Activistas latinoamericanos denunciaron las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Activistas latinoamericanos denunciaron este jueves las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, durante un foro virtual organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

La conferencia, de la que participó Infobae, contó con las exposiciones de: Rafael Uzcátegui (Coordinador Ejecutivo de la ONG venezolana Provea); María Teresa Blandón (socióloga y activista feminista de Nicaragua); Luz Escobar (periodista cubana del portal 14ymedio); Vanessa Siliezar (activista de derechos humanos de Honduras); e Yvenique Bathard (periodista de Haití).

Uzcátegui remarcó que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela aumentaron considerablemente desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013. El activista indicó que el año pasado Provea en su informe anual registró “los peores índices en toda la historia” de la organización.

“La crisis venezolana no es producto de un desastre natural o un conflicto armado, sino de una serie de malas decisiones políticas. Decisiones que llevaron a más de cuatro millones de venezolano a irse del país”, apuntó.

Mientras la “retórica” de la dictadura chavista responsabiliza a las sanciones internacionales por la situación que atraviesa el país, el activista venezolano recordó cómo desde la llegada de Maduro al poder -cuando aún no había sanciones- comenzó a acentuarse la crisis humanitaria en la nación caribeña. “En 2012, todavía estaba Hugo Chávez vivo, se importaron medicamentos por más de 3.000 millones de dólares. Un año después, entre 2013 y 2016, Venezuela tuvo que reducir la importación de medicamentos en un 60%”.

Sumado a la escasez de medicamentos y alimentos, Uzcátegui sostuvo que en Venezuela en los últimos años hubo un “importante retroceso en materia de derechos sociales”. En esa línea, denunció las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas del régimen chavista y la persecución contra los críticos de la dictadura-incluso contra aquellos que se identifican con el chavismo, pero que repudian a Maduro-.

“Las FAES han venido generando sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Dos comunicadores ligados al chavismo fueron asesinados por las FAES” el fin de semana, recordó.

En este contexto, indicó que en el país también hay oficialmente una “ausencia de democracia” desde “octubre de 2016 cuando, después de un proceso de revisión”, se decidió “calificar al gobierno de Maduro como un gobierno no democrático”.

Sobre las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro, que son consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, el director de Provea consideró que no están dadas las condiciones para el desarrollo de comicios confiables y transparentes. Uzcátegui explicó que en los últimos años la dictadura de Maduro “ha erosionado la confianza del electorado”: “Se quiere que la gente pierda la confianza en su capacidad de votar y no asista a las urnas”.

Asimismo, denunció las recientes maniobras del régimen bolivariano para intervenir partidos polítios de cara a los comicios: “La última decisión es que el Gobierno interviene la presidencia de los partidos y nombra una junta directiva. Esto ocurre no sólo en los partidos opositores, sino también está ocurriendo en los partidos aliados que están lanzando candidatos por fuera del PSUV”.

Todo esto, “es una suma de condiciones irregulares que no garantizan unas elecciones libres y transparentes”. “Nosotros no vamos a invitar a las personas a que voten o no, sino que vamos a denunciar las condiciones del proceso”, remarcó.

Escobar, por su parte, denunció la persecución sufrida por los activistas cubanos por la dictadura castrista, aliada principal del régimen de Maduro. “El monopolio del régimen sobre los medios es absoluto. Lo que se cuenta en la prensa es pautado por el Partido Comunista. Como es natural, nosotros estamos en un plano de ilegalidad”, explicó, sobre las condiciones de su trabajo.

“El precio que tenemos que pagar por informar es la represión. Nuestra figura es denigrada, nuestro trabajo satanizado, y acusados de estar al servicio de una potencia extranjera; somos acusados de mercenarios”, agregó la periodista cubana.

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, Escobar recordó que en Cuba “no ha habido alternancia en el poder por más de 60 años”: “Un grupo de ancianos está rigiendo los destinos del país, a espaldas de la voluntad del pueblo cubano que no quiere seguir viviendo en los años 50”.

