Distintos eurodiputados han condenado la “constante” violación de los derechos humanos en Nicaragua y exigido a la Unión Europea (UE) sanciones más “firmes” para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y la realización de elecciones “libres y transparentes” en el país centroamericano.
El país centroamericano presidido por Daniel Ortega debe respetar unos “niveles mínimos” de institucionalidad para tener un acuerdo preferencial con la UE, ha advertido el vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, Javier Naart, en el debate de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Esos “niveles mínimos” incluyen la independencia del sistema judicial, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y prensa o la presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos, únicas emtodades que recogen testimonios de la “barbarie” que se vive en Nicaragua, según indicó el eurodiputado español.
Naart -adscrito al grupo Renew Europe- ha sugerido que Nicaragua sea “suspendida” del acuerdo de asociación entre la UE y los países centroamericanos si no respeta la cláusula democrática incluida en el mismo.
En esta línea también se ha expresado el eurodiputado Leopoldo López, del Partido Popular, quien ha propuesto enviar una misión de observación que supervise el proceso electoral, previsto para el próximo año, y constate su validez.
Nicaragua celebrará elecciones en noviembre de 2021 y esos eurodiputados coinciden en que su “transparencia” no está garantizada dado el contexto de “represión” que tiene lugar en el país.
“En la UE necesitamos urgentemente un régimen de sanciones que sea aplicable y efectivo”, dijo por su parte el eurodiputado de la formación independentista catalana de izquierdas ERC Jordi Sole, quien también ha pedido “aumentar la presión” contra el “régimen de Ortega-Murillo” para conseguir “reformas electorales”.
Por su parte, la eurodiputada María Soraya, del liberal Ciudadanos, ha alertado de que la crisis política del país se agrava en el contexto de la pandemia sanitaria, que ha sido “utilizada” por el Gobierno nicaragüense para continuar vulnerando los derechos de la población.
El eurodiputado del partido ultraderechista Vox y vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Hermann Tertsch, opinó que "es hora de actuar y dejar a un lado la retórica” que se repite al referirse a otras “dictaduras socialistas” como Venezuela y Cuba.
En contra, Miguel Urbán, del izquierdista Anticapitalistas, prioriza escuchar a la sociedad civil: “Su hoja de ruta de salida de la crisis debe ser la nuestra”, lo que pasa por el cese de la represión, el regreso de los exiliados y la justicia a la verdad.
La presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, María Arena, ha cargado duramente contra la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, asegurando que se trata de una nueva “herramienta de represión” para “amordazar” a los disidentes del Gobierno de Ortegay la ha calificado de “inconstitucional”.
La ley en cuestión fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) el pasado octubre y autoriza solicitar la intervención de bienes y activos y cancelar la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”..
Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.
Establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.
Serán clasificados como “agentes extranjeros” quienes se dediquen a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnologías de la información y la comunicación u otros.
Durante el debate han intervenido también la activista Vilma Nuñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien ha aprovechado su tiempo para leer el testimonio de la madre de Jaime Navarrete, un preso político a quien le ha sido “negado su derecho a la salud”.
También han participado la política Mónica Baltodano, que ha solicitado a la UE que realice en la región una evaluación del estado de los derechos de los nicaragüenses, y Alvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).
(Con información de EFE)
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