Desde que el Congreso peruano aprobó que los trabajadores retiren hasta el 25% de sus fondos de pensiones, unos 5.500 millones de dólares fueron extraídos del sistema de las AFP. Sin embargo, esa cifra podría multiplicarse con un nuevo proyecto de ley que plantea habilitar el cobro del total de los depósitos acumulados.
El texto ya recibió el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, ante la grave crisis económica que enfrenta el país, pero se espera un álgido debate ante los problemas financieros que ocasionaría.
La pandemia dejó sin ingresos al 40% de los peruanos, según un informe de la consultora Ipsos, debido en gran parte a la alta informalidad de la economía del país. Ante la crisis, de los 6 millones de trabajadores y jubilados habilitados, unos 3,7 millones de afiliados solicitaron un retiro y recibieron en promedio 1.470 dólares. No obstante, la cifra es menor que la que estimaba la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Para evitar impactos negativos, el gobierno acordó con el Banco Central de Reserva que comprara bonos en dólares en poder de las administradoras y les pagara con soles, que serían retirados por los afiliados. Esto permitiría reducir la “volatilidad del tipo de cambio” y que “tampoco sea tan afectado el fondo de pensiones”, dijo el presidente del Banco, Julio Velarde. En efecto, el precio del dólar se ha mantenido estable y los fondos han ido recuperando valor, tras caer a inicios de la pandemia.
El nuevo proyecto prevé una entrega escalonada, que alcanza el 100% para aquellos que no registren aportes por más de 12 meses consecutivos: es decir, los más afectados laboralmente. En un plazo de 10 días se cobraría hasta el 34% de los fondos; 90 días después del pago, otro 33%; mientras que el último tercio también se cobraría tres meses después del segundo pago.
En cambio, para aquellos que no hayan registrado aportes desde el inicio de la pandemia, se habilitaría un retiro de hasta 4.300 soles (unos USD 1.200), en un plazo de 10 días.
Ante el avance del nuevo proyecto, gerentes de las empresas del sector han advertido sobre las posibles consecuencias.
“No se fija una edad para aplicar al retiro de los fondos. Tal como está, cualquiera podría aplicar y lo único que tendremos en el futuro es a personas sin una pensión en su vejez”, declaró a El Comercio Diego Marrero, gerente de inversiones de la firma Hábitat. Por ello, sugiere focalizar correctamente el retiro de fondos para la población más urgida.
Por su parte, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, señaló al periódico que el proyecto de ley representa un problema para la comisión que trabaja en una reforma previsional, donde se busca implementar una pensión mínima garantizada. “La idea es pensar en mecanismos que permitan el ahorro. Este dictamen resta infinitas posibilidades a la comisión”, expresó.
En tanto, José Larrabure, gerente de inversiones de Prima AFP, sostuvo que el retiro escalonado de fondos no evitaría una venta apresurada de activos, lo cual sería lesivo para el país. En ese sentido, Juan Pablo Noziglia, gerente de inversiones de Profuturo AFP, advirtió que la situación obligaría a vender bonos soberanos, ante la falta de mecanismos alternativos para generar liquidez.
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