El congreso de Nicaragua aprobó este martes una ley de ciberdelitos, conocida como ley “mordaza”, que castiga con cárcel a las personas y entidades que el régimen considere difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.
La cuestionada iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, todos de diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), y 16 en contra de la oposición liberal.
“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público”, sentenció en el debate el diputado oficialista Emilio López.
El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.
Mientras que las publicaciones que “incitan al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.
La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.
La ley faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.
Por su parte, el Congreso también instaló este martes una comisión especial encargada de un proyecto de reforma constitucional para instaurar la pena de cadena perpetua para quienes cometan delitos de “odio”, informó el presidente legislativo, Gustavo Porras.
La comisión está conformada por 11 diputados, en su mayoría del gobernante partido Frente Sandinista, que impulsa la iniciativa y controla la mayoría de escaños de la Asamblea Nacional (parlamento).
Según la iniciativa, “excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles y degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo e indignación”.
La enmienda reemplazaría la pena máxima de 30 años de prisión vigente para delitos graves en Nicaragua.
Los legisladores sandinistas que promovieron la enmienda alegan que es necesario aumentar la penas debido a que “la nación se encuentra preocupada por el incremento de los crímenes crueles, degradantes e inhumanos” que a su juicio son “extraños a la cultura” nicaragüense.
La oposición respondió que la enmienda, que debe ser aprobada en 2020 y luego de nuevo en 2021 para entrar en vigencia, busca perseguir y castigar a los opositores al régimen de Ortega, en el poder desde hace 13 años.
El gobierno ha acusado reiteradamente a la oposición de promover el odio y la violencia a raíz de las protestas que estallaron contra Ortega en 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y centenares de detenidos, según grupos humanitarios.
La enmienda avanza en el parlamento pese al rechazo de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), que también han cuestionado la reciente aprobación de una ley de “agentes extranjeros”, que permite a Ortega controlar las fuentes de financiamiento externo de personas y organizaciones civiles.
Con información de AFP
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