaban socorrer a las víctimas.

La brutalidad del crimen contrasta con la posición pública de las máximas autoridades policiales que han vendido la seguridad en Nicaragua como un modelo en la región. Según información oficial, el país centroamericano registró un promedio de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 cuando ocurrió el asesinato de los miembros de esta familia.

La promesa de justicia

A la escena de la masacre de los Reyes se hizo presente la entonces directora general de la Policía Nacional, la primera comisionada Aminta Granera Sacasa. Protegida con un chaleco antibalas, la jefa policial comentó ante las cámaras: “Esto es una tragedia que ha afectado a una familia nicaragüense, y que ha afectado de la misma forma a la Policía. Yo estoy conmocionada, cuando a mí me avisan, yo realmente estaba en estado de shock”.

“Vengo personalmente para ver, y asegurarle al padre de estos niños, que los compañeros policías responsables hoy mismo estarán en prisión, sino es que ya lo están. Van a enfrentar un proceso judicial”, afirmó.

Siempre frente a las cámaras, Granera llamó al comisionado general Ramon Avellán y le ordenó que los oficiales fueran encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), localizadas en El Chipote — denunciado por organismos de derechos humanos como un centro de torturas durante las dictaduras de Anastasio Somoza y Daniel Ortega— y que funciona como el centro de operaciones de las investigaciones judiciales en el país centroamericano.

“El expediente va a ser pasado a la Fiscalía, así que Asuntos Internos (de la Policía) queda fuera de esto. Esto es un asunto penal y van a someterse a juicio”, sentenció la directora.

Granera también visitó a la familia, en las afueras del hospital capitalino Manolo Morales de la capital donde estaban ingresadas las víctimas. Siempre frente a las cámaras, abrazó y lloró con los parientes; prometió una vez sí y otra vez también que “habría justicia”, lo que no ocurrió. Granera misma desapareció de las comparecencias públicas y en su lugar la sustituyó el consuegro de Ortega, nombrado posteriormente como director general, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, destacó que la masacre le recordó “acciones” de la Guardia somocista, “cuando la famosa frase, o estrategia, de tierra arrasada, hay que dispararle a lo que se mueva como que estuviéramos en guerra. Esto chorrea sangre”, dijo entonces.

Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República y exaliado del sandinismo, dijo que “el deterioro de la profesionalidad de la entidad policial es causa importante de la tragedia (…) Evidencia lo mal que estamos”.

Granera enfrentó las más duras críticas, incluso de excomandantes de la Policía como Javier López Lowery, cuestionó a los oficiales y enumeró a Confidencial los errores cometidos por los oficiales en el operativo.

“Falló la supervisión, falló el control, falla la formación incluso en las unidades, falla el ejercicio del mando. Si los jefes estuvieran más cercanos a los funcionarios de esa área, la sola presencia de los mandos hubiera sido capaz de impedir muchas malas conductas de parte de los subordinados. Habría que revisar la vida interna con el reglamento de deberes y derechos de la institución, las causas por lo que se están procesando a los policías, porque déjame decirte que hay cosas difíciles de poder erradicar y (hay que) hablarlo crudamente”, lamentó López Lowery, quien se desempeñó como jefe nacional entre 1985 y 1992.

Juicio exprés

El 22 de julio de 2015, la fiscal auxiliar Steffanie Pérez Bojorge presentó la acusación contra nueve de los 14 oficiales, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La causa fue radicada en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, a cargo de la jueza Alia Dominga Ampié, una judicial vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Un día después se llevó a cabo la audiencia inicial, donde los acusados admitieron los delitos y evitaron la realización de un juicio oral y público.

“Queremos pedirle perdón a la familia, a la sociedad nicaragüense. No queríamos que esto pasara. Fue un accidente. Soy responsable, admito los hechos”, asumió el capitán Salgado. Similares confesiones hicieron los otros ocho acusados.

Yelka, la madre de las víctimas, les replicó: “No pidan perdón porque ese perdón no me va a devolver a mis hijos ni a mi hermana”.

Carlos Alemán López, abogado de la familia Reyes Ramírez, asegura que los oficiales admitieron los hechos para “evitar” que se profundizara en las investigaciones sobre lo que “andaban haciendo la noche del 11 de julio”.

“Ellos sabían que, si se iban a juicio, se destaparían otros hechos”, apostilla el letrado.

