La interminable travesía de una campeona de judo repudiada por el régimen de Daniel Ortega para acompañar a su padre enfermo de coronavirus

La campeona judoca nicaragüenses, Sayra Laguna, 32 años, inició hace tres semanas un viaje por tierra desde California, Estados Unidos, hacia Nicaragua para acompañar a su padre que enfermó de COVID-19. El cruce por cuatro países con fronteras cerradas más los obstáculos que ha puesto el gobierno de Nicaragua para el ingreso a su patria han dado ribetes épicos a su travesía.

Laguna fue dos veces campeona centroamericana de judo y cinco veces campeona panamericana de sambo, una modalidad de artes marciales de origen ruso. En el 2017 fue escogida como la mejor atleta amateur del año en Nicaragua por el Comité Olímpico de Nicaragua (CON) y la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN).

La atleta se encontraba este jueves varada en la frontera sur de Guatemala, junto a otros 43 nicaragüenses, la mayoría migrantes que han perdido sus trabajos a consecuencia de la pandemia y se han unido en el camino buscando como regresar a Nicaragua.

La historia de esta odisea comienza en Acapulco, México, en julio de 2018, cuando Sayra Laguna subió al pódium a recibir su medalla de oro como campeona panamericana de sambo, con un cartel que decía: “De lo más profundo de mi corazón dedico esta medalla a mi Jesús y a todas las personas que han muerto en mi país”. En esos días, el régimen de Daniel Ortega ejecutaba una sangrienta ola represiva para desmontar la rebelión ciudadana que inició en abril, y que finalmente se saldó ese año con la muerte de mas de 300 personas, más de mil presos políticos y el exilio de más de cien mil nicaragüenses.

El gesto de Laguna se tomó como “traición” en las filas oficialistas debido a que ella trabajaba en el estatal Instituto Nicaragüense del Deporte (IND). El acoso laboral que sobrevino luego la obligó a renunciar a su trabajo y el puntillazo final ocurrió en diciembre de 2019 cuando el Comité Olímpico Nicaragüense condecoró al comisionado de la policía Ramon Avellán, quien dirigió la sangrienta operación limpieza en Masaya y Diriamba, mediante la cual policías y fuerzas paramilitares dispararon a matar contra ciudadanos desarmados o armados con morteros artesanales.

“Son una mierda, premian hasta a los asesinos”, comentó Laguna en redes sociales. El aparato oficial le decretó la “muerte deportiva” de hecho. Se le prohibió el ingreso a las instalaciones deportivas, de tal forma que ya no pudo seguir entrenando, y los clubes, incluso los que no eran estatales, la sacaron de sus listas de competidores.

“Ellos premiaron al comisionado Ramón Avellán. Yo hice un comentario en Facebook, duro, es cierto. Ellos dicen que fue vulgar, pero él se merece más que eso. Y eso fue lo que explotó por parte del IND y el Comité Olímpico para bloquearme el acceso a todas las instalaciones deportivas”, relata Laguna vía telefónica desde Corinto, en la frontera sur de Guatemala desde donde espera que Honduras autorice el paso de su grupo para alcanzar la frontera con Nicaragua.

Sin trabajo y sin poder entrenar y competir, Laguna decide en enero de este año tomar un curso de Crossfit en California, Estados Unidos, con miras a crecer como atleta y, tal vez, dice, para ganarse la vida como entrenadora personal. Sin embargo, ese mismo mes se desató la pandemia del COVID-19 y poco después recibió noticias que su padre, Ronny Laguna, se había contagiado.

“Mi abuela y mi bisabuela se pusieron mal y mi papá salió con COVID. Decidí hacer toda esta travesía. Temía no poder despedirme de ellos. Es mi familia, las personas más importantes para mí. Me han dicho que mi papá está mejorando sí”, dice.

Como el transporte de pasajeros está cerrado, cruzó en un furgón de Estados Unidos a México y en otro furgón a Guatemala. Ahí se encontró con otros nicaragüenses que buscaban regresar también a Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega, aunque oficialmente mantiene las fronteras abiertas, ha restringido el ingreso de nicaragüenses que buscan refugio en su país ante el azote del COVID.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dice que ese organismo monitorea a un grupo de 1008 nicaragüenses que hace una semana salió de Panamá rumbo a Nicaragua. Sin embargo, y a pesar que el retorno de los nicaragüenses fue un acuerdo entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua, solo 189 han podido ingresar a Nicaragua y el resto, 819, se mantienen en dos refugios en la ciudad panameña fronteriza de Chiriquí.

“El gobierno de Nicaragua es el que está poniendo trabas para el ingreso. Alega un ingreso ordenado. En el acuerdo trinacional se habla de permitir el ingreso de 100 nicaragüenses cada ocho horas desde el jueves 2 de julio. Pero el viernes, al día siguiente, ya rompieron los acuerdos”, explica Cuevas.

En Guatemala, Sayra Laguna gestionó ante la embajadora de Nicaragua en ese país, Lilliam Méndez Torres, la organización de un vuelo humanitario como han hecho otros países para facilitar el retorno de sus connacionales. La respuesta fue negativa.

“La señora embajadora en dos ocasiones de manera bien altanera y vulgar nos dijo que ella no iba a hacer ningún viaje humanitario”, dice Laguna.

Durante el trayecto, además de viajar en furgones de carga para cruzar las fronteras, Sayra Laguna ha sobrevivido gracias a la caridad y al apoyo de amigos. En la frontera guatemalteca, por ejemplo, el grupo de nicaragüenses recibía ciertas comidas de un sacerdote jesuita que maneja un refugio para migrantes y algunos refrigerios de la Cruz Roja.

“Con Guatemala no tenemos problemas para la salida, pero Honduras nos pedía una carta de la embajada nicaragüense que nos respaldara para registrar nuestro ingreso como tránsito humanitario pero esa carta no nos las dio la embajada”, señala. “Ahora nos dicen que si nos no nos hacemos la prueba del COVID no nos van a ayudar. Nosotros no tenemos ningún problema con hacernos la prueba, lo que no tenemos es el dinero para hacerlas por nuestra cuenta. En Guatemala, la prueba más barata vale 250 dólares”.

El abogado Pablo Cuevas considera que el gobierno de Nicaragua está cometiendo delitos al negarles el socorro a los nicaragüenses en el extranjero y al impedirles la entrada al territorio nacional, puesto que ambos son derechos protegidos por la Constitución Política. “El artículo 432 del Código Penal dice que la autoridad o funcionarios que vulneren derechos constitucionales o demás derechos consignados en nuestra legislación comete le delito de abuso de autoridad y funciones”, expone Cuevas.

Dice que el organismo de derechos humanos para el cual trabaja, recibió la denuncia de 15 nicaragüenses que trabajan en un crucero mexicano que el gobierno de Nicaragua no les permitió entrar a su país. “La empresa asumió los costos y vino a dejar a todos los trabajadores país por país, pero a diferencia de otros países centroamericanos, la Cancillería de Nicaragua no respondió”, dice.

Sobre la situación del grupo de nicaragüenses en el que se encuentra la campeona judoca, Cuevas dice que ha quedado en un limbo. Ni pueden regresar al país del que salieron ni pueden ingresar a su propia patria.

“Nuestras autoridades han manejado esta situación como manejan todo, de manera indolente, irresponsable, delictiva, porque al final no les interesamos los gobernados. Actúan con desprecio al ciudadano”, lamenta.

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