Paraguay “debe investigar sin demora y de forma imparcial” la muerte de dos niñas durante un operativo realizado esta semana contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), exigió este domingo el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó Jarab, según consignó un comunicado de la oficina regional de DDHH de la ONU, con sede en Santiago de Chile.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra el grupo armado ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo.
Jarab afirmó que su oficina ha recibido “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos”.
En concreto, detalló que es particularmente importante tener presente el Protocolo de Minnesota, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
El representante de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos en Sudamérica subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.
También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
El comunicado provocó una inmediata respuesta del Gobierno nacional. La cancillería emitió una misiva en la que calificó de irresponsable al representante de la ONU por “insinuar una posible alteración de los hechos” ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción.
“(Este) hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo”, añade el comunicado.
El Gobierno paraguayo informó tras el operativo de que las menores estaban armadas y que una de ellas abrió fuego contra la patrulla de reconocimiento que detectó la presencia guerrillera en la zona, y responsabilizó de esas muertes al EPP, al que esta semana acusó de reclutar a menores.
“El gobierno paraguayo repudia enérgicamente y condena la práctica que viene implementando la organización criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) de utilizar con fines ilícitos a niños y adolescentes, incluso en algunos casos vinculados al núcleo familiar de los miembros de la citada organización criminal”, expresó el pasado viernes en un comunicado oficial.
“Lamento que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) exponga a menores de edad de manera cobarde e irresponsable”, agregó en un mensaje el presidente Mario Abdo, durante la inauguración de una ruta.
Según el Ejecutivo, dos adolescentes, de entre 16 y 18 años de edad, fueron abatidas el miércoles pasado en un operativo organizado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que integran militares y policías. Ese día, las autoridades habían informado de las muertes, pero sin indicar la edad ni la identidad de las dos mujeres.
Las jóvenes serían la hija y la sobrina de los principales líderes del EPP Osvaldo Villalba y Magna Meza, que se dieron a la fuga en compañía de otros 12 integrantes de la banda cuya persecución continúa, expresó a periodistas el comandante de la FTC, general Héctor Grau.
El enfrentamiento armado se produjo a unos 500 km al noreste, cerca de la localidad conocida como Yby Ya-ú, en el departamento de Concepción, a poca distancia de la frontera seca con Brasil.
Hasta el momento prosiguen las operaciones en la zona para dar con el resto de guerrilleros que estaban en el campamento del EPP, que opera desde 2008 en el norte de Paraguay.
El grupo es conocido por el secuestro de varios miembros de las comunidades menonitas del norte de Paraguay y por sus extorsiones financieras a otros productores agroganaderos.
Genoveva Oviedo, hermana del líder del EPP, Alcides Oviedo, preso y condenado en Asunción por terrorismo, contrarió el informe oficial y sostuvo que las fallecidas tenían 11 y 12 años y que vivían bajo el cuidado de la abuela en territorio argentino con documentación de ese país. La mujer aseguró que las menores viajaron para encontrarse con sus familiares, en la clandestinidad, con motivo de un cumpleaños.
El portavoz de las fuerzas de seguridad dijo que la documentación argentina exhibida por los familiares de las dos mujeres “son originales de contenido falso”.
La cancillería argentina demandó este viernes al gobierno de Paraguay que esclarezca e identifique los responsables de la muerte de dos ciudadanas argentinas, según Buenos Aires.
“Fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de 11 años de edad”, indicó la cancillería argentina en un comunicado, tras un pedido de cooperación a Paraguay.
En línea con esa versión, el fiscal paraguayo Federico Delfino, quien investiga la muerte de las dos niñas, admitió que las prendas que llevaban las víctimas se destruyeron. Además, sostuvo que tenían 11 y 12 años, y no 15 y 18 como indicó un médico forense.
Con información de EFE y AFP
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