Polémica en Bolivia por un decreto que penaliza la información contraria a la cuarentena

Establece medidas penales contra quienes “inciten al incumplimiento” o difundan información de “cualquier índole” que tenga como fin último la desobediencia a la norma de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez

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Voluntarios ayudan a la gente (REUTERS/Ivan Alvarado)
Voluntarios ayudan a la gente (REUTERS/Ivan Alvarado)

Un decreto del Gobierno interino de Bolivia penaliza la información de “cualquier índole” que contradiga la cuarentena instaurada por el COVID-19, medida que ha causado críticas desde colectivos de periodistas y medios de comunicación.

Es un exceso y un grave riesgo para la libertad de expresión”, dijo a EFE este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic.

LA POLÉMICA ALREDEDOR DEL TEXTO

La norma, publicada este pasado domingo 10 de mayo, en el Día del Periodista boliviano, es una modificación a un artículo del decreto que instauró la cuarentena en marzo pasado.

El ajuste establece medidas penales contra quienes “inciten al incumplimiento” o difundan información de “cualquier índole” contraria a la norma emitida por la presidenta interina Jeanine Áñez.

El criterio, indica la norma, se aplica a información “escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población”.

Áñez publicó el mismo día un tuit felicitando a los periodistas, asegurando que “sus derechos están garantizados” y que su labor es “fundamental” para la democracia y la libertad de expresión.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, habla durante una ceremonia en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia. 13 de marzo, 2020. REUTERS/David Mercado
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, habla durante una ceremonia en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia. 13 de marzo, 2020. REUTERS/David Mercado

PREOCUPACIÓN DE LOS PERIODISTAS Y LA OPOSICIÓN

En contraste con las explicaciones del gobierno, Glasinovic señaló que el decreto es “absolutamente subjetivo” y cuestionó “quién va calificar lo que es bueno y lo que es malo” cuando se publique algo que el Gobierno interino considere contrario a la cuarentena.

El dirigente recordó que en Bolivia “existen normas que rigen el trabajo” de los medios, tales como la Carta Magna y la Ley de Imprenta, y recordó que “un decreto no está sobre la Constitución”.

Desde el ámbito político surgieron también críticas como las del ex presidente boliviano Carlos Mesa. El también candidato a las próximas elecciones presidenciales aseguró que la disposición es una “una decisión que es autoritaria y que vulnera derechos constitucionales fundamentales”, e indicó que no se aplica ni en momentos en que se dicta Estado de Excepción.

El gobierno se expresó mediante una rueda de prensa en la cual el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, señaló que “los periodistas tienen que estar tranquilos”, ya que están “sometidos” a la Ley de Imprenta y el decreto busca “cuidar la vida de los bolivianos”.

Núñez recalcó que está dirigido a los ciudadanos que a juicio del Ejecutivo transitorio están tratando de “confundir” en redes sociales, quieren “enfrentar y dividir a los bolivianos” y que son ellos los que “debieran estar preocupados”, no los periodistas.

Lo que es importante es conocer que se está desinformando, se está tratando de confundir por parte de personas que militan en partidos políticos en un momento donde lo único que nos interesa al Gobierno y a los bolivianos es cuidar la vida”, sostuvo.

UN ASUNTO YA OBSERVADO

A principios de abril el decreto de la cuarentena en Bolivia ya había sido cuestionado incluso fuera del país, por organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, al considerar que amenazaba la libertad de expresión.

Sin embargo, la Procuraduría del país estableció que la norma era “plenamente compatible” con las leyes del Estado Constitucional de Derecho.

Glasinovic recordó que también se manifestaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Reporteros sin Fronteras, cuestionando una anterior redacción del decreto que seguía una línea similar.

Todas esas instancias “advierten que no se deben utilizar los estados de emergencia o de alarma en los países para conculcar derechos fundamentales como es el derecho a la libertado de prensa o de expresión”, manifestó.

Uno de los que más ha cuestionado la gestión del Gobierno interino en la cuarentena ha sido el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que lo acusa de usar estas normas para criminalizar a rivales políticos.

También se ha atribuido al MAS un par de convocatorias en días recientes para hacer caceroladas y explotar petardos en contra del Ejecutivo transitorio, el más reciente este la pasada noche.

(Con información de EFE)

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