Más de un tercio de las 145 universidades que funcionan en Perú deberán cerrar por no cumplir con los estándares mínimos de calidad de la reforma universitaria, un proceso de gran confrontación política ya que varios líderes de partidos de la oposición son dueños de universidades suspendidas.
El proceso de evaluación de las universidades peruanas tomó seis años de trabajo desde que en 2014 se aprobó la nueva Ley Universitaria, según anunció este sábado la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el órgano encargado de revisar todos los centros de estudios.
Las universidades que deberán cerrar no lograron conseguir la licencia de la Sunedu pese a haber contado con distintos plazos para adecuarse a los requisitos exigidos por la reforma universitaria.
Entre los distintos aspectos valorados en la evaluación estaba el número de profesores a tiempo completo, docentes con estudios de posgrado así como la producción de investigación y de innovación tecnológica.
La calidad universitaria en juego
Esto permitió, según la Sunedu, que el 30% de los profesores de las universidades privadas estén ahora contratados a tiempo completo, cuando antes de la reforma eran solo el 13%.
Asimismo, se ha reducido significativamente tanto en universidades públicas como privadas el número de docentes sin posgrado.
La reforma universitaria se dio en 2014 para resolver la gran proliferación de universidades de dudosa calidad surgidas a raíz de un decreto durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que en 1996 liberalizó la educación universitaria y permitía la creación de universidades con ánimo de lucro.
Sin apenas control se multiplicaron las universidades privadas, impulsadas además por la exoneración de impuestos que existe en el sector educativo.
Universidades ligadas a partidos políticos
Entre las universidades que no consiguieron su licencia está Telesup, del empresario José Luna Gálvez, líder del populista partido Podemos Perú, investigado por irregularidades y presuntos sobornos para conseguir la inscripción de su formación política, que actualmente cuenta con 11 representantes en el Congreso.
También la Universidad Alas Peruanas (UAP), fundada por miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) pero cuyo fallecido ex rector Fidel Ramírez era investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, igual que su sobrino Joaquín Ramírez, ex secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.
Varios de estos partidos han criticado siempre la reforma universitaria y fue uno de los motivos implícitos de la polémica destitución en el Congreso del expresidente Martín Vizcarra (2016-2018), fiel defensor de la consolidación de la nueva Ley Universitaria.
Otros partido que votó a favor de la “vacancia” de Vizcarra en noviembre de 2020 fue Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña y su hijo Richard Acuña, quienes también se han mostrado reacios a la reforma pese a que sus universidades como la César Vallejo o la del Señor de Sipán sí lograron la licencia.
No obstante, desde el Congreso todavía hay intentos por diluir la reforma universitaria, como el último proyecto de ley presentado por el congresista Rubén Ramos, de la agrupación ultranacionalista Nueva Democracia, que busca que el Estado expropie las universidades privadas sin licencia para que puedan mejorar y seguir funcionando.
Con información de EFE
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