El joven opositor nicaragüense Kevin Adrián Monzón Mora, quien ha sido detenido en dos ocasiones en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, acusó este domingo a uno de los jefes de la Policía Nacional de haberlo golpeado mientras estuvo recluido.
El adolescente, que ha sido detenido por burlarse del Gobierno de Nicaragua a través de la red social TikTok, identificó al inspector general de la Policía Nacional, Jaime Vanegas, como “uno de los que me golpearon” la segunda vez que estuvo detenido.
El joven opositor, que ha sido detenido por grabar videos en los que se mofa principalmente de la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, publicó en sus redes sociales una foto del jefe policial en la que lo identificó.
“Me decía que nunca iba a volver a ver a mi mamá. Este señor procedió y me decía que me habían encontrado marihuana en mi bolsito para abrirme una acusación en mi contra. #Delincuente con uniforme”, indicó en su cuenta de Twitter.
La agencia EFE ha intentado obtener una explicación oficial por parte de la Policía Nacional, pero esta no ha sido posible.
Monzón Mora, que estuvo encarcelado por primera vez entre el 31 de julio y 9 de agosto pasados, contó al portal digital 100% Noticias que fue detenido por segunda vez el pasado 16 de diciembre “sin razón alguna” y trasladado a una delegación policial, en donde permaneció siete días recluido.
Los agentes, agregó, “me revisaron un bolso donde andaba una imagen alusiva a los presos políticos” y el jefe policial “dio la orden de que me pegaran y me pegaron en la cara y en el pecho”.
Según su relato, el jefe policial también ordenó le colocaran marihuana en su bolso para procesarlo por el delito de tráfico de drogas.
“Ellos (los policía) se pusieron molestos por los videos” cortos que publica en sus redes sociales con la aplicación TikTok hallados en su teléfono móvil en la que critica al régimen de Daniel Ortega y a sus seguidores, indicó.
Aseguró que los policías lo amenazaron “si seguía publicando” en sus redes sociales críticas contra el Gobierno y que se mantuviera “con perfil bajo”.
Monzón Mora aseguró que seguirá grabando videos en TikTok contra el Ejecutivo, pese a las amenazas.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabiliza de cometer incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.
El disidente sandinista Edmundo Jarquín consideró que Ortega está armando “todo el entramado legal de una dictadura” con la aprobación de un paquete de leyes “que penalizan las libertades democráticas”.
El político, que ha sido candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de Nicaragua, observó que, en el marco de la crisis que vive el país, “hemos pasado otra Navidad con presos políticos, (con) centenares de muertos sin asomo de justicia, (y con) decenas de miles de exiliados”.
A más de 32 meses que estallaran esas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra el Gobierno de Ortega, también hay “dirigentes opositores con casa por cárcel, prohibición de protestas pacíficas, privación del derecho de reunión y violación sistemática de los derechos humanos”, mencionó.
“En adición, leyes recientes que penalizan las libertades democráticas y arman todo el entramado legal de una dictadura, más allá del ejercicio omnímodo del poder de Ortega sobre todos los poderes del Estado”, continuó.
Jarquín se refiere a una nueva ley que inhabilitará las candidaturas a cargos de elección popular a aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados “traidores a la patria”.
También a la ley de agentes extranjeros, que prohíbe postularse a cargos de elección popular a los nicaragüenses que reciben financiación extranjera; la ley especial de ciberdelitos, que penaliza una amplia gama de comunicaciones en línea; y una enmienda constitucional que permitiría la cadena perpetua por “delitos de odio” definidos en términos generales.
Con información de EFE
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