Políticos y activistas de América Latina consideraron “fundamental que Cuba no se siente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”

Ante la intención de la dictadura cubana de ocupar por tercera vez un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de políticos y activistas de América Latina consideró “fundamental” que el régimen castrista no vuelva a ser miembro de ese organismo de Naciones Unidas, luego de seis décadas de represión y violaciones a los derechos humanos en la isla.

El tema fue abordado durante una conferencia virtual organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), de la que participó Infobae. Los oradores fueron: Brian Schapira (Director de Relaciones Institucionales de CADAL, Argentina); Demetrio Magnoli (sociólogo y escritor brasileño); Manuel Cuesta Morúa (historiador y activista cubano); José Antonio Viera-Gallo (ex embajador de Chile en Argentina); Alejandro Anaya (investigador y académico mexicano); Marisol Pérez Tello (secretaria general del Partido Popular Cristiano de Perú); Pablo Iturralde (miembro del Partido Nacional de Uruguay); y Rafael Uzcátegui (coordinador general de la organización de derechos humanos venezolana Provea).

Cuesta Morúa sostuvo que el régimen castrista ha venido “politizando” la cuestión de los derechos humanos desde hace décadas. “El gobierno sigue vendiendo bien la imagen de que es un defensor de los derechos humanos a nivel mundial. Se ampara en que ha firmado unos cuantos tratados, y por otro lado vendiendo su agenda en materia de salud y educación. Esto deja atrás aspectos que son claves, como las libertades fundamentales de los ciudadanos; libertades de asociación, de opinión, de de elegir a los representantes, a las máximas autoridades del país…”.

El activista consideró “fundamental” que las autoridades de la dictadura no vuelvan a sentarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que la experiencia cubana “es un eje clave para recuperar el respeto a los derechos humanos”: “Nuestra agenda ha sido la de tratar que América Latina asuma un papel clave de entender que la mejora de los derechos humanos en Cuba significa la mejora de los derechos humanos en la región, y me atrevería a decir que en escala mundial”.

Schapira, en tanto, recordó que Cuba “no ha ratificado los pactos más importantes” y que en los últimos diez años sólo permitió el ingreso al país de “dos expertos” para analizar la situación de los derechos humanos. Pese a esto, “siempre vuelve a presentarse al Consejo”: “Cuando el Consejo trata resoluciones, Cuba está del lado de las dictaduras (...) Tiene un récord de votación para no condenar o no tomar algún tipo de medidas sobre países como Sudán, Siria, Corea del Norte, Georgia, Nicaragua, Venezuela y Yemen, entre otros”.

Desde Uruguay, Iturralde apuntó que “la presencia de los gobiernos de Cuba y Venezuela significa una afrenta a los derechos humanos”, y opinó: “Si en Cuba hubiera libertad, no habría otras dictaduras como Nicaragua y Venezuela, que sostienen a la isla”.

Pérez Tello fue enfática en su rechazo a que Cuba vuelva a ser miembro del Consejo de la ONU: “Los derechos humanos nacieron para defender a las víctimas, para generar un equilibrio, para enfrentar a un estado más poderoso, que solo puede ser enfrentado por la comunidad internacional (...) Cuba no tiene las condiciones ni las características que lo habilitan para participar del Consejo: conducta que representa un anti todo de lo que las democracias defienden, todo lo que caracteriza a una democracia”.

En esa línea, subrayó que “con 12 años en el Consejo se ha garantizado recomendar a los países que quiere, y tapar investigaciones que se debían hacer”. “Poner a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos deslegitima al Consejo”.

En su intervención Uzcátegui aseguró que “Maduro está aprendiendo a utilizar los mecanismos de Naciones Unidas para utilizarlos a su favor”, y explicó las “estrategias” que emplea el régimen chavista en los distintos organismos internacionales: “Una de ellas es mentir abiertamente en lo que se aprueba. En julio de 2019, se aprobó una resolución que hablaba de la protección de los derechos humanos. El gobierno venezolano hizo una intensa campaña interna diciendo que esa resolución apoyaba las políticas de Venezuela y criticaba las sanciones de Estados Unidos”. El coordinador de Provea también incluyó entre las estrategias chavistas la “obstaculización de iniciativas” y la “neutralización del trabajo de los mecanismos de protección”.

Al respecto, recordó que Maduro “está cooperando con el alto comisionado de Naciones Unidas”, que cuenta con una delegación en Venezuela tras la visita realizada por Michelle Bachelet hace casi un año. Si bien se aprobó una hoja de trabajo, la dictadura no ha cumplido con ninguna de las 32 recomendaciones que ha hecho la ex presidente chilena en los informes publicados desde entonces sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.

Ante este contexto que vive América Latina, y frente a la posibilidad de que Cuba renueve su banca en el Consejo de Derechos Humanos, los participantes de la conferencia coincidieron en que existen graves fallas en el sistema internacional. No obstante, todos remarcaron la importancia de que la comunidad internacional permanezca en los distintos organismos para impulsar los cambios “desde adentro”.

“Lo que viene es intentar en los próximos meses poner esto en la agenda. Necesitamos que exista una exigencia a lo que el Consejo representa. La alternativa no es salir del Consejo, como ha hecho Estados Unidos, lo importante es corregir las cosas desde adentro. El gran objetivo de Naciones Unidas es garantizar la paz”, dijo Pérez Tello.

Schapira hizo énfasis en una mayor “presión” para que los gobiernos tengan un verdadero “compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos”, y resaltó la participación de la sociedad civil para luchar contra los atropellos y las violaciones de sus derechos.

“Se debe buscar alguna fórmula de participación más activa de la sociedad civil. Hay que buscar nuevos caminos (...) El sistema de derechos humanos, por más fallos que tenga, es un faro. Si ahora viene un periodo de revisión y reforma, plantear una serie de cosas que sean posibles. Es importante poner cierto filtro en la elección de las personas y países”, planteó Viera-Gallo.

¿Qué países de la región podrían presentarse para el Consejo de DDHH?

El próximo mes de septiembre, la Asamblea General de la ONU votará la renovación de un tercio de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. América Latina y el Caribe cuenta con ocho plazas, y este año renovará tres. El régimen cubano ya anunció su candidatura. De ser aceptado, cumpliría su quinto periodo.

Schapira consideró que la de Bolivia “no es de las mejores candidaturas”, al tratarse de “un gobierno interino”. Pero mencionó como “interesante”, la posibilidad de que Chile se sume al Consejo: “Como candidatos interesantes, más allá de la situación compleja que ha tenido el año pasado, Chile tuvo una respuesta interesante a las protestas del año pasado, a abrir la puerta y llamar a Human Rights Watch. Esto posiciona a Chile como un candidato más legitimizante que otros”.

“No se va a presentar a la reelección, va a priorizar su candidatura a otros organismos. En materia de derechos humanos no está centrado como una prioridad fundamental”, agregó el embajador chileno Viera-Gallo.

Respecto a la situación de Brasil, Magnoli comentó que “es imposible saber qué hará Brasil sobre la renovación del Consejo”, al opinar que “la política externa brasileña es de alineamiento absoluto con Donald Trump, no necesariamente con Estados Unidos”.

“El gobierno de Brasil decidirá qué hacer sobre la renovación del Consejo, después de recibir señales de la Casa Blanca (...) Con una derrota de Trump en las elecciones, la política externa brasileña perderá cualquier base de sustentación. Tengo certeza que el Gobierno va a votar en contra de la inclusión de Cuba en el Consejo, y sospecho que va a votar a favor de la candidatura de Bolivia”.

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