El 21 de marzo a las 22 horas quedó cerrada la frontera entre México y Estados Unidos. El coronavirus logró lo que no habían conseguido los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cientos de miles de personas que cruzan diariamente -muchos viven de un lado y trabajan del otro- quedaron varados. Los puentes por donde pasan en forma legal, que un día normal tienen más aglomeración que la salida de un Lolapalooza, ahora están casi desiertos. El tráfico de autos y camiones disminuyó en un 70%. Todo esto creó un enorme problema a las “maquiladoras”, las fábricas que operan en la frontera sin pagar impuestos. Son unas 6.000 y emplean a más de 1,3 millones de personas. La mayoría de lo que se produce allí no son materiales esenciales. Pero su cierre implica un duro golpe a una buena parte de la industria estadounidense y los operarios son presionados para que sigan trabajando a pesar del peligro de contagio del Covid-19.
Unas pocas horas después del cierre, los teléfonos de la Casa Blanca, en Washington, se vieron inundados de llamadas de poderosos industriales pidiendo hablar con los funcionarios para lograr la reapertura de las fronteras y de sus fábricas. El detalle es que las maquiladoras están en territorio mexicano y la decisión no la puede tomar el presidente Donald Trump. Pero puede hacer lo mismo que sus industriales: presionar. Y lo hizo. El cierre por la pandemia se flexibilizó de hecho y muchas de las fábricas nunca dejaron de funcionar por completo. Los gobernadores del lado estadounidense de la frontera de 3.170 kilómetros también pusieron el grito en el cielo. El tráfico entre ambos países es esencial para sus economías. Y la prensa mexicana habla de presiones más directas y concretas desde Washington. El embajador estadounidense en el Distrito Federal, Christopher Landau, envió un tweet la última semana diciendo que era “posible y esencial” mantener la cadena de suministros y el flujo económico así como cuidar la salud de los trabajadores.
No es lo que piensan los sindicatos. De hecho, desde que comenzó la pandemia se registraron varias protestas y medidas de fuerza por la falta de seguridad para evitar los contagios. La empresa textil Lear Corp de Ciudad Juárez tuvo que cerrar el 27 de marzo después de que 18 de sus trabajadores se contagiaran de Covid-19. En Tijuana hubo 24 casos. En Mexicali 17. Y se creen que son muchos más, pero como en buena parte del mundo, no se hacen las pruebas de laboratorio suficientes para saber la cifra exacta. A pesar de esto, la gran mayoría de las fábricas continúan con su producción. Algunas ofrecieron bonos extras y días compensatorios a sus empleados para que se arriesguen a ir a trabajar. Hay mucho dinero en riesgo. “Hay maquiladoras que dicen que es más barato pagar una multa por incumplimiento que perder contratos de millones de dólares”, dice Mago Avalos, director de la organización de derechos laborales OllinCalli. “Para ellos, es mejor negocio tener a la gente trabajando, incluso si muchos se enferman, que seguir pagando los salarios y tener la producción parada. Entonces se arriesgan. Y la verdad es que no les pasa nada.”
Algunas “maquilas” nunca cerraron argumentando que producen elementos esenciales para combatir el coronavirus. Ese fue el caso de Collins Aerospace, una subsidiaria de Raytheon que provee equipos de alta tecnología al Pentágono. Entre otras cosas, fabrican GPS para aviones militares. Y lograron que la secretaría de Comercio estadounidense les extendiera un certificado de excepción porque algunos de esos equipos son utilizados en aviones sanitarios. Una empresa textil argumentó que sus telas eran utilizadas para elaborar barbijos. Y una fábrica de rulemanes de origen surcoreano aseguró que sus productos eran esenciales para las ambulancias.
Todo esto, mientras las organizaciones laborales denunciaban la falta de higiene y cuidado dentro de las maquiladoras. Nancy Cortés, una activista social de McAllen, en Texas, que trabajó en dos de estas fábricas, asegura que allí no se cumplen las medidas mínimas de salud. “Las mujeres tienen siempre que hacer cola en los baños. Son pequeños, sucios y ni siquiera hay jabón para lavarse las manos. En esas condiciones uno no se puede cuidar”, dice.
En Ciudad Juárez, frente a El Paso, se registra uno de los números más altos de contagiados de toda la frontera. Y particularmente entre los empleados de las fábricas trasnacionales que carecen de todo control estatal. Los inspectores del trabajo mexicanos hace ya tiempo que cerraron sus oficinas y nadie verifica lo que sucede ni en las maquiladoras ni en ninguna de las otras actividades comerciales que están permitidas en la ciudad. “En la maquila hay muchos puestos que no se pueden cubrir. Están dados de baja. Los gringos ni vienen. Otros sabemos que están en el hospital. Y varios ya bajo tierra”, explica otro activista de esta ciudad fronteriza que prefiere no dar su nombre. Del otro lado, en El Paso, se quejan porque los centros de salud están repletos de contagiados del Covid-19 que cruzaron en algún momento desde Juárez. Los que viven en las ciudades fronterizas tienen permisos permanentes para desplazarse hasta diez kilómetros en territorio estadounidense. Y cada día cruzan a trabajar o estudiar, sólo en este cruce, 60.000 “fronterizos”. Muchos de ellos prefirieron atenderse en los hospitales estadounidenses. Allí también fueron trasladados varios trabajadores de las maquilas con los gastos pagos por parte de sus empleadores. “Muchos fueron a trabajar a pesar de que ya tenían los síntomas del coronavirus y se pusieron muy mal mientras estaban en la fábrica. En ese caso, los supervisores no tienen más remedio que hacerse cargo”, comenta el activista sindical.
El pánico aumentó la semana pasada cuando se supo que el propio alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, había dado positivo de Covid-19. Y no es el único alto funcionario público en estar infectado. También lo están Omar Fayad, el gobernador del estado de Hidalgo; Adán Augusto López, gobernador de Tabasco; y Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro. Esto encendió todas alarmas del lado estadounidense. Las autoridades sanitarias pidieron cerrar la frontera y las maquiladoras. Solo lograron que se levantaran unos sanitizadores por el que deben pasar todos los que crucen los puentes. Son unos túneles de plástico con rociadores de desinfectantes que comienzan a tener réplicas en todo el mundo. A esa “limpieza” se tienen que someter los mexicanos con permiso para trabajar del otro lado como Martha, de 55 años, que vive en Nogales y cruza a diario para limpiar casas en Arizona; o Graciela, quien frecuentemente visita a su hermana que vive del lado estadounidense; y a Eduardo Torres, un ciudadano estadounidense que vive en Ciudad Juárez con sus papás mexicanos, quienes por ahora no pueden cruzar con él como lo hacían casi a diario. Y lo mismo sucede con todos los que van a trabajar a las maquiladoras más allá de que no tengan que cruzar ninguna frontera.
En los últimos días, y ante las críticas, las maquiladoras comenzaron a ofrecer mayores medidas de seguridad para sus empleados. Dos de ellas, Autolite y Terminados Rogers, anunciaron que están modificando sus líneas de producción para que los trabajadores siempre se mantengan a dos metros de distancia. Mientras muchos esperan que la flexibilización que pregona Trump también se cumpla en la frontera. Los gobernadores de los estados republicanos vecinos a México están dispuestos a hacerlo. Y el gobierno de López Obrador también. El detalle es que el virus no necesita de ningún puente ni controles fronterizos para esparcir su enfermedad. La apertura de la frontera y la plena producción de las maquiladoras, simplemente le van a facilitar las cosas.
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