Tras las confesiones, la Defensoría Pública —a cargo de la defensa de los oficiales— solicitó a la jueza que no siguiera con el juicio y valorara la admisión de hechos como un “acto a favor” de los acusados. La jueza Ampié accedió a la petición de la defensa y tomó como atenuante para imponer penas mínimas que los acusados no tenían antecedentes y la propia confesión del crimen.

“Esto no es justicia. Me siento decepcionada, van a arder en la olla más grande del infierno (…) Yo pido justicia. Desgraciados, no tienen perdón; aquí no hay justicia”, se lamentó Yelka al conocer la decisión de la jueza.

Antes del desenlace del caso en los tribunales, la madre denunció a un oficial involucrado en el crimen, porque agredió el cuerpo de su niño asesinado. “Yo les dije que me ayudaran, que me socorrieran, pero ellos no lo hicieron. Pasé media hora esperando que llegara alguien para poder ir al hospital. Cuando ya los monté, que íbamos en la patrulla, el hombre le pegó una patada a mi niño en la cabeza. Lo tiraron como perro. Le dije yo: ¡maldito, me lo mataste y todavía me lo vas a golpeando!”, dijo Yelka a Confidencial el 17 de julio de 2015.

La jueza leyó la sentencia el jueves 30 de agosto de 2015, sin la presencia de los familiares de las víctimas.

Para el abogado de la familia, la “sentencia fue irrisoria” y no estuvo “apegada a derecho”, porque la jueza estaba inhabilitada para conocer el caso, ya que le tocaba a un juzgado penal. Sin embargo, se obvió ese ordenamiento judicial.

Otro elemento, según Alemán López, es que “la acusación de la Fiscalía no transmitía el sentir de las víctimas, ellos defendían abiertamente a los policías”, dijo, dado que uno de los cuestionamientos realizados en su momento es que la tipificación del delito debió corresponder a asesinato por la gravedad de los hechos y no a homicidio imprudente, lo que disminuyó el castigo en la sentencia.

“Te sentís impotente. Una familia va ante el sistema judicial para le defiendan un derecho, pero mirás que todas las puertas las tenés cerradas”, añade.

Carrión, explica que “una masacre jamás puede ser considerada una imprudencia desde el punto de vista penal. Tiraron a matar”.

El único policía de los condenados que dejó la institución, en circunstancias no esclarecidas, fue José Alejandro Fonseca Salmerón, primer vocal de la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada hasta enero del año pasado. Un equipo de CONNECTAS fue hasta las oficinas de este organismo donde no permanece cerrado. Sin embargo, personas que trabajan en el complejo donde están las oficinas, proporcionaron un contacto con el presidente, Ardeshir Zack Asgar, quien no respondió a una solicitud de entrevista.

Según la sentencia, Fonseca Salmeron fue condenado a nueve años de cárcel, lo que quiere decir que estaría libre hasta 2024.

No habrá batalla legal

Para el abogado Alemán López, los ascensos de Salgado y Vargas Rugama son “ilegales” porque el Tribunal de Apelaciones de Managua todavía no emite una resolución sobre el caso, pese a que han pasado más de cinco años desde que introdujo la apelación contra la sentencia de Ampié.

En el sistema legal nicaragüense, el juez es el que determina si el detenido guarda prisión preventiva mientras dilucida el caso en el proceso judicial, pero la medida inmediata es prisión preventiva al tratarse de asesinatos.

“Como todavía no hay una resolución de Apelaciones, ellos (Salgado y Vargas) están sujetos a lo que dice la sentencia de primera instancia, que los condenó a once y seis años de cárcel. Esa sentencia está en todo su vigor”, explica Alemán.

CONNECTAS solicitó un comentario a la oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en Managua, pero no respondieron.

Pese al retraso en la resolución de Apelaciones y la “evidente” falta de justicia, el abogado Alemán afirma que la familia Reyes Ramírez ha “decidido no seguir con el caso”. “Nos resignamos porque con este sistema que tenemos ahorita no vamos a recibir justicia”.

“No queremos que esto continúe a nivel nacional, ni internacional”, reitera.

La pareja de Yelka Ramirez y Milton Reyes lamentan la falta de justicia, pero prefieren “vivir en tranquilidad”. “Nadie nos busca y nadie nos molesta porque no nos metemos con nadie. Dios es el que va hacer justicia; todo se lo dejamos en la mano de Dios”, dice la madre sobre un país en que la impunidad viaja en patrulla.

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