Peleas y divisiones en la oposición de Nicaragua: la apuesta de Daniel Ortega para prolongar su régimen después de 2021

En Nicaragua existe la certeza de que si se unen quienes rechazan a Daniel Ortega, pasarían dos cosas: Uno, Ortega se vería obligado a ceder reformas legales que garanticen un juego libre en las próximas elecciones de noviembre 2021; y dos, como consecuencia, perdería esas elecciones y dejaría el poder.

Sin embargo, no está ocurriendo lo primero y, por lo tanto, parece improbable que ocurra lo segundo. Lejos de estimular ese “mayor miedo” de Ortega, la oposición organizada lo está eliminando. El mapa político nicaragüense actual es un mosaico abigarrado de grupos opositores, incluso individuos, peleando entre sí, por presentarse como la verdadera oposición ante Daniel Ortega.

“Ortega está feliz. Ve que se están dividiendo. No tiene que empujarlos sino alimentar los egos y crear la posibilidad que todos puedan correr mientras mantengan la idea que la lucha política es por las elecciones”, apunta el sociólogo Oscar René Vargas.

Según Vargas, la lucha de egos es una de las principales causas de la atomización que se observa entre la oposición nicaragüense, y otra sería, dice, la falta de un programa opositor. “Las diferencias personales no responden a una estrategia de lucha contra la dictadura. Existen los egos. Florecen en la medida que no existe una plataforma o programa de lucha”.

Hasta abril de 2018 Daniel Ortega controló a la oposición. Negó la participación de las agrupaciones que lo desafiaban, y solo permitió la existencia de partidos políticos que aceptaran jugar con sus reglas electorales, repetidamente denunciadas como fraudulentas por organismos nacionales e internacionales como la OEA y la Unión Europea.

Cuando algún partido político mostró intenciones de disputarle el poder, Ortega lo eliminó. Así ocurrió con el Partido Liberal Independiente (PLI), el cual desbarató en un sospechoso litigio legal en 2016. Los poderes electoral y judicial, controlados por Ortega, decidieron entregar la representación del PLI a grupos ajenos que la reclamaban, y destituir a los 26 diputados que tenía en el parlamento.

A raíz de la rebelión de abril 2018, el mapa político cambió. A falta de confianza en los partidos tradicionales, la iglesia católica, intermediaria entonces entre el gobierno y el descontento ciudadano, creó un organismo compuesto por representantes de diferentes sectores, para que sirviera de contraparte en las conversaciones que pidió Ortega para solucionar la crisis. El grupo negociador se llamó Alianza Cívica.

“La idea del diálogo vino de la dictadura. Nosotros, al acoger la propuesta, tuvimos que comprometernos a ponerles a alguien delante para que dialogaran. ¡Estaba destruida absolutamente la oposición! Era una dictadura que pide dialogar con la oposición cuando no había oposición. Tuvimos que construirle una oposición de urgencia porque no existía”, explica desde el exilio monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua.

“Los obispos, sin mucha experiencia política, lo mejor que pudimos hacer fue crear un grupo de carácter sectorial que estuviera frente al Gobierno. Que fuera un poco representativo de todos los sectores del país. Ahí estuvieron campesinos, estudiantes, y fueron los grandes protagonistas, universidades, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, distintos sectores… Lo curioso es que no se nos ocurrió pensar en los partidos políticos, porque estábamos claros de que los partidos políticos existentes han sido cómplices de la dictadura. En ese momento había que escoger una oposición auténtica. Así nace la Alianza Cívica”, explica Báez.

Durante casi dos años la Alianza Cívica fue el principal organismo opositor, pero varios de sus sectores fueron haciendo tienda propia con la intención de llegar luego con mayor peso a la gran unidad opositora que la temperatura política exige. Esa gran alianza pretende ser la Coalición Nacional, oficializada apenas en junio pasado, y formada por la Alianza Cívica y los grupos que se habían desprendido, entre ellos, la Unión Nacional Azul y Blanco (Unab), el Movimiento Campesino, los estudiantes, y algunos partidos políticos.

Sin embargo, en apenas dos meses, la Coalición se ha visto sacudida por deserciones y enfrentamientos, que han derivado en una visible atomización de sus miembros, y llevado a pensar en un urgente replanteamiento de su organización. No solo se trata de sectores y partidos peleando unos con otros, sino también de casi todos los grupos que la integran divididos entre sí.

Según una encuesta divulgada en junio pasado por la empresa Cid Gallup, el 70 por ciento de los nicaragüenses rechazan la forma en que Daniel Ortega maneja el gobierno. Solo uno de cada cuatro nicaragüenses dice que votaría por Ortega y el 33 por ciento asegura que nunca votaría por él. Entre todos los grupos opositores, según esta misma encuesta, apenas alcanzan el 20 por ciento, pero existe un 41 por ciento de los nicaragüenses que se declaran independientes, y son quienes decidirán los resultados de la elección.

Para Eliseo Núñez, asesor de la Alianza Cívica, las diferencias entre opositores obedecen a “un posicionamiento entre el modelo antiguo de hacer política y los grupos emergentes, y tiene que ver con dos grades decisiones: la primera es ir o no ir a elecciones, y la segunda es cómo hacer la selección de candidatos”.

Núñez reconoce que en estas disputas también hay un juego de egos que Ortega estimula desde la acera de enfrente. “A través de sus medios, trata de insuflar el ego de cierta gente, mientras desprestigia a otra para hacer sentir que la oposición es un problema en sí misma”.

Osca René Vargas dice que el Frente Sandinista, el partido de Ortega, “históricamente ha infiltrado a la oposición” y cree que eso está pasando ahora.

“Yatama (partido indígena), siempre ha coqueteado y estado al lado del régimen y ahora está en la Coalición. El PLC (Partido Liberal Constitucionalista) está cogobernando en el país, tiene 253 funcionarios y ninguno ha renunciado. La lucha de abril (2018) fue contra el sistema, y el sistema era la alianza de tres: Ortega Murillo, el gran capital y los partidos zancudos, representados por el PLC”, explica.

“Esos partidos zancudos se han integrado a la coalición sin haber renunciados a cogobernar. Ortega se siente bien teniendo amigos dentro de la oposición”, dice.

Para Zayda Hernández, 26 años, conocida como “Kamikaze” entre los grupos rebeldes y quien se declara independiente de cualquier organismo opositor, las divisiones no son nuevas entre la oposición. “El problema es que ahora son visibles y no han podido ocultarlas. Llega un momento donde han guardado tanto las apariencias que es muy difícil seguir haciéndolo. También es importante señalar que es difícil ponerse de acuerdo entre tantas ideologías, pero les ha tomado tanto tiempo poner a Nicaragua primero. Es tiempo que dejen sus interese mezquinos y piensen en los asesinados, exiliados, lisiados y presos políticos”, dice.

Actualmente hay al menos siete grupos opositores, con sus propios problemas internos, y el sociólogo Oscar René Vargas dice que Ortega va a procurar que todos compitan separados en las próximas elecciones. “Usa la política del garrote y la zanahoria: zanahoria alentado a los grupos a participar en las elecciones que le convienen y garrote para los que plantean una lucha distinta a la electoral”.

Eliseo Núñez dice que Ortega sabe que la discusión actual opositora no va a terminar en la atomización total, y por eso no ha hecho reformas, que, a su criterio, atizarían la división.

“Al final”, confía, “va a tener al frente a los poderes fácticos del país: empresa privada, iglesia católica y los movimientos autoconvocados. Donde la gente capte que estén esos poderes es donde es posible que la gente se vaya a empujar a Ortega hacia afuera”.

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