Justicia, modo Ortega: liberaron a un simpatizante del régimen que mató a sangre fría a un opositor mientras condenan a 210 años a disidentes por viejos mensajes de WhatsApp

El domingo 19 de julio pasado, un hombre gritó “¡Viva Nicaragua libre!” al paso de una caravana de simpatizantes del partido Frente Sandinista que pasó frente a su casa festejando el 41 aniversario del triunfo de la revolución sandinista. La frase se tomó como insulto. Uno de quienes iban en la caravana se bajó del vehículo pistola en mano, y le disparó en el cuello al que gritaba, dejándolo muerto frente a su propia vivienda. Este jueves, después de cuatro meses de idas y venidas en un extraño juicio, un juez lo ha puesto en libertad.

Abner Onell Pineda, de 35 años, fue acusado de homicidio, un delito que en Nicaragua se castiga con penas de 10 a 15 años, contra el ciudadano Jorge Luis Rugama, de 42 años. El juez Erick Laguna, del Juzgado Penal de Estelí, tipificó el hecho como “homicidio imprudente”, delito que contempla penas de 1 a 4 años de prisión. Condenó al acusado a la pena mínima de un año de prisión, e inmediatamente le otorgó el beneficio de “suspensión de pena”, gracias al cual salió del juzgado caminando hacia su casa.

La madre de la víctima, Luisa Rizo, en declaraciones a medios, dijo que el juez Laguna no le permitió hablar en el proceso, calificó el proceso como toda “una burla” para dejar libre al asesino de su hijo, y que solo pudo gritarle al salir de los tribunales: “¡Yo sabía asesino que te iban a dejar libre!”. Y se fue a su casa a llorar de impotencia.

“De acuerdo a las argumentaciones y pruebas que nosotros presentamos, se estableció que los elementos propios de un asesinato estaban presentes ahí”, dice Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organismo que asumió la acusación. “La alevosía y la ventaja estaban suficientemente claras, la víctima no tenía ninguna probabilidad de poder defenderse, no representaba ninguna amenaza para el victimario”.

Para Darce, una sentencia así solo se explica por los intereses políticos que había en el caso. “Más allá de las consideraciones legales, la actuación del juez es sesgada por cuanto el victimario es afiliado al partido político que en este momento está dominando todos los poderes del Estado”.

La sentencia creó una oleada de indignación en redes sociales. Marcos Carmona, director de la CPDH consideró que esa sentencia alentará a otros militantes sandinistas a disponer de la vida de opositores con total impunidad.

“Esto va a pasar a los anales de la dictadura Ortega Murillo como un hecho emblemático, aunque para nada único, de la impunidad, la burla a las víctimas y la ausencia total del estado de derecho”, dijo Violeta Granera, miembro de la opositora Coalición Nacional.

Ese domingo de julio, Jorge Rugama Rizo se encontraba en la casa de su madre Luisa Rizo, en la norteña ciudad de La Trinidad, departamento de Estelí, a 123 kilómetros de Managua. Aunque no era un activista opositor, albergaba rencor contra los sandinistas pues estos asesinaron a su padre, al triunfo de la revolución, acusándolo falsamente, según la familia, de ser guardia del derrocado dictador Anastasio Somoza.

Poco después que Daniel Ortega terminara su discurso en Managua, una caravana de simpatizantes sandinistas comenzó a recorrer las calles de La Trinidad. Al pasar cerca de la casa de la familia Rugama Rizo, Jorge, se puso unas mascarilla azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, y le gritó al paso: ¡Viva Nicaragua libre!

Abner Pineda se bajó de un todoterreno en el que iba, desenfundó una pistola calibre 45, la montó y disparó a Jorge Rugama, impactándole en el cuello. La víctima quedo muerta en la acera de su casa, de rodillas, con el cuerpo doblado sobre sí, y la mascarilla azul y blanco aún puesta.

El comisionado Alejandro Ruíz, jefe de la Policía de Estelí durante la conferencia de prensa en la que se presentó a Pineda como autor del hecho, se limitó a decir que “investigadores policiales capturaron a Abner Pineda Castellón, quien discutió con la víctima Jorge Luis Rugama Rizo, y lo privó de la vida”.

Durante el juicio, en el que hubo varias reprogramaciones y la acusación pasó de asesinato a homicidio, y finalmente a homicidio imprudente, la defensa de Pineda alegó que actuó en legítima defensa y que el arma se disparó por accidente. También adujo que el acusado sufría “perturbaciones psicológicas” debido a las amenazas que recibió de parte de opositores después de los hechos de protesta de abril del 2018, dado que él es un funcionario de la alcaldía de Estelí.

