¿Un nuevo Estado plurinacional?: de cara a una nueva Constitución surge controversia por escaños reservados a pueblos originarios en Chile

La comisión de Constitución del Senado de Chile aprobó una reforma constitucional orientada a asegurar escaños reservados para los pueblos originarios, y garantizar así su participación en la convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. En la instancia se impuso la propuesta de los partidos de la oposición, por tres votos contra dos, que busca añadir 23 cupos a los 155 ya establecidos. Mientras que la idea del oficialismo de que fuesen 15 cupos, dentro de los escaños ya establecidos, fue rechazada por los integrantes de la comisión. La iniciativa debe seguir un curso que busca llevar mayores garantías para el desarrollo de los pueblo originarios del territorio chileno.

¿Podría Chile convertirse en un estado plurinacional? Algunos advierten que ya lo es, sin embargo, en la antesala de la discusión del cronograma para el diseño de la nueva Constitución y en medio de la controversia por la determinación de escaños reservados, surge la tesis de hasta dónde Chile estará disponible a alcanzar un acuerdo social que incorpore plenamente a sus pueblos originarios.

Los clásicos ejemplos de plurinacionalidad son Bolivia y Ecuador, otros casos son los mencionados también en Canadá o Colombia, donde en el primer caso el gobierno federal cuenta con 33 acuerdos de autogobierno con diferentes pueblos indígenas negociados directamente, mientras que en el segundo caso existen territorios bajo autonomía indígena con sistemas de representación política especial.

En Chile, la demanda por una reforma constitucional que incorpore el carácter plurinacional del Estado se ha ido posicionando con el tiempo, en un trabajo en el que destacan los aportes del profesor José Mariman, tal como lo enfatiza Claudio Millacura, coordinador de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. “La idea de la autonomía indígena tiene que ver con el fracaso de las políticas aplicadas por los gobiernos de la Concertación a la hora de tratar de reparar la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche. Esto debido a la presión que comienzan a sufrir las diferentes comunidades de parte de diferentes iniciativas económicas, que producen daños y van en desmedro de sus intereses”, explicó Millacura.

El pueblo Mapuche es el más influyente, sin duda, y reflota el conflicto de larga data entre el Estado, privados y la etnia, al enterarnos de noticias como la ocurrida la última semana, en la que el cabo de Carabineros, Eugenio Naín, de 24 años, fue asesinado por desconocidos en una zona de permanente conflicto y enfrentamiento.

La reivindicación de las tierras que ancestralmente pertenecieron a territorio mapuche, así como persecución y encarcelamiento de machis y líderes de este pueblo, han traído como consecuencia reacciones, que a la luz de los últimos acontecimientos, han recrudecido la crisis en la relación Estado – Pueblos Originarios.

Pero los Mapuche no son los únicos, en Chile existen nueve pueblos originarios reconocidos por el Estado: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lincan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar y Yagán o Yamana, todos ellos con distribución en todo el país.

Si bien la idea fue abordada en la celebración del acuerdo del pasado 15 de septiembre de 2019, cuando se anunció el inicio del Proceso Constituyente de Chile, ha existido controversia por la representación real de los Pueblos Originarios de este país, es así que EVÓPOLI, partido político miembro del pacto de gobierno, ha instalado la discusión en que no se debiera superar la representación en los escaños de la Convención de los pueblos originarios, en más del 12,8 por ciento que es lo que representan.

Por ejemplo, el texto establece que al 30 de noviembre del 2019 “las calidades indígenas aceptadas y otorgadas por la Conadi corresponden a un total de 969.196 personas (de acuerdo al Censo son 1.700.000)”, o sea que de inscribirse el total de personas en ese registro, se podrán asegurar hasta ocho cupos para convención constituyente, los cuales se descontarían de los 155 integrantes totales", describe.

La propuesta generó cuestionamientos desde la oposición, principalmente, porque no alcanzaría a establecer un puesto por cada uno de los nueve pueblos originarios que la legislación chilena considera. Por lo anterior, la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, declaró “me alegra que Evópoli haya dejado de ser rehén de la UDI y apueste por un camino propio, pero no corresponde establecer apenas ocho cupos, consideramos que menos que el 12,8% de escaños, porcentaje expresado de indígenas en relación al número de chilenos según último Censo, no corresponde. Queremos al menos 16 cupos para pueblos indígenas, pues consideramos que se debe asegurar un cupo para cada uno de los nueve pueblos indígenas”, detalló Pérez.

Más allá de las cuentas que sacan desde diferentes sectores, la posibilidad de garantizar los escaños a los pueblo indígenas, a juicio del académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, “Los escaños reservados son decisivos a la hora de establecer un nuevo acuerdo entre el pueblo Mapuche y los pueblos indígenas con el Estado”.

Respecto a las discrepancias con los partidos de gobierno Millaleo sostuvo que “como también se ha denunciado por parte de actores del mundo indígena, esto tiene que ver con cálculos que miran la proporción que tendrá ese sector político en la convención. Recordemos que la opción rechazo sacó cerca de un 22% de los votos, entonces hay preocupación respecto de no poder alcanzar el tercio que les permita negociar en la convención. Entonces, esos son los cálculos que están detrás de esto y no una verdadera preocupación respecto del mundo indígena”.

Con el antecedente anterior, lo que se pretende en la confección de la nueva Carta Magna, es establecer un reconocimiento formal de los pueblos originarios del país andino. Con una indicación que incluso, prevalezca desde el primer párrafo constitucional. ¿Un estado plurinacional?

Según el historiador e investigador adjunto del Centro de estudios interculturales e indígenas CIIR, Sergio Caniuqueo, vivimos en la práctica en un país que ya es plurinacional, es decir que reúne a distintas naciones en un mismo territorio. “Pero no lo es en derechos (para todas esas naciones), lo que hace que los indígenas seamos ciudadanos de segunda clase. Y eso es una injusticia jurídica. Hoy los pueblos indígenas están reconocidos dentro de la Constitución solo como sujetos especiales: minorías que deben ser protegidas y tuteladas porque no pueden tomar decisiones solas”, explica el experto.

Los próximos días determinarán la formula y protocolo en los que se garantizarán los escaños de representantes indígenas de Chile. Existe un acuerdo común que es otorgarlos, sin embargo, deberá definirse la cantidad y la forma. Todo, en la antesala, del diseño de la nueva Constitución que regirá al país latinoamericano.

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