¿El final de los Carabineros?: denuncias por abusos y corrupción impulsan cambios profundos en la policía chilena

El jueves 29 de mayo de 2008 en la ciudad de Panamá, la noticia de un helicóptero que se estrellaba contra un edificio trascendería más allá de la tragedia que significaba este accidente para los panameños. En la aeronave, viajaba el policía chileno, Alejandro Bernales. Era el General Director de Carabineros de Chile, quien a sus 59 años perdió la vida como consecuencia del accidente. Al día siguiente, los principales titulares que se referían a su muerte lo recordaban como “el general del pueblo”.

Lo anterior es una descripción que grafica cómo se percibía al, hasta ese momento, líder de la policía chilena. Era una época de buenas cifras de confianza en la institución, algo diametralmente opuesto a lo que se ocurre a 12 años de esta tragedia. De figurar entre las instituciones más creíbles del país, por estos días, se discute una reforma profunda que busca generar cambios fundamentales.

Un quiebre relevante en la percepción de la policía chilena se dio durante 2016, cuando se denunció el denominado “pacogate”, un megafraude generado por funcionarios de Carabineros que malversaron fondos que alcanzaron los 30 mil millones de pesos.

Más tarde, en 2017, bajo el nombre de “Operación Huracán” la institución anunciaba la detención de seis comuneros Mapuche, debido a una investigación desarrollada por la unidad de inteligencia dispuesta para el combate de actos terroristas en la zona de Arauco. Luego de la investigación en manos del Ministerio Público se descubrió que Carabineros había manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos. Todos quedaron en libertad. De acusadores, pasaron a ser acusados por manipular pruebas, intervenir fraudulentamente registros de llamados telefónicos, y varios uniformados terminaron procesados por falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.

Tras los escándalos de corrupción, y con la llegada del denominado “estallido social” la policía uniformada chilena quedó expuesta, además, a malos entrenamientos y preparación deficiente en el control del orden público. Lo que generó denuncias en materia de derechos humanos que llevaron, también, a que varios integrantes de la institución desfilaran por tribunales, se les tramitara su baja e incluso, algunos hasta el día de hoy, son perseguidos por la justicia.

El pasado miércoles, Amnistía Internacional (AI) difundió un reporte en el que denuncia que se “cometieron graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada” en la represión de las protestas. “Los mandos estratégicos de carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa”, dijo la directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, en la presentación del informe En Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social.

El título del informe, hace referencia a uno de los hechos que más impactó a la opinión pública. Casi 400 personas sufrieron trauma ocular severo, debido a los disparos de balines directos en los rostros de los manifestantes. “El número de heridos oculares es tal que a uno le hace pensar que es intencional. Los que reciben los balines no son los que provocan los incendios o los que saquean, son los que se manifiestan pacíficamente”, dijo en la oportunidad Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, a la que pertenecen muchos de los lesionados.

Según la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), la Unidad trató en cuestión de una semana, durante los días posteriores al estallido, a casi un centenar de personas. Muchos de ellos, con pérdida total de la visión. Los casos más emblemáticos, fueron los de Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos por el impacto de perdigones y el de Fabiola Campillay, quien recibió de lleno, una bomba lacrimógena en el momento en el que se dirigía a su trabajo y sin mediar provocación. Fabiola, en una de sus últimas entrevistas antes de ser sometida a una nueva intervención quirúrgica por complicaciones en su estado, dijo: “Si escucho que se acerca un Carabinero, ahora lo que me provoca es miedo. Ellos, ya no son la institución en la que se pueda confiar. Temo de ellos y creo que a la población le pasa lo mismo”, advierte.

Con todos los antecedentes, desde el Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera, anunció la creación de un comité para definir una reforma profunda a la institución. Para ello, convocó a 15 expertos que conformaron un consejo transversal. Su objetivo, avanzar con máxima urgencia en la recuperación del orden público, con eficacia y legitimidad, sobre la base de un respeto absoluto por los Derechos Humanos.

A juicio de críticos; víctimas y personeros del mundo político, sin embargo, un grupo de asesores y consejeros y el paso a retiro de integrantes del alto mando, no son suficientes para lograr que la institución esté a la altura de lo que el país necesita. Se propone, a cambio, una reforma estructural que incluso, se permita revisar la creación de una nueva policía.

Jaime Bellolio, vocero del Gobierno, “hacer una reforma de Carabineros es una situación súper compleja porque no es que uno haga una nueva ley e inmediatamente pueda cambiar absolutamente todo. Lo que sí ha hecho Carabineros desde el estallido social es hacer un reentrenamiento, cambiar los reglamentos de uso de fuerza, por ejemplo, hoy ya no se ocupan las escopetas antidisturbios, no se ocupan estas mismas escopetas para lanzar granadas de humo. Si uno ve las imágenes de estos días, más allá del hecho muy lamentable y que no debió haber ocurrido en el puente Pio Nono, hay una estrategia distinta de los propios Carabineros que fueron entrenados por algunas policías del extranjero”, precisó.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública convocó a 15 expertos para conformar un consejo transversal para la reforma a Carabineros y avanzar con máxima urgencia en la recuperación del orden público, con eficacia y legitimidad, sobre la base de un respeto absoluto por los Derechos Humanos. Los miembros, que trabajaron ad honorem, sesionaron semanalmente durante 3 meses y de dicha instancia emanó un informe dado a conocer por el Pdte. de la República, Sebastián Piñera, el 17 de marzo de 2020.

Para el jefe de la cartera, Víctor Pérez, no se trata con pasar a retiro a los generales. “48 generales han pasado a retiro en el último tiempo. Sacar generales no soluciona los problemas de fondo de Carabineros. Se trata de una institución que en 30 años no vivió ningún proceso de modernización ni especialización”, advierte.

Lo último y que produjo un resurgimiento en las críticas a la institución, fue el caso del joven que por la acción de fuerza de un uniformado, cayó a la ribera del río Mapocho. Situación que puso, nuevamente, la necesidad de un cambio en Carabineros en la primera plana.

El Presidente Sebastián Piñera, solidarizó con el menor de edad, y tras convocar al ya formado consejo para la reforma de la institución, pidió al parlamento que se apure en aprobar el proyecto que desde la Comisión Nacional de Reforma de Carabineros, se ideó y presentó desde el ejecutivo. “Llegó el momento de tomarnos en serio y ser consecuentes con lo que la gente nos está pidiendo”, dijo en una ceremonia en el Palacio de La Moneda.

Al respecto, en su columna “Hablemos en serio” para El Mostrador, el asesor editorial y experto en materia, Santiago Escobar publicó: “Cada día que pasa, Carabineros agrega un hecho nuevo gravoso: se amenaza a los fiscales o no se satisfacen sus requerimientos, se descubren videos o audios con actos de reincidencia para inculpar a ciudadanos inocentes o se aplican métodos “de treinta años atrás y sin ninguna especialización”, como señaló el ministro Víctor Pérez a propósito del caso del Puente Pío Nono. Hacer una reforma policial con la policía funcionando, es un aprendizaje en proceso muy difícil, lleva tiempo y recursos, pero es la única manera de hacerlo. No se puede detener el mundo ni tampoco hacer funcionar la sociedad sin servicios policiales.”

Una conclusión que grafica, en pocas palabras, el dilema del cambio. Están las razones, las pruebas y justificaciones para apurar una reforma sustancial, sin embargo, la institución debe seguir funcionando al tratarse de la encargada del resguardo social y garante del orden público.

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