“De acuerdo al patrón que nosotros venimos observando, el Estado está tomando acción en el sentido de dejar en la impunidad este tipo de hechos. Cuando los hechos son cometidos por personas afines al partido de gobierno, la administración de justicia se preocupa para, a través de la ley lograr la impunidad de estos hechos. Ya se han visto casos”, dice Denis Darce.

En julio de 2019, la justicia nicaragüense liberó a Pierson Gutiérrez Solís, asesino confeso de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Da Costa Lima Rocha. Gutiérrez, un exmilitar, disparó con arma de guerra contra la brasileña cuando esta llegaba a su casa la noche del 23 de julio de 2018. El gobierno de Brasil presionó para que se hiciera justicia y este es el único caso que llegó a juicio de uno de los paramilitares que sirvieron al régimen de Daniel Ortega para desmontar la rebelión. Gutiérrez Solís fue condenado en noviembre de 2018 a 15 años de prisión y liberado siete meses después bajo la ley de amnistía promulgada por Ortega, a pesar que tanto el Estado como la defensa presentaron este caso como un delito común.

El juez Erick Laguna es el mismo que tipificó como “homicidio imprudente” una masacre que cometieron simpatizantes sandinistas en la comunidad El Carrizo, el 8 de noviembre de 2011, contra una familia opositora. Ese día se habían celebrado elecciones municipales en Nicaragua, y en el pueblo de San José de Cusmapa se organizó una turba armada y con varios de sus miembros en estado de ebriedad, para darle un escarmiento a sus adversarios políticos.

El grupo punitivo estaba encabezado por el secretario político del Frente Sandinista en el municipio, un funcionario electoral, el jefe local de la Policía, dos agentes más y varios militantes sandinistas. Irrumpieron en el caserío de noche, gritando y disparando. Prácticamente cazaron a sus víctimas. El saldo fatal fue de tres muertos de una misma familia: el padre y dos de sus hijos. Los hechores fueron liberados tres años después, sin que se sepa que hayan estado un solo día en la cárcel.

“A las víctimas se les deja en la indefensión y se permite la impunidad cuando son personas afiliadas al partido de gobierno”, dice Darce y, como contraste expone la saña que existe cuando se enjuicia a opositores, a quienes con menos pruebas se les ha condenado a penas de hasta más de 200 años de prisión, a pesar que la legislación nicaragüense solo prevé hasta 30 años. “Refleja la saña. Ponen más de 200 años para crear impacto psicológico e intimidar a las personas”.

Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados el 18 de diciembre de 2018 a penas de 216 y 210 años, respectivamente, por los delitos de asesinato, terrorismo, robo agravado, daños agravados, secuestro y entorpecimiento de servicios públicos. Los opositores fueron capturados en el aeropuerto de Managua, cuando salían hacia Estados Unidos a una actividad internacional, y fueron vinculados como “responsables directos” del asesinato de cuatro policías, en la comunidad El Morrito, Río San Juan, a 231 kilómetros de Managua donde se encontraban al momento de los hechos.

Las pruebas presentadas contra Mairena y Mena fueron, según explicó la defensa, mensajes de chat encontrados en el WhatsApp de los celulares de los implicados y un video que une imágenes de distintos lugares y momentos con el propósito de inculparlos. Tanto Mairena como Mena salieron libres en junio de 2019 bajo la ley de amnistía establecida por Daniel Ortega, después de permanecer 11 meses presos en celdas de máxima seguridad.

Darce asegura que, en el caso del crimen de La Trinidad, van a apelar la sentencia del juez Laguna. “Vamos a agotar todos los recursos que sean pertinentes, vamos al tribunal de apelaciones. El tipo penal establecido por el juez no es correcto y tampoco las medidas son las correctas, y en caso que haya una sentencia favorable (al acusado) de nuevo, entonces tendríamos que dar por agotada la vía interna y buscar las opciones en el ámbito internacional”.

Para la opositora Violeta Granera, estas sentencias resultan contraproducentes para la dictadura de Ortega. “No están viendo es la gran indignación que provocan, y las consecuencias nefastas para ellos mismos. Están destruyendo hasta la paciencia del pueblo”, dice.

SEGUIR LEYENDO: