Tests para pocos y resultados “indeterminados”: las insólitas estrategias de Daniel Ortega para esconder los números del coronavirus en Nicaragua

Si un nicaragüense se siente enfermo y sospecha que padece COVID-19 no tiene forma para confirmarlo en su país. Al menos con la certeza de una prueba. Aun cuando pueda pagarla. La explicación está en un intrincado sistema de controles y ocultamientos que el gobierno de Nicaragua estableció para que nunca se sepa con alguna exactitud cuántas personas se contagiaron con la enfermedad.

“No hay posibilidad de hacerse una prueba COVID en el país a libre demanda. Queda al arbitrio de los funcionarios de gobierno a quién se la pueden hacer y a quién no”, señala el doctor Carlos Quant, especialista en infectología, quien hasta hace dos meses atendía en el hospital Roberto Calderón, uno de los hospitales públicos más importantes de Nicaragua. Fue despedido por las criticas que hizo al manejo de la epidemia.

No es que falten pruebas en el país, explica Quant. El manejo de las pruebas COVID, dice, está dirigido a “minimizar los efectos de la pandemia”, de tal forma que a las estadísticas oficiales solo llegan la cantidad de casos que el gobierno decidió reconocer y no los casos reales de contagio que existen.

El protocolo del Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua solo reconoce como “caso confirmado” de COVID-19 a la “persona con infección respiratoria aguda confirmada con el nuevo coronavirus mediante pruebas de laboratorio”. Sin embargo, este mismo ministerio desautorizó a clínicas y hospitales privados para hacer pruebas, nunca ha publicado resultados de pruebas aplicadas, y recientemente un grupo de especialistas denunció ante un organismo de Derechos Humanos que les obligaba a “cambiar el diagnóstico de COVID-19 por otras causas”.

“Hay una definición de casos que tiene el Minsa, pero se aplica de forma muy arbitraria, discrecional”, dice el doctor Quant. “No a todas las personas ingresadas en la sala de COVID se les hacen las pruebas. Las pruebas se las reservan para los pacientes más graves. Aunque haya sospecha de COVID si el cuadro no es grave lo manda a su casa con el tratamiento, pero sin hacerle la prueba”.

“Es algo contradictorio”, señala Quant porque las autoridades de Salud restringen las posibilidades de hacer pruebas en los hospitales públicos y al mismo tiempo no les permiten a los médicos diagnosticar con criterios clínicos. “Aunque haya indicios clínicos y radiológicos que sugieran que es un COVID no pueden hacer el diagnóstico. Si ellos no tienen una prueba positiva tienen que elevarla como neumonía, neumonía atípica, neumonía viral o neumonía grave. Ningún paciente puede salir con un diagnóstico preciso, a menos que ellos tengan una prueba positiva registrada por el Ministerio de Salud, y sabemos que esos casos son muy pocos”.

En junio pasado, un grupo de especialistas denunció en las oficinas de la Comisión Permanente de derechos Humanos (CPDH) que el Ministerio de Salud les obligaba a “poner otras enfermedades” en los diagnósticos o certificados de defunción, cuando la causa era COVID. “Es una orden ministerial”, señaló la doctora la doctora María Escoto López, especialista en anestesiología, quien aseguró que los médicos tienen la orden directa de no poner COVID en ningún diagnóstico, aunque tengan las pruebas positivas de los pacientes. “Se le pone neumonía atípica, o en la actualidad se está indicando que se ponga la comorbilidad del paciente. Por ejemplo, si era diabético, que murió por causas asociadas a la diabetes”, dijo.

La estrategia es hacer difícil el acceso a la prueba COVID. “Ellos establecen que para realizar la prueba se necesitaba, uno, tener una neumonía llamada atípica, y dos, tener un vínculo con una persona COVID positivo o que viniera del extranjero”, explica el doctor Quant.

Según las estadísticas oficiales, Nicaragua tiene una de las más bajas incidencias de COVID-19 de Centroamérica, solo superado por Belice. Hasta este martes 11 de agosto, el Ministerio de Salud registraba 4,115 casos confirmados de COVID-19 y 128 muertes por esta causa.

