El régimen de Daniel Ortega publicó un comunicado en la tarde de este miércoles para informar que, “en ocasión del mes de las madres nicaragüenses”, liberaría a 2.815 reos de todos los penales del país. El documento indicó que el objetivo era promover la convivencia familiar durante el período festivo. Sin embargo, entre ellos no se cuenta ninguno de los 93 presos políticos del régimen.
“El Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio de Gobernación, del Gobierno de reconciliación y unidad nacional, cumpliendo con nuestro compromiso responsable, cristiano y solidario, entregó a sus familias y regresaron a sus hogares 2,815 Personas (2,727 Varones y 88 Mujeres), que fueron excarcelad@s con el beneficio legal de convivencia familiar, incluyendo personas de la tercera edad con padecimientos crónicos. Como observador en los actos de reencuentro familiar y a solicitud del Gobierno, estuvo la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja”, señala el comunicado.
El diario local La Prensa citó a una fuente del Ministerio de Gobierno y señaló que esta mañana más de 500 reos comunes del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, del municipio Tipitapa, fueron sacados de sus celdas y dirigidos al patio del penal para que los revisen y determinar si podían ser excarcelados.
El comunicado de la medida no señala si esta excarcelación está vinculada al brote de enfermedades respiratorias que tienen muchos reos desde hace unos 15 días y que vienen denunciando familiares y activistas de derechos humanos ante el peligro de contagio del COVID-19.
La Prensa corroboró que en la lista de más 2.815 reos beneficiados no había ningún preso político. La última liberación de presos comunes fue en abril pasado y no se excarceló a ningún detenido por razones políticas a pesar de la insistencia de sus abogados sobre el peligro de contagio del coronavirus en las hacinadas cárceles.
Un preso político con síntomas de COVID-19, que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado el martes intubado en un hospital de Managua, tras varios días de sufrir problemas respiratorios, informaron sus familiares.
Uriel Pérez, quien forma parte de la lista de 93 presos políticos del régimen de Ortega, debía haber sido presentado por las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional esta mañana en el Complejo Judicial de Managua, para enfrentar un juicio, pero se ausentó porque se encontraba en estado crítico en el Hospital Alemán Nicaragüense, destinado para los afectados por la pandemia, informaron sus familiares.
“Estamos acá en el Hospital Alemán, nos acaban de informar que Uriel Pérez aquí se encuentra, se encuentra intubado, no querían dar información, pero aquí estamos, con esta triste noticia, compartiéndola”, indicaron los familiares en un mensaje divulgado en redes sociales.
Pérez había sido visto por última vez el sábado pasado, mientras era sacado inconsciente de la clínica de la cárcel “La Modelo”, la más grande del país, tras desmayarse a causa de síntomas similares a los del COVID-19, según la Asociación de Víctimas de Abril (AVA).
Aunque las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional sabían que Pérez estaba en estado crítico, nunca brindaron información sobre el preso político a sus familiares, quienes salieron del Complejo Judicial a buscarlo en varios centros hospitalarios, hasta dar con su paradero.
“Una vez más el Estado criminal de Ortega es el responsable del ensañamiento contra nuestros jóvenes, es lamentable el gran dolor que están sufriendo nuestras madres”, agregó uno de los familiares, mientras la madre del reo, Silvana Pérez, lloraba de forma incontenible.
ALARMA POR PRESOS POLÍTICOS
La noticia de la desaparición de Pérez y su posterior aparición creó alarma entre los familiares de al menos 93 presos políticos encerrados tras ser identificados como opositores de Ortega.
Una de las afectadas fue Maritza Arce, madre de Michael Arce, uno de los 23 presos políticos reportado con padecimientos similares a los de CODIV-19. “Por favor papa Francisco ayúdenos, que liberen a nuestros hijos. A la Cruz Roja Internacional, a todos los señores de los derechos humanos, por favor ayúdenlos, que nuestros hijos salgan pronto, porque se van a morir allá adentro, liberen a nuestros hijos, por favor, que son inocentes”, dijo Arce, entre llantos.
Los familiares de los presos políticos sostienen que la vida de estos no debería estar corriendo peligro en una prisión hacinada e insalubre, porque la disidencia no está penada por las leyes de Nicaragua.
El régimen de Nicaragua reconoce 25 casos confirmados de COVID-19, con 8 muertos, no obstante, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabilizó hasta el lunes al menos 1.033 casos de contagio de la enfermedad, con 188 muertos con síntomas similares.
Ortega no ha puesto restricciones para evitar la propagación de la pandemia en Nicaragua, y apenas sí ha aceptado algunas medidas de prevención, mientras que promueve actividades de aglomeración, a las que únicamente asisten los sandinistas.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han abogado por la situación de los convictos en Nicaragua, sin que hasta ahora sean escuchadas por Ortega.
La reacción de la CIDH
La Comisión Interamericana de DDHH “saludó la excarcelación de 2.815 personas en el Sistema Penitenciario nicaragüense entre las cuales, según información oficial, se encuentran adultos mayores con padecimientos crónicos que los ponían en riesgo ante la pandemia de COVID-19″.
Al mismo tiempo, manifestó en Twitter que “toma en cuenta que no habría presos políticos entre los excarcelados. Según denuncias de sociedad civil, al menos 28 presos políticos presentan síntomas o condiciones especiales de riesgo que los hacen vulnerables”.
(Con información de EFE)
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