Se hacen llamar el “Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua” y es una red subterránea de expertos y voluntarios que llevan un conteo paralelo sobre los casos del coronavirus en Nicaragua, ante la poca credibilidad que tienen los informes del gobierno.
A las diez de la mañana, desde hace dos meses, el secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), doctor Carlos Sáenz, se coloca frente a cámaras de televisión para leer un informe que cada vez dice menos. Comenzó informando de casos confirmados, fallecidos, pruebas realizadas y sospechosos, y día a día le fue quitando detalles hasta dejar en los últimos informes solo los “casos activos” y los sospechosos que reconocen. Esta semana, incluso, el Minsa dejó de publicar el informe diario, por primera vez desde que comenzó la pandemia.
Los informes oficiales evitan las categorías comúnmente usadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tales como “casos confirmados”, “pruebas realizadas”, “fallecidos” o “recuperados” para establecer unas propias en un lenguaje confuso y religioso que los expertos en epidemiologia han criticado como “imprecisas” y de “poca credibilidad”. Hablan de “casos activos”, “delicados y atendidos”, “delicados, pero estables” o “personas en seguimiento responsable y cuidadoso”, entre otras.
“Hasta el día de hoy, están 16 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡en el nombre de Dios!”, dice el comunicado del Minsa del 29 de abril pasado.
El último informe del Minsa se conoció este martes pasado. El régimen de Daniel Ortega reconoce cuatros “casos activos” y de la suma y resta en sus datos se deduce que aceptan 16 casos confirmados y cinco de ellos fallecidos.
Estos datos contrastan radicalmente con los que presentó este viernes el Observatorio Ciudadano, que registra 781 casos relacionados con el COVID-19, una cantidad 48 veces más alta que la oficial. La red de especialistas distribuye los casos así: “16 confirmados por el Minsa más 16 sospechosos del Minsa más otros 748 sospechosos del Observatorio”.
También registra que “88 muertes acumuladas relacionadas a neumonías y sospechosas han tenido lugar en 13 departamentos y 30 municipios. Managua (32) y Chinandega (18) reportan el mayor número de muertes”. Esas muertes multiplican por 17 el número oficial informado por el gobierno.
El Observatorio señala en su último informe que “al 6 de mayo se reportan 87 personas (trabajadores) de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. De estas 87 personas, 33 reportan haberse sometido a prueba (19 positivas, 8 no saben o no conocen el resultado, 4 resultados indeterminados y 2 negativos)”.
“Somos un equipo interdisciplinario. Hay profesionales de la salud, pero también de otras ramas como informática, comunicación, ingeniería, ciencias políticas y derechos humanos. Todas estas visiones y herramientas se han puesto al servicio del trabajo del Observatorio para generar los análisis”, asegura uno de los especialistas que aceptó hablar con Infobae a condición de anonimato por temor a las represalias del régimen.
“Lo formamos como una iniciativa ciudadana espontánea ante la desinformación que existe en el país respecto al avance de la pandemia. Nos pareció importante rescatar el rol de la ciudadanía de fiscalizar y organizarse para la autoprotección”, dice la fuente.
El Observatorio dice contar con una red de informantes en más de 50 municipios de los 153 que tiene Nicaragua. “Sin embargo, por seguridad no podemos brindar mayor información de estos informantes y su mecanismo de trabajo porque el Observatorio ya ha recibido tres distintos ataques por parte de personas afines al gobierno”, añade el especialista.
Las precauciones no son gratuitas. Una nota de prensa del Minsa, publicada el 10 de marzo, advirtió que solo se tomará como verdadera la información sobre la pandemia que salga de esa fuente oficial. “Advertimos a nuestro pueblo y a personas de otras nacionalidades que visitan o viven en nuestro país, que sólo el Ministerio de Salud, a través de Conferencia de Prensa presencial, puede emitir anuncios o informaciones verdaderas sobre este tema. Cualquier otra forma es, sin duda, noticia falsa”, señaló.
Y agrega: “Recordamos a quienes pretendan sembrar temor entre los nicaragüenses y hermanos residentes, que constituye una falta grave y también una expresión de mala fe y mala voluntad, hacer uso de redes sociales para desinformar, circulando falsedades sobre un tema tan serio para el mundo y para los nicaragüenses”.
“Nuestra información no pretende ser un informe oficial porque sabemos que se necesita complementar este esfuerzo ciudadano con otras acciones”, señala la fuente del Observatorio quien reconoce que su principal debilidad es la imposibilidad de hacer o tener acceso a las pruebas de COVID-19.
El Ministerio de Salud ha centralizado la adquisición y aplicación de las pruebas para el diagnóstico de este coronavirus. Ningún hospital privado está autorizado para adquirir o realizar pruebas COVID-19. Ante cualquier caso sospechoso, estos hospitales deben enviar la muestra a la institución estatal para su examen. A principios de abril, Nicaragua recibió un lote de 26 mil pruebas COVID-19 de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin que se sepa hasta ahora cuántas y cómo se han aplicado.
Entonces, ¿cómo hace el Observatorio para llegar a los números que publica cada semana?
“Estamos desarrollando lo que en la teoría médica se conoce como Vigilancia Epidemiológica Comunitaria que tiene cinco fuentes de información”, explica la fuente. “Nosotros trabajamos principalmente lo que la teoría conoce como “rumor” que se basa en informantes claves en distintos territorios que nos indican situaciones relevantes. La teoría del rumor dice que para que una información se convierta en rumor tiene que ser de relevancia para ese territorio y tiene un valor de alerta, especialmente cuando existe desinformación y secretismo por parte del Estado”.
“Desde el Observatorio sistematizamos toda la información que recibimos, incluyendo cosas que circulan por redes sociales. Sin embargo, es a través de la red de informantes claves y ciertas triangulaciones que damos por verificada la información. Y solamente hacemos pública y analizamos la información categorizada como ´verificada´”, dice.
El doctor Álvaro Ramírez, un reconocido epidemiólogo nicaragüense que reside en Irlanda, sigue de cerca el desarrollo de la pandemia en su país. De hecho, fue uno de los primeros en tocar las campanas de alarma ante la imprudencia con que el régimen de Daniel Ortega asumió la amenaza del COVID-19.
“Nicaragua no está haciendo bien las cosas”, dijo desde marzo pasado cuando el gobierno nicaragüense, en vez de promover el distanciamiento social y la prevención, organizaba actos de conglomeración masiva y desestimaba el uso de mascarillas, las cuarentenas y cierre de fronteras. “Vamos a ver gente cayendo con neumonía en las calles y los hospitales abarrotados”, pronosticó.
“Ya se está viendo que el número de casos está incrementando en todos los hospitales del país”, dice ahora. “Hay rumores e información del incremento de casos. Esto es de cada día. Y como el crecimiento es exponencial, los casos se van a multiplicar cada siete días. Esto va a seguir subiendo mientras en Nicaragua no se tomen medidas serias y se establezca control. Y aunque se llegasen a tomar medidas, a estas alturas toda la gente que está contagiada desde hace dos o tres semanas va a seguir asistiendo a los hospitales y los hospitales se van convertir en los focos más grandes de contaminación”.
Ramírez considera que “ante la inexistencia de información oficial de parte del Ministerio de Salud”, la información que recoge y publica el Observatorio Ciudadano “se asemeja bastante a los reportes que hay del número de casos a nivel centroamericano, en los diferentes países, sin embargo, no tiene los exámenes confirmatorios de COVID, pero ayudan a entender dónde está el rumor y dónde los casos se están dando más fuertemente”.
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