Estas cifras distan mucho del conteo que lleva el Observatorio Ciudadano, una iniciativa de especialistas, anónimos para evitar represalias, que realiza un monitoreo paralelo de la epidemia, ante la desconfianza que provocan las estadísticas oficiales. “Al 12 de agosto se reporta un acumulado de 9.646 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano”, dice el último informe, que además registra 2,626 muertes, “de las cuales 139 (5%) se categorizan como muertes por neumonía y 2,487 (95%) como muertes sospechosas por COVID-19”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) espera desde hace un par de meses que el gobierno de Daniel Ortega autorice el ingreso de expertos que puedan evaluar “in situ” la situación del coronavirus en Nicaragua, en vista de la “falta de información oficial transparente” sobre la pandemia.

El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, señaló este martes en conferencia sobre el avance de la pandemia en la región, que no se puede hacer un análisis del comportamiento del virus en Nicaragua, como en el resto de países del área, porque el gobierno de Ortega no brinda un reporte completo de la situación. Ugarte también criticó que el gobierno de Nicaragua esté cobrando por las pruebas COVID a los viajeros que la necesitan.

El 17 de julio pasado, el Ministerio de Salud dispuso una oficina para la realización de pruebas COVID-19 a las personas que viajen fuera del país, por un costo de 150 dólares. Aun así, no cualquier ciudadano puede hacerse la prueba: deben presentar su cédula de identificación o pasaporte y el pasaje o itinerario del vuelo.

“Basados en los principios universal de la salud y la equidad para las personas que no tienen recursos, sobre todo en una pandemia como la del COVID-19, las pruebas no deberían tener costo para la población. Si nosotros ponemos un costo para las pruebas, claramente las personas que no tienen recursos no se la pueden tomar y limita la información para la toma de decisiones, es decir, estamos trabajando en la oscuridad”, dijo Ugarte.

Nicaragua ha recibido donaciones de al menos 30 mil pruebas COVID-19, según registros de los medios oficialistas, de parte de Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Rusia, Taiwán y Corea. Asimismo, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo tener información que el gobierno se aprestaba a comprar 100 mil pruebas más.

“Disponibilidad de pruebas hay, y sabemos que ellos (Minsa) han estado haciendo pruebas, lo que sucede es que no reportan cuántas son las pruebas realizadas y cuántas de esas son positivas”, dice el doctor Quant. “El propósito es minimizar el impacto de la epidemia, con estos reportes, con el ocultamiento de los resultados y la selectividad que utilizan para hacer las pruebas”.

“Nosotros sabemos, por ejemplo, que hasta el 50 por ciento de las pruebas que han hecho son positivas. ¡Ese es un alto índice de positividad! Lo que sucede es que solo se la hacen a los casos altamente sospechosos y por eso sale un índice de positividad alto”, añade.

Otra queja de pacientes y médicos es la categoría de “indeterminado” que ha establecido el Minsa para algunos casos COVID. “Con frecuencia ellos reportan estado indeterminado cuando el paciente da una carga viral positiva pero baja”, explica Quant. “Desde el punto de vista clínico, la prueba o es positiva o es negativa, y si hay dudas acerca del resultado, lo que se hace es repetir. Pero yo nunca vi que hicieran eso en algún caso”.

La doctora María de Jesús Largaespada, epidemióloga, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dice que lo que se ve en estadísticas COVID en Nicaragua es a penas “la punta de iceberg”. “Nueve mil casos reporta el Observatorio Ciudadano, eso es lo que estamos viendo”.

“El Estado de Nicaragua tiene la obligación de hacer la prueba a la totalidad de personas que tienen diagnóstico clínico de COVID- 19”, afirma. “Nunca vamos a saber la verdad sobre el impacto de la pandemia por capricho de los tomadores de decisiones de este país, porque no se hicieron las pruebas a las personas que se tenían que haber hecho”.

El doctor Quant, por su parte, no cree el gobierno esté a ciegas. “Yo sé que ellos manejan la información a nivel central, pero pocas personas tienen acceso a estos datos. Ellos tienen un mapa más claro de la situación epidemiológica del país, pero no han tomado ninguna medida de contención. No hacen nada. Lo cual hace más grave la situación porque una cosa es no tener herramientas para poder actuar y otra es tener la evidencia y no hacer nada”.

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