La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina denunció al Estado de Paraguay por la muerte de dos niñas de 11 años en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las menores perdieron sus vidas en un enfrentamiento en el norte de ese país, en el que las autoridades desarticularon un importante campamento del grupo armado.
En diálogo con el periódico paraguayo ABC, el coronel Héctor Grau confirmó que las jóvenes abatidas tenían nacionalidad de la Argentina y denunció que en ese país se creó una “guardería” de combatientes de la guerrilla, que además reclutan menores. Grau dejó entrever que las víctimas eran familiares de los hermanos Liliana y Osvaldo Villalba, líderes del grupo de delincuentes.
La gremial, un colectivo de abogados que trabaja en causas de detenidos políticos, manifestó en un comunicado enviado a Infobae que “este caso de las dos niñas asesinadas por el Ejército y las Fuerzas Conjuntas paraguayas refleja la magnitud del enfrentamiento y la crueldad de los dominantes”.
Sostuvo que “las únicas caídas fueron dos niñas argentinas, ambas de 11 años”. Además, informó que son sobrinas de Carmen Villalba, “presa política del EPP, a quien también hace más de diez años el Gobierno paraguayo, en territorio argentino, le asesinó a su hijito de 13 años”.
El periódico El Territorio se comunicó con Genoveva Oviedo, que reside en la localidad paraguaya de Itapúa. La mujer, hermana de un referente del EPP, se identificó como tía política de las menores y afirmó que las menores vivían en la provincia de Misiones y tienen DNI argentino.
Las identificó como Aurora, de 11 años, hija de Magna Meza; y Liliana, de 12 años, hija de Liliana Villalba, dos líderes del EPP. “Ellas se criaron como hermanas. Son nenas bien educadas, buenas estudiantes, jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte. Nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres. Ellas vivían en Argentina con su abuela”, destacó Oviedo en una comunicación telefónica con el diario citado.
El colectivo de abogados consignó que las niñas habían ido a visitar a familiares. “Sus papás son militantes del EPP. (...) Independientemente de que tengan padres campesinos paraguayos y militantes del EPP, las niñas eran civiles y además eran argentinas, y no formaban parte de la feroz lucha de clases que se libra en el Paraguay”, agregó.
La versión de este organismo asegura que fueron a visitar a su padre porque era su cumpleaños y que todos los disparos tienen ingreso por la espalda.
La versión del Gobierno de Paraguay
El Gobierno paraguayo denunció este jueves el reclutamiento de menores por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo tras confirmarse las dos muertes en un enfrentamiento con las autoridades.
Ambas fallecieron en las inmediaciones del considerado principal campamento del EPP, en una zona boscosa del departamento de Concepción, y del que lograron huir un número de guerrilleros que están siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad.
“Este grupo armado usa a menores dentro de la primera línea de fuego”, dijo el comisario Nimio Cardozo, de la Unidad de Antisecuestros de la Policía Nacional en un rueda de prensa en el Comando de Operaciones de Defensa Interna, en ese departamento.
El funcionario aseguró que tienen registrados al menos once casos de menores que han servido en las filas del EPP desde su fundación, en 2008, y exhibió imágenes y videos de algunos de esos adolescentes, en su mayoría familiares de otros guerrilleros adultos. Cardozo añadió que esos jóvenes reciben “entrenamiento militar e ideológico de filosofía marxista”.
Al respecto, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, dijo en la conferencia que la “incorporación de niños en grupos criminales es absolutamente cruel y reprochable desde cualquier punto de vista”.
En el campamento se hallaron diferentes tipos de armas, municiones, explosivos, ordenadores portátiles y unos 16.000 dólares, además de documentación y objetos personales que están siendo analizados, dijo en la rueda de prensa el fiscal Federico Delfino.
“Estamos ante una cantidad inconmensurable de evidencias”, comentó Delfino, quien señaló que se analiza si esa cantidad de dinero procedía de extorsiones o de los anteriores secuestros realizados por el EPP.
Delfino no descartó que las evidencias lleven a pistas sobre el paradero del policía Edelio Morínigo, de quien no se tienen noticias desde que fuera secuestrado por el EPP en 2014.
El operativo de persecución al resto del grupo guerrillero podría extenderse por varios días, y al mismo se han sumado miembros de la Policía Nacional, añadió, por su parte, el general Héctor Grau.
El EPP es una guerrilla fundada en 2008 y financiada con secuestros y ataques a haciendas ganaderas y fincas agrícolas, aunque llevaba sin realizar ataques de entidad desde hace meses. Las fuerzas de seguridad calculan que el grupo se compone de unos 30 integrantes.
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