Legisladores oficialistas presionan a Sebastián Piñera en el debate por el nuevo retiro de fondos de pensiones en Chile

“Mientras Chile no tenga una nueva Constitución, la actual hay que respetarla”. Las palabras del subsecretario, Juan José Ossa, pronunciadas desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, despertaron críticas desde diversos sectores al llegar justo después que la Comisión de Constitución de la Cámara baja aprobara la idea de legislar el segundo retiro de fondos.

Se trata de una iniciativa que impulsa la diputada del Frente Amplio Pamela Jiles y que en la instancia de este martes contó con el respaldo de diputados de Renovación Nacional y Evópoli, ambos partidos de Chile Vamos, la coalición de Gobierno.

Al igual que en la primera instancia, en la que se abordó el primer retiro de fondos previsionales, la expectativa por esta segunda extracción desde las AFP comienza a crecer. En el comité que evaluó la viabilidad del proyecto se alcanzó una mayoría abrumadora de 11 votos contra 1.

Todo esto lo vio personalmente el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se opone a la iniciativa. “Espero que el Congreso sea un espacio de diálogo y de respeto. Creemos que las formas hay que cuidarlas. Cuando hablamos de dignidad, creo que es un punto que tenemos que tenerlo a la vista. Veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipos de adjetivos calificativos de las personas, que no es otra forma de tratar de forma indigna a quien tiene al frente”, dijo Briones cuando terminaba la sesión y en referencia a comentarios que consideró ofensivos por parte de parlamentarios a favor del proyecto.

Por su parte, el diputado de oposición, cuyo partido integra el Frente Amplio, Gabriel Boric, dio razones para defender la remesa del 10%. “Cuando escucho al ministro de Hacienda, veo que uno de los problemas del Gobierno es que hay una desconexión profunda con la realidad de la actual crisis. El ministro Briones decía que cuatro de diez familias han accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que por lo demás ni siquiera está sobre la línea de la pobreza. Me pregunto: ¿El Gobierno pensará que solo cuatro de diez familias lo está pasando mal? No parecen ver que esta crisis está llegando prácticamente a todas las familias del país”, afirmó.

Jiles, diputada que forma además parte del Partido Humanista y es la principal impulsora de este proyecto, manifestó que la iniciativa “podría estar aprobada el 25 de diciembre”. No obstante, en la ley se específica que la solicitud se tendría que realizar a partir del 31 de diciembre. Por las mismas vías de la primera vez, aunque una de las diferencias es que en esta oportunidad se pagaría en una sola cuota.

El proyecto deberá pasar por la Sala de la Cámara de Diputados y, si es que se aprueba sin correcciones, iría al Senado, donde tendrá un nuevo debate. Para el Gobierno, vuelve a plantearse la misma opción del primer trámite y que en ese entonces decidió no utilizar. Pero todo indica que esta vez sí pretende poner troncos en la vía legislativa. A través del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Monckeberg, anunció que La Moneda hará “reserva de constitucionalidad”, al entender que el quórum requerido para aprobar el proyecto es de dos tercios y no de tres quintos, apelando así a que el acuerdo para el segundo retiro, necesariamente sea alcanzado por una mayoría absoluta, lo que podría condicionar su aprobación.

El ambiente durante la jornada de este martes fue tenso. Por un lado, la mayoría de los parlamentarios aprobando la idea de legislar, y por otro, personeros de Gobierno que vieron que integrantes de su propia coalición votaron a favor del segundo retiro de los fondos. La presión aumentará a medida que avance la discusión. Por un lado, los congresistas intentando representar a una ciudadanía empoderada y alertada por lo que sus representantes votan, y por otro, el Gobierno que advierte consecuencias perjudiciales en la jubilación de los chilenos.

En el caso de que la iniciativa sea aprobada por el Poder Legislativo, quedará en condiciones de ser promulgada, siempre y cuando no se presente el requerimiento de inconstitucionalidad anunciado, o bien el Gobierno ejerza su derecho a veto, con el que puede forzar al Congreso a discutir nuevos cambios al texto o incluso votar la eventual eliminación de alguno de sus puntos.

A la luz de la experiencia del trámite del primer retiro, el Gobierno, en su oportunidad desestimó esta posibilidad, considerando el consenso político y ciudadano que había en torno a la propuesta, al día de hoy la certeza no es la misma. A través de su Ministra del Trabajo, María José Zaldivar, reforzó sus críticas. “Es muy complejo poner a disposición de las personas los recursos para su futura pensión porque si los gastamos hoy día, no los vamos a tener a futuro”, afirmó.

Los días que vienen serán definitorios. El clima sube su temperatura en la discusión, y los chilenos y chilenas siguen con más atención cada parte del proceso que cuenta con amplio respaldo ciudadano.

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