“No hables con desconocidos”, recomiendan los activistas peruanos en las convocatorias de las protestas contra el Congreso, que esta semana destituyó al presidente Martín Vizcarra y avanzó controvertidas reformas en el sector educativo y judicial.
No se trata de consejos para evitar el contagio del coronavirus, sino de advertencias por los agentes de la policía que se infiltran en las marchas, cuya actividad ha sido denunciada por la ONU y varias organizaciones de derechos humanos.
Se les conoce como “ternas”, por su trabajo frecuente en grupos de tres, y operan bajo el mando del Escuadrón Verde, unidad especializada de la Policía Nacional enfocada en contrarrestar delitos menores como robos y microcomercialización de drogas. Según los activistas, en las protestas instigan a la violencia para luego detener a los manifestantes.
“El grupo Terna es reconocido por su habilidad para identificar y capturar delincuentes, trabajan con apoyo y recursos. Su legitimidad llega hasta cierto punto, a sabiendas de que es un escuadrón de control del delito. De allí a pasar a un plano de control de manifestaciones, es otra discusión”, indicó a Infobae Elohim Monard, profesor de la Universidad de Lima e investigador en temas de seguridad. Según explicó, el término se ha generalizado e incluye a agentes de Inteligencia y de la Unidad de Servicios Especiales. “Es un tema de la Policía incorporando a agentes de civil, mimetizándose con la población para distintos fines. Esto, en contextos en los cuales la democracia está en una zona gris, es peligroso”, advirtió el docente.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que son efectivos que “están en sus últimos años de formación y por su apariencia se confunden con los manifestantes”, y agregó que Perú tiene “un largo historial de uso abusivo de la fuerza en protestas”.
El martes, en las primeras protestas tras la juramentación de Manuel Merino como nuevo mandatario, abundaron las imágenes de personas siendo detenidas por agentes sin uniforme ni placa. Incluso, algunos ciudadanos que intentaban escapar de un arresto (que más parecía un secuestro por las condiciones irregulares) fueron acusados de resistencia a la autoridad, que no estaba identificada como tal.
“Se ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”, alertó Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
Frente a los reclamos, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, anunció que la nueva estrategia no contemplaría el uso de estas unidades. El jueves, ante una de las manifestaciones más masivas de las últimas décadas en el país, Rodríguez aseguró que estos agentes no habían salido a la calle. También, en entrevista con RPP, rechazó que se emplee perdigones o un uso indiscriminado de bombas lacrimógenas. Sus tres afirmaciones fueron desmentidas por los reportes desde las calles.
“Ha habido un despliegue masivo del grupo Terna, no se puede negar”, indicó Mar Pérez, abogada de la CNDH, y confirmó que han enviado los videos probatorios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de la viralización de un video de un sujeto que realizó un disparo al aire tras ser identificado por los manifestantes, el gobierno respondió que se trató de un policía que estaba en su día libre.
Tras la marcha del jueves, la Policía Nacional también negó en un comunicado la presencia de “ternas”, pero la Defensoría del Pueblo lo confirmó: “Advertimos la participación de personal policial vestido de civil, en diferentes manifestaciones y sin portar identificación alguna, realizaron detenciones de personas”.
Muchos de los agentes “ternas”, explicó Monard, tiene una formación incompleta, sin la preparación adecuada para este tipo de eventos: “Hay policías que no han cumplido con los tres años de formación. Incluso hay una promoción que hizo solo seis meses. No han tenido educación suficiente. Y si hubiesen cumplido con los tres años, no asegura nada, porque hay problema de curriculo, de docentes, la escuela de la Policía está en crisis desde hace años”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado a nivel regional que "la participación de ternas presenta problemas para la revisión administrativa y/o judicial de posibles irregularidades y/o violaciones de derechos”, ya que impide asignar responsabilidades. A su vez, según dispone la ONU sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los agentes de civil “nunca deben incitar a la violencia” y tienen la obligación de identificarse antes de una detención o cualquier uso de fuerza. ¿Qué hacer, entonces, cuando esto no se cumple?
“Ante un arresto por una situación ambigua, lo mejor es colaborar, no poner resistencia porque es peor. Pero siempre recomendamos no ir solo y que alguien más grabe toda la escena”, dijo a Infobae la penalista Pamela Morales, cofundadora de la agrupación Abogadas Pro Bono, que ha brindado asesoría gratuita durante el Estado de Emergencia por la pandemia y en los últimos días ha recibido una enorme cantidad de consultas por el accionar policial.
“No hay ninguna prohibición nacional para los ternas, es una estrategia que el Estado utiliza. El problema es que hay situaciones en las que ellos pueden provocar delitos y las detenciones no están siendo por flagrancia. Hay acusaciones sembrado de evidencias, están denunciando mucho eso”, agregó.
Abusos e impunidad
La desproporción de la respuesta de las fuerzas de seguridad ha causado indignación en la población. Los gases lacrimógenos ingresaron a las vías del servicio Metropolitano de transporte y también llegaron a las inmediaciones del Hospital del Niño.
“Mátalo, mátalo”, se le escucha decir a un agente a su compañero en una escena viralizada en Twitter. El oficial levanta un arma (de un tipo no identificable en la grabación), apunta contra manifestantes y aprieta el gatillo. El perdigón (o el tipo de munición que sea) no se dispara por un desperfecto. Pero las palabras de los policías encolerizaron a las redes sociales.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones instaron al inmediato cese de la violencia desproporcionada y respetar el derecho a la protesta.
Monard señaló que los policías se han sentido respaldados con las declaraciones del ministro, que no ha hecho un llamado claro a mantener los límites de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. También, apuntó que existe entre los agentes una peligrosa burbuja narrativa que puede aumentar la violencia. “Eso me lo dijeron policías, no reciben información sobre marchas pacíficas ni sobre los excesos de policías que actúan mal. Eso crea una polarización en la que los enemigos son los manifestantes. Tenemos que hacer que la policía sea una aliado de la protesta, deben apoyar a la población para garantizar el derecho a la protesta”.
Además, consideró que podría haber impunidad con respecto a los abusos policiales. Esta semana, el Congreso rechazó un pedido para citar al Director de la Policía Nacional. “No parece que vaya a haber una rendición de cuentas, peor aún en este momento en que no hay líneas claras entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se pierde el equilibrio de poderes”, sostuvo.
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