Tres días después de ser destituido en un juicio político relámpago, el expresidente peruano Martín Vizcarra cuestionó el jueves la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno de Manuel Merino y llamó a sus compatriotas a protestar pacíficamente en las calles.
“La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles” con las manifestaciones contra Merino, dijo Vizcarra a periodistas al ingresar a la fiscalía a declarar sobre la causa de presunta corrupción que le valió su destitución.
El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por “incapacidad moral” al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega.
“Incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional” sobre la legalidad de la destitución, acotó el popular expresidente, en referencia a un comunicado del secretario general, Luis Almagro.
“Estamos preocupados por la situación política del Perú”, subrayó Vizcarra, un político que carece de partido y de bancada en el Congreso, pero con niveles récord de apoyo ciudadano, según las encuestas.
Vizcarra defendió el derecho de los peruanos a protestar contra Merino, lo que ocurre diariamente desde el martes en las calles de Lima y otras ciudades, y exhortó a que las manifestaciones sean pacíficas.
“Tenemos que hacer un llamado a la población para que se exprese pacíficamente (...), las manifestaciones tienen que permitirse”, dijo a horas de nuevas marchas convocadas en Lima y otras ciudades.
“La respuesta se la está dando el pueblo [en las calles] al señor Merino”, agregó. “Y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones”, dijo, afirmando que con el nuevo gobierno “hemos visto ahora una policía agresiva”.
Vizcarra acudió a la fiscalía para declarar sobre las denuncias de que recibió coimas de 600.000 dólares. Un par de horas después se retiró sin hacer declaraciones.
Medios locales indicaron que la fiscalía solicitó a la justicia que prohíba a Vizcarra salir del país durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones. Vizcarra aseguró que no dejará el país, ni se asilará en una embajada ni se hospitalizará para evitar las investigaciones de la fiscalía.
Primeros pasos de Merino
Merino, ex jefe del Congreso que asumió el poder el martes, debe terminar de conformar este miércoles su gabinete, en medio de la inquietud de los mercados ante el riesgo de una deriva populista del nuevo gobierno de cara a las elecciones generales de abril de 2021.
El miércoles designó como jefe de gabinete a Antero Flores-Aráoz, un veterano político conservador.
Las protestas y cacerolazos en varias ciudades de Perú contra Merino y el Congreso han empañado los primeros días de su gestión y nuevas manifestaciones están convocadas para la noche de este jueves, a pesar de la devastadora pandemia que golpea a Perú, el segundo país con mayor tasa de mortalidad del mundo por covid-19.
Inquietud de la OEA y la ONU
Organismos de derechos humanos instaron a la policía y nuevas autoridades a respetar las protestas, luego de denuncias de más de medio centenar de detenciones y de agresiones a reporteros en las marchas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves en Twitter su “preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y las detenciones por el ejercicio del derecho a la protesta y cobertura periodística en el país”.
Además, la CIDH, ente autónomo de la OEA, denunció “vulneraciones al derecho de defensa de las personas detenidas (...) y alerta sobre la grave y prolongada detención de una adolescente de 14 años” en Lima.
El representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, llamó a las autoridades peruanas a garantizar el derecho a la reunión pacífica, tras asegurar haber recibido “información inquietante” sobre el actuar de la policía en las protestas.
Según Jarab, la oficina de la ONU pudo constatar “casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales”. “Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”, dijo.
De su lado, la organización Human Rights Watch pidió a la OEA convocar a “una sesión del Consejo Permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú”, según un comunicado difundido en su sede en Estados Unidos.
Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros para AFP
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