Un conjunto de querellas presentadas ante la justicia desde distintos sectores, entre los que se cuentan, alcaldes, concejales y asociaciones de empleados fiscales y derechos humanos de Chile, han llevado a que se abra una investigación que tiene en la mira, el proceder del ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, y del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera.
El manejo extremadamente hermético del Gobierno en sus resoluciones sobre la pandemia Covid-19 y su impacto, según describen las denuncias, llevaron a que la justicia solicite acceso a los correos electrónicos del Minsal, requerimiento que ha sido negado tajantemente por las defensas, tanto del ex ministro Mañalich, como del propio Presidente. Con recurso legal, interpuesto ante la Corte Suprema, argumentan que la facilitación de los correos es una diligencia “infundada” cuyo sustento se basa en “meras elucubraciones”. Adicionalmente, insisten en la razón esgrimida por el actual Ministro de Salud, Enrique Paris, quien negó el acceso a la información alojada en los correos electrónicos, incluso con la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones en la repartición del Minsal y con orden judicial. En el momento, Paris argumentó que son “documentos reservados, cuya divulgación afecta a la seguridad nacional”.
La postura del Gobierno ha sido categórica, según su propio vocero, el Ministro Jaime Bellolio, no se trata de un intento por ocultar algo, sino “todo lo contrario”. “Por supuesto que vamos a colaborar con todo aquello que se solicite, pero no en esta tesis de pesca de arrastre, sino que con información específica que realmente aporte a los hechos investigados. El Ministerio de Salud está disponible a entregar aquellas informaciones específicas que se les solicite”, advirtió.
Respecto al celoso resguardo de la información contenida en los correos electrónicos a los cuales la investigación judicial insiste en tener acceso, durante la jornada de este miércoles, el Centro de Investigación Periodística (CIPER) reveló declaraciones de una ex funcionaria del Ministerio, ante la Fiscalía el pasado 30 de septiembre. Andrea Albagli, se desempeñó elaborando informes epidemiológicos, los mismos que se publicaban semana a semana, y que entregaban información sobre el avance de la pandemia, como número de contagios y fallecimientos.
En el contenido de su declaración, la ex funcionaria del Minsal, apunta directamente a la gestión de Jaime Mañalich, denunciando que recibió órdenes de manipular los datos que constituirían las cifras oficiales que proporcionaba la entidad a la opinión pública. Específicamente, se describe, “el 24 de abril, llegó una orden desde el gabinete del ministro, quien ese viernes ya había dado a conocer una cifra de personas contagiadas en una conferencia de prensa. Tras esto, se le solicita manipular la base de datos de contagiados por el virus, disminuyendo los casos hasta que calzaran con las cifras que entregaba el ministro. Ante su negativa, dijo, se usó otra fórmula: hacer el corte del cálculo cada vez más temprano para evitar cifras superiores a las ya difundidas por la autoridad”. En su declaración, la ex trabajadora, menciona al menos a seis testigos que tomaron conocimiento de la situación.
Dentro del texto, en sus citas textuales, señala que el día viernes 24 abril, previo a la entrega del informe epidemiológico, formalmente le pidieron “cambiar la información”.
La investigación de CIPER, reporta el acceso a algunos correos electrónicos internos del Minsal, en los que participó Andrea Albagli. Puntualmente, en una misiva fechada el viernes 10 de abril, se señala que la profesional planteó sus reparos respecto a conceptos como “activos” y “recuperados” que se comenzaron a comunicar en los informes. “Debo reiterar mis reparos al respecto: la definición de “casos activos” se construye desde la definición de “recuperados” que se ha adoptado en este ministerio. Dicha definición no se apega a ninguna indicación de organismos internacionales y sus implicancias no son inocuas: estamos comunicando erróneamente que todas las personas que han sido diagnosticadas hace dos semanas ya no son contagiantes y por ende no son “casos activos” al no ser precisa esta definición, contribuimos a la propagación del virus en aquellas personas que siguen contagiando luego del período de 14 días”, declara.
Las diligencias de la investigación pretenden determinar la responsabilidad e impacto de la información erróneamente proporcionada cuya instrumentalización, pudo afectar a la comunidad por el impacto del manejo del Ministerio, y sus determinaciones sanitarias. Formalmente, estimar si la población, pudo ser confundida y perjudicada, tras un manejo que según los querellantes, fue confusa y no certera sobre el real impacto del Covid-19 en el país.
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