Operación de socorro para cientos de nicaragüenses atrapados en un limbo territorial porque el régimen de Ortega les impide regresar al país

El rayo de esperanza llegó desde Costa Rica. Clínicas móviles comenzaron a llegar este viernes a Peñas Blancas, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, para auxiliar a unos 350 nicaragüenses que quedaron atrapados en una especie de limbo territorial cuando el régimen de Daniel Ortega les exigió una prueba negativa de COVID-19 como requisito para regresar a su país.

“Estamos estupefactos ante la actitud del gobierno de Nicaragua”, dice Pablo Cuevas, funcionario del organismo Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). “Exige una prueba, pero no da ninguna alternativa para que los compatriotas nuestros que van a regresar puedan realizársela”.

En Costa Rica permanecen cerca de 400 mil nicaragüenses, que generalmente llegan en busca de trabajo. Con la pandemia del COVID-19, muchos perdieron sus trabajos y tratan de regresar a su país para sobrellevar la crisis con los suyos. Desde el 18 de julio pasado, centenares de nicaragüenses comenzaron a concentrarse en la frontera norte de Costa Rica, para regresar a Nicaragua, en lo que debía ser un trámite expedito. Una vez que cruzaran la frontera de Costa Rica, bastaba enseñar su cédula de identidad para ingresar a su país.

La sorpresa fue cuando las autoridades nicaragüenses les exigieron un nuevo requisito: una prueba negativa de COVID-19. No la tenían ni podían hacerla, porque ni el gobierno de Nicaragua dispuso laboratorios en la frontera para realizarlas, ni podían retornar a Costa Rica para hacérselas. Quedaron en el limbo.

Uno de los que llegó en esa oleada de migrantes es Wilfredo Cabrera, un chef de origen nicaragüense que tiene más de 15 años de residir y trabajar en Costa Rica. Lo que vivió, dice, es de lo mas horrible que le ha tocado vivir. Casi 600 personas apretujadas es una pequeña lengua de tierra, con un solo y pestilente sanitario, durmiendo a la intemperie, sin agua y sin comida.

“Eso no es vida. En una semana comí dos veces”, dice. “Compré en 180 córdobas (poco más de cinco dólares) una comida que era plátano cocido, arroz quemado, frijoles que no sabían a nada, un pedazo de queso y otro de carne como frita. ¿Se imagina? ¡Yo que soy chef! El agua la compramos a 120 córdobas el galón (3.5 dólares). Se dormía a la intemperie. Las champas que se ven ahora fueron construidas con plásticos que regalaron los camioneros que pasan por la frontera. Para bañarnos llenaban unos cuatro barriles de agua, pero había 200 haciendo fila y a los primeros 50 ya no quedaba agua. Yo nunca me bañé”.

Cabrera fue uno de los que se puso a organizar el caos. Gestionar y repartir donaciones “para que a todos les tocara al menos una fruta”, representar al grupo ante las autoridades de ambos países y llevar registro de los migrantes. En el momento de mayor presión, llegaron a contarse 596 nicaragüenses, entre los cuales 10 eran ancianos y cuatro mujeres embarazadas.

“Si usted ve que ahora el numero ha bajado”, dice, “es porque muchos, generalmente hombres jóvenes, se han decidido a ir a Nicaragua por puntos ciegos. La semana pasada yo vi como un grupo de 15 se fue para Nicaragua. Regresaron seis. Los atrapó el Ejército de Nicaragua. Venían todos golpeados”.

Además del rigor de la intemperie, los migrantes varados sufren el acoso de la policía nicaragüense y personas de civil que el gobierno ha dispuesto en la frontera para contenerlos. Los amenazan y les gritan tranqueros, en alusión a los tranques (barricadas) que la población levantó en 2018 durante las masivas protestas contra el gobierno de Ortega. Cabrera dice que, al colocarse a la cabeza de los nicaragüenses varados en la frontera, se hizo visible, y comenzó a ser filmado y amenazado de muerte, por lo que supo ya no podía regresar a Nicaragua, donde lo esperaba una buena oferta de trabajo en su especialidad.

El gobierno de Costa Rica le permitió, por razones humanitarias, retornar a ese país en calidad de refugiado. Desde hace una semana salió de Peñas Blancas, pero monitorea minuto a minuto la situación de sus compatriotas.

Para el funcionario de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, es una contradicción que el gobierno de Ortega se ponga tan puntilloso exigiendo pruebas negativas de COVID para el ingreso de nicaragüenses, cuando todo este tiempo ha promovido aglomeraciones y evitado tomar medidas de contención al contagio.

El gobierno de Nicaragua estableció recientemente que las pruebas COVID que se exigen para viajar deben ser realizadas exclusivamente en las oficinas centrales del Ministerio de salud (Minsa) a un precio de 150 dólares cada una.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, dice Cuevas, ha calificado como “crisis humanitaria” lo que sucede en Peñas Blancas, y puede llegar a catástrofe si no se hace nada por los nicaragüenses varados ahí. “No se vislumbra solución. No hay actitud del gobierno de resolver esta situación. Se están violentando derechos elementales, a la salud, a la alimentación, a tener un domicilio, y por ende a la vida. La tendencia es a empeorar. En cualquier momento un ciudadano puede perder la vida por las condiciones en que están”.

Las esperanzas de los centenares de nicaragüenses atrapados en la frontera, son las pruebas COVID que este viernes comenzaron a realizar gratuitamente médicos costarricenses en una operación de socorro que organizaron fundaciones, organizaciones de asistencia humanitaria y el gobierno de Costa Rica.

Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias, una de las organizaciones que dirige la operación de socorro, señaló que el gobierno de Nicaragua adoptó una posición intransigente frente al problema porque sabía que otros iban a resolverlo. “Ortega abusa del compromiso que Costa Rica tiene con los derechos humanos, es un régimen represivo que nos afecta a todos”, dijo en declaraciones publicadas por el portal costarricense TN23.

Las pruebas las realiza un laboratorio móvil instalado por la Clínica Bíblica San José, el mayor hospital privado de Costa Rica, agregó la televisora. Barrantes dijo que las pruebas en clínicas privadas costarricenses cuestan unos 200 dólares, pero la Fundación Arias las consiguió a 60 dólares cada una, y se realizarán de forma gradual “a fin de que los nicaragüenses puedan ir cruzando la frontera en grupos y de forma ordenada”. Los resultados estarán listos en 24 horas.

“Otros gobiernos como el de Costa Rica y organizaciones, están jugando el papel que deberían estar haciendo nuestras autoridades”, lamenta Cuevas. “Ellos se viven ufanando que en Nicaragua a salud es gratuita, pero no les proporcionan las pruebas gratuitas a nuestros ciudadanos, ni siquiera a precio de costo, sino que cobran 150 dólares para hacer negocio con ellas”.

El chef Cabrera tiene desconfianza. Por un lado, teme que el requisito de pruebas COVID-19 negativas que exige el gobierno de Ortega, sea solo una excusa para impedir el regreso de esos nicaragüenses a su país y ahora se vayan a inventar otro pretexto. Y por otra parte se pregunta, ¿qué pasará con los nicaragüenses que den positivo en las pruebas? ¿Los van a regresar a Costa Rica? ¿Los alojarán en un albergue? “De Ortega no podemos esperar nada, pues si por él fuera que nos muramos en la frontera”, dice.

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