El Congreso de Perú ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Constitución que reforma la Carta Magna del país y elimina la inmunidad parlamentaria, estableciendo que los delitos cometidos por los congresistas durante su mandato serán competencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Con 103 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, el texto aprobado modifica el artículo 93 de la Constitución peruana para establecer que los congresistas no estarán sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
Por otro lado, establece que los procesos por delitos comunes abiertos contra los congresistas durante el ejercicio de su mandato serán competencia del Tribunal Supremo, mientras que las imputaciones anteriores a asumir el cargo serán responsabilidad de un juez penal ordinario.
El nuevo artículo 93 también reza que los congresistas “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten el ejercicio de sus funciones”, informa la agencia de noticias Andina.
Los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo también estarán sujetos a estas modificaciones.
El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade, ha resaltado que esta decisión se ha tomado “por el bien del país” y para luchar contra “la impunidad parlamentaria”.
En este sentido, “el ejemplo tiene que comenzar por casa, el ejemplo tiene que comenzar por el Congreso porque también ha habido casos menores en cantidad, pero no en calidad, en que también ha habido congresistas involucrados en temas de corrupción y muchas veces se han blindado en la inmunidad”, ha explicado Chehade, tal y como recoge ‘Gestión’.
No obstante, al tratarse de una reforma constitucional, el texto deberá ser ratificado en la siguiente legislatura con el respaldo de al menos 87 legisladores.
En días recientes el Congreso de Perú derogó la polémica ley de promoción de la agricultura de exportación después de las masivas protestas de campesinos contra un régimen especial considerado “de explotación” laboral, que este jueves dejaron un muerto.
La decisión fue tomada durante la noche del viernes con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones del pleno del Legislativo que, de inmediato, la exoneró de la segunda votación que ordena la ley para que entre en vigencia.
El dictamen, que se elaboró como una propuesta consensuada de las comisiones legislativas Agraria y de Economía, planteó la derogación de la norma y la creación de una comisión especial que en un plazo de 15 días deberá proponer “una nueva ley con justicia social”, según dijo el legislador del Partido Morado Daniel Olivares.
(Con información de Europa Press)
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