Daniel Ortega lanzó una ofensiva para modificar leyes, restringir libertades y “cubanizar” a Nicaragua

En el país que está organizando Daniel Ortega y Rosario Murillo las organizaciones y personas que reciben fondos del extranjero, sea como donación o pago de servicios, deberán inscribirse ante el ministerio de Gobernación, reportarse cada mes para exponer y demostrar en qué se usará ese dinero. También, en ese país, una persona puede ser enjuiciada por atentar “contra la seguridad soberana” del Estado en redes sociales y, si un delito se tipifica como “crimen de odio” podría ser condenado a cadena perpetua. Nada de esto existe actualmente en Nicaragua, pero podría ser ley en los próximos días.

El parlamento nicaragüense discute en estos momentos un paquete leyes enviadas por Daniel Ortega, el cual, según los opositores, está dedicado con nombre y apellido contra ellos. Una de las leyes es la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, otra la “Especial de Ciberdelitos” y la tercera una reforma constitucional que busca ampliar la pena máxima de 30 años vigente actualmente a “cadena perpetua”.

Con 71 de los 92 diputados, el Frente Sandinista, el partido de Ortega, controla totalmente la Asamblea Nacional y hasta ahora, en más de 13 años, nunca ha rechazado una iniciativa propuesta por Daniel Ortega.

Estas leyes se inscriben en una ofensiva mucho más amplia que incluye acoso fiscal a medios de comunicación y empresarios opositores y el incremento al asedio policial a ex reos políticos y líderes opositores, quienes son cercados en sus viviendas y lugares de reunión, o son perseguidos de forma ostensible por patrullas y paramilitares por donde se movilizan.

Canal 12, uno de los dos canales independientes de televisión abierta que aún quedan en Nicaragua, se encuentra embargado por supuestos pagos de impuestos atrasados. Según el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el acoso fiscal alcanza ya a más de 300 empresas.

La ofensiva autoritaria de Ortega ha despertado las alarmas del gobierno de Estados unidos y de la Unión Europea, quienes han advertido de las consecuencias que tendría para Nicaragua la aprobación de esas leyes.

“Otra semana, otra ley de Ortega que atropella la libertad de expresión y prensa. La propuesta ley de ciberdelitos es una amenaza a los nicaragüenses con criterio propio que criminaliza las expresiones que disgustan al régimen de Ortega. Así no actúan los gobiernos democráticos”, reclama en su cuenta de Twitter Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos.

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, se refirió en términos similares a través de la misma red social: “Todos deberían preocuparse en la #AsambleaOEA que Ortega cierre los medios independientes, califique a opositores como “agentes extranjeros” y criminalice la libertad de expresión en línea. En vez de garantizar elecciones justas en el 2021, Ortega acelera el totalitarismo”.

Este jueves el Parlamento Europeo aprobó con 609 votos a favor y solo 21 en contra, una resolución que en términos muy duros rechaza la aprobación de estas leyes que buscan “silenciar a los críticos, lo que agravará aún más la ya insostenible situación de derechos humanos en Nicaragua” y advierte de posibles sanciones comerciales y a funcionarios, incluyendo los gobernantes Ortega y Murillo, si llegaran a aprobarse.

“El régimen Ortega Murillo está completamente aislado y se ha quedado solo. Absolutamente nadie dentro del Parlamento Europeo pudo defender lo indefendible”, dice el líder opositor Félix Maradiaga en referencia a la resolución europea que, añade, “exige al régimen Ortega Murillo la suspensión de las iniciativas de ley que llevan a una cubanización de Nicaragua y que en gran medida son una copia de lo que ha hecho Vladimir Putin en Rusia”.

El viernes 10 de octubre, el departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones para dos funcionarios del gobierno de Ortega, la Fiscal General, Ana Julia Guido, y el secretario privado de la presidencia, Paul Oquist, así como para la cooperativa CARUNA, que durante muchos años manejó los fondos de la cooperación petrolera venezolana.

La Ley de Agentes Extranjeros obligaría a las organizaciones y personas que reciben algún tipo de financiamiento desde el extranjero a reportarse mes a mes ante el Ministerio de Gobernación para declarar sus ingresos y la forma cómo se gastan. Los inhibe además de participar como candidatos a algún cargo de elección popular si no han renunciado a su condición de “agente extranjero” al menos un año antes de presentar su candidatura.

La Ley Especial de Ciberdelitos establece que “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se le impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y doscientos a quinientos días de multa”.

“Es la reacción de un gobierno cada vez más acorralado”, dice Edgard Parrales, abogado y exembajador de Nicaragua ante la OEA en el gobierno sandinista de los años 80, para quien las leyes propuestas por Ortega son “represivas e inconstitucionales”.

Según Parrales, con esta ofensiva, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están tratando de evitar un diálogo político con la oposición “sobre las reformas que hay que hacer y los compromisos que el gobierno asumió en marzo de 2019 y no cumplió, que incluía la liberación de todos los presos políticos, el regreso seguro de los exiliados y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros”.

“Están buscando cómo consolidar su posición ante lo inevitable: el diálogo, que no van a poder evitar. Son disparos de salva, no tienen ninguna efectividad”, calcula Parrales.

“Ellos están tratando de construir una sociedad como la de Cuba: partido único, gobierno omnímodo, control de todo. Tratan, pero han venido encontrando las naturales resistencias. Suben la parada con estas tres leyes, y otras que vienen. Lo que pasa es que en la población hay una resistencia que ellos no pensaban que iban a encontrar”, dice Parrales. “Ellos tiran la carnada a ver si la come el pez, si la sociedad se echa para atrás ellos siguen avanzando, pero por lo que se ve quienes van a tener retroceder son ellos”.

Enrique Sáenz, economista y opositor en el exilio, prefiere usar la palabra “embestida” para graficar la ofensiva del régimen de Ortega. “Es una embestida general. Busca intimidar, amenazar, incorporar la represión en la cabeza de la gente”.

Dice que el despegue de esta ofensiva, el “punto de quiebre”, fue el pasado 15 de septiembre durante un discurso donde Ortega “vuelve (a mencionar) al yanqui enemigo de la humanidad, cierra con (la consigna) patria libre o morir, y llama a los opositores cobardes, vendepatrias, asesinos y traidores”. Particularmente le llama la atención que Ortega alegó estar enfrentado una “condición de guerra” y que dijera que “los traidores no son nicaragüenses”.

Para Sáenz, Ortega se está adelantado a un estallido social. “Es lo que llamamos profilaxis. Él está claro del deterioro económico y social y la repercusión que está teniendo en la población. Eso se traduce en malestar social, afecta a sus bases de apoyo y ofrece condiciones para la protesta social, acciones de resistencia que pueden transformarse de sociales en políticas. Lo primero es anticiparse a la posibilidad de brotes”.

“Yo no veo que esto signifique más poder, más fortaleza, sino más bien el reconocimiento de espacios que va perdiendo y tiene que usar otros instrumentos, que al final resultan inefectivos”, concluye.