Escobar explicó en qué consiste la “regulación”, una de las últimas estrategias de represión aplicadas por el régimen cubano: “Implica que una persona tiene limitación de salida del país. El Gobierno te pone en una lista de regulados, y esto te impide viajar. Esto se hace para impedir que las voces críticas lleguen a otros lados”.

“En Cuba los derechos humanos son sinónimo de mercenarismo, sinónimo de algo malo, de que uno está haciendo algo malo”, completó.

El otro ejecutivo que está bajo la lupa de la comunidad internacional por sus sistemática violación a los derechos humanos es el de Nicaragua. María Teresa Blandón fue afín a la revolución nicaragüense, pero con el paso del tiempo se alejó del régimen comandado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Dar a conocer lo que pasa en nuestros países es el punto de partido en una región y un mundo convulsionado, donde los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos están sometidos a múltiples obstáculos y fuerzas que se oponen”, indicó la activista feminista nicaragüense.

Sobre el régimen de Ortega, opinó: “Hay una clara evidencia de la intención de establecer una dictadura. Ésta se va construyendo mediante un proceso. El control de todos los poderes del Estado, desde una férrea centralización del poder en manos de una familia (Ortega-Murillo), se fue instalando de manera progresiva desde 2017. Esto no habría sido posible si los partidos políticos no se hubiesen debilitado como lo hicieron, si no se hubiesen prestado a un pacto con Ortega-Murillo... Tampoco habría sido posible sin una alianza entre el gran capital y el régimen”.

“Tampoco pudo ser posible sin el monopolio de la información pública, de los medios de comunicación, sin la cooperación venezolana, que fue el principal recurso utilizado para crear una nueva clase empresarial ligada al régimen (...) El control de las fuerzas armadas y de la policía fue central, así como un distanciamiento al papel de los organismos regionales en materia de derechos humanos”, añadió.

Blandón subrayó que, si bien desde el regreso de Ortega al poder ha habido una represión selectiva, las protestas de 2018 “abrieron las puertas a una violencia desatada, una represión generalizada”: “Primero contra jóvenes que protestaban por reformas a la seguridad social, y luego al conjunto de la ciudadanía que salió a las calles a protestar. En menos de tres meses tuvimos más de 300 personas asesinadas por fuerzas policiales y parapoliciales (...) 2018 fue el año de las capturas, secuestros, torturas. Más de cinco mil personas pasaron por las cárceles del régimen, muchos de ellos fueron torturados, mujeres que han sido violadas... Estas denuncias han sido llevadas a organismos internacionales”.

Los expositores coincidieron en que varios organismos de derechos humanos han mirado para otro lado frente a lo sucedido en sus países. Por ese motivo, Blandón sostuvo que “los derechos humanos tienen que estar al margen de cualquier ideología política”: “Los gobiernos más autoritarios son los que más están intentando debilitar a los organismos regionales de integración”.

En esa línea, Uzcátegui consideró que debe ser igual “un manifestante asesinado en Caracas, a uno asesinado en Bogotá o Río de Janeiro”.

Siliezar y Bathard también denunciaron el deterioro de los derechos humanos en Honduras y Haití, respectivamente. “Este momento de confinamiento es un momento en el que tenemos que estar observantes. Esto puede darle poder a los gobiernos autoritarios, para seguir controlando la vida civil”, sostuvo la activista hondureña.

Bathard, por su parte, se refirió a abusos policiales, corrupción, persecución contra la prensa, abusos físicos y sexuales contra niños, hacinamiento en el sistema carcelario, y al debilitamiento del sistema democrático: “En general el calendario electoral no se respeta. El gobierno actual, las elecciones que debían organizar en 2019, hasta ahora no se han celebrado, y aun no se ha fijado una fecha. El presidente gobierna por decreto”.

Por último, ante la consulta sobre la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expositores calificaron de “inconcebible” que representantes del régimen castrista ocupen un lugar en el organismo internacional.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: