La presidencia es un trabajo de riesgo en Brasil. Detrás de la aparente omnipotencia de estar al frente de un país con más de 200 millones de habitantes, que es la octava economía del mundo, se esconde una fragilidad extrema. Hacer efectivo todo el poder que emana del cargo requiere la habilidad de tejer una compleja red de alianzas y, al mismo tiempo, conservar respaldo popular, lo cual depende también de circunstancias que están fuera del control del presidente.
Cuando esas condiciones no están presentes, el sillón presidencial puede convertirse en un monstruo que devora a quien lo ocupa. Le pasó a dos de los cinco mandatarios que surgieron de elecciones libres tras el regreso de la democracia. Jair Bolsonaro teme convertirse en el tercero.
La renuncia de Sergio Moro terminó de desestabilizar a un gobierno que ya venía sacudido por la pandemia, que golpea a Brasil más que a cualquier otro país de América Latina, con casi 7.000 muertes y cerca de 100.000 contagiados. Y le pega a Bolsonaro más que a cualquier otro presidente por la falta de consistencia de su respuesta ante la crisis, que llegó al punto de despedir a Luiz Henrique Mandetta, el popular ministro de Salud.
El quiebre con Moro, que era el ministro con mayor capital propio y el político con mejor imagen positiva del país, acentuó el aislamiento del presidente, que está enfrentado con los otros poderes federales, con los gobernadores y con los medios de comunicación. Y habilitó el pedido de juicio político más creíble hasta el momento, presentado por la diputada Joice Hasselmann. Era la líder del gobierno en la cámara, pero pasó a la oposición cuando Bolsonaro decidió abandonar el PSL, partido con el que había ganado los comicios de 2018.
Con la posibilidad de un impeachment al acecho, y con un Congreso cada vez más hostil, en el que tiene solo un puñado de legisladores propios, el futuro del presidente es cada vez más incierto. Quizás por eso, en las últimas semanas vienen ganando peso en su gobierno los militares, que se convirtieron en su principal sostén. Sin embargo, ni siquiera está claro que tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas como institución.
Aislamiento presidencial
El presidente que más ha rechazado las medidas de distanciamiento social se aisló como nadie en lo que va de la pandemia. Su aislamiento no es social, sino político.
En septiembre de 2018, un mes antes de las elecciones presidenciales, Bolsonaro lideraba las encuestas con 22% de intención de voto. Ese es el porcentaje de seguidores incondicionales, que comparten su visión del mundo. Era evidente en ese momento que eso no le alcanzaba para ganar.
Si sacó 46% en la primera vuelta y 55% en la segunda fue porque logró convertirse en el candidato del consenso anti PT, que había empezado a instalarse en Brasil desde fines de 2015. Sin sentirse muy representados por Bolsonaro, los miembros de las elites económicas y millones de ciudadanos de clase media —ex votantes del PSDB de Fernando Henrique Cardoso—, lo vieron como el mejor vehículo para pasar la página que había abierto Lula da Silva en 2003.
“Para comprender cómo Bolsonaro se las arregló para sobreponerse a los políticos tradicionales hay que ver las bases del fenómeno: un escenario de crisis económica, el apoyo de la gente desilusionada o incluso con odio al PT, el discurso anticorrupción y de outsider político, una nueva ola conservadora y una gran máquina de fake news. Con la invitación a Paulo Guedes, la derecha económica también empezó a apoyarlo. Sin embargo, gobernar no ha sido fácil para Bolsonaro, por la resistencia parlamentaria y de parte de la población, y por su propia postura extremadamente belicosa, que genera más desacuerdos que consensos. El punto álgido de esta crisis llegó con la partida de Moro, una especie de garante del discurso anticorrupción y también un símbolo de esta nueva ola conservadora”, dijo a Infobae Douglas Biagio Puglia, doctor en historia y profesor del Instituto Federal de Minas Gerais.
El gabinete que presentó al asumir el 1 de enero de 2019 era la expresión de los distintos sectores que habían posibilitado su triunfo. Por un lado, estaba bien definida el ala ideológica, integrado por el núcleo duro de dirigentes que lo rodean y que piensan como él. Es el sector más radicalizado.
Ahí se destacan Abraham Weintraub, actual ministro de Educación, que se burló de la manera de hablar de los chinos y acusó a Beijing de estar detrás de una conspiración internacional; la pastora evangélica Damares Alves, ministra de la Mujer célebre por sus posiciones ultraconservadoras; y el canciller Ernesto Araujo, recomendado para el cargo por el guía intelectual del bolsonarismo, el astrólogo y ensayista Olavo de Carvalho.
Por otro lado, creó dos mega ministerios, destinados a la gestión de las áreas estratégicas de la administración federal. Allí nombró a dos figuras independientes, con las que el establishment y los sectores medios se sienten mucho más cómodos: Paulo Guedes en el ampliado Ministerio de Economía; y Moro, el juez que había liderado el Lava Jato y apresado a Lula, en Justicia y Seguridad Pública.
Pero esa combinación, que puede ser suficiente para ganar una elección, no alcanza para gobernar en Brasil. La principal fuente de la fragilidad presidencial es el Parlamento. Como consecuencia de un inusual sistema electoral, es uno de los más fragmentados del mundo. El partido con más bancas en la Cámara de Diputados es el PT, con 53, apenas por encima del 10% de las 513. Hay otros ocho partidos que tienen entre 30 y 40.
El gobierno de Bolsonaro nació aislado por su negativa a formar una coalición con muchos de esos partidos. Con el argumento del rechazo a la vieja política, muy redituable electoralmente, pero demasiado costoso para la gestión, se negó a repartir cargos a cambio de apoyo legislativo. Eso explica que tenga ahora solo 41 diputados propios y apenas dos senadores sobre 81. El mandatario logró agravar su vulnerabilidad en noviembre, cuando rompió con el PSL y creó su propio partido, Alianza por Brasil, que por ahora es más un proyecto que una realidad.
“A Bolsonaro le pesa no haber formado una base parlamentaria sólida ni una coalición de gobierno, a pesar de que su partido es minoritario. Al no querer unirse a la ‘vieja política’ o al ‘sistema’, ha sufrido numerosas derrotas en el Congreso. Además, su liderazgo equivocado durante la pandemia lo llevó a romper con casi todos los gobernadores del país, quienes a su vez influyen fuertemente en los diputados federales de sus respectivos estados”, sostuvo Rodrigo Dolandeli, profesor del Programa de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal de Pará, en diálogo con Infobae.
Lo que hizo la pandemia fue exacerbar un proceso que ya estaba bastante avanzado. Una de las razones de la frustración de Bolsonaro con el coronavirus es que se da cuenta del daño que le puede causar a sus aspiraciones el impacto económico de las medidas de distanciamiento social. Una de sus principales promesas de campaña era un futuro de prosperidad para los brasileños, a partir de las ambiciosas reformas de mercado de Guedes. Pero ese compromiso, que ya venía demorado —2019 cerró con un crecimiento de solo 1,1% del PIB—, pasó a ser irrealizable después de esta crisis.
Su falta de pragmatismo para darse cuenta de que era inevitable que su plan económico se truncara, al menos por un tiempo, lo fue dejando cada vez más solo. En un país tan federal como Brasil, donde los gobernadores tienen la potestad de decidir el cierre de comercios y la cancelación de eventos masivos, sin que el gobierno nacional pueda hacer nada al respecto, lo más razonable era acompañarlos en vez de tratar inútilmente de forzarlos a cambiar de decisión. Esa postura lo llevó a perder aliados de peso, como João Doria, gobernador de San Pablo, hoy convertido en su principal enemigo.
La insistencia en ir a lugares públicos, haciendo que se junten decenas de personas a su alrededor, violando las pautas básicas de lo que hay que evitar para que no se propague el virus, fue interpretado como una provocación difícil de entender. E hizo insostenible la permanencia en el gabinete de Mandetta, que transmitía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mientras el presidente hacía lo contrario.
Estas actitudes y el despido del ministro debilitaron al ala técnica de su gobierno, y alejaron aún más a los sectores medios que lo habían votado en 2018. La salida de Moro completa la obra, que deja solo a Guedes en un gabinete cada vez más faccioso, que le habla solo al núcleo duro del bolsonarismo.
La manera en la que dimitió el ex magistrado fue particularmente explosiva. Denunció que Bolsonaro echó a Mauricio Valeixo de la jefatura de la Policía Federal para tener mayor injerencia en la organización, sugiriendo que pretende utilizarla para su propio beneficio.
“La salida de Moro provocó la más reciente crisis. Motivado por la interferencia del presidente en la Policía, el ex juez hizo una serie de acusaciones y expuso la intención de Bolsonaro de interferir en las investigaciones, poniendo en riesgo la independencia de la institución. El Gobierno tendrá que afrontar el desgaste de la ida de Moro, por el que mantenían aprecio el alto rango militar y una parte considerable de los partidarios del gobierno”, dijo a Infobae la politóloga Mércia Alves, investigadora de la Universidad Federal de San Carlos.
Le dio más peso a la denuncia que el Presidente nombró en lugar de Valeixo a Alexandre Ramagem, que había sido su jefe de seguridad y que es muy cercano a su hijo Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro. Justo cuando la Justicia investiga si Carlos está detrás de una red de difusión de noticias falsas. Con el argumento de que Ramagem no cumplía con el requisito de imparcialidad, el juez Alexandre de Moraes, ministro del Superior Tribunal Federal (STF), suspendió el nombramiento.
La amenaza del impeachment
La clase política brasileña, que encuentra en el Congreso su hábitat natural, ha dado muestras contundentes de que cuando considera que un presidente es un problema no duda en desplazarlo. Lo hizo con Fernando Collor de Mello en 1992 y con Dilma Rousseff en 2016. A ambos les iniciaron juicios políticos, pero el primero renunció antes de ser destituido.
Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, descartó por el momento habilitar el tratamiento de alguno de los pedidos de impeachment presentados contra Bolsonaro. Dijo que la crisis del coronavirus era demasiado “preocupante y alarmante” como para desviar la atención. Pero en unos meses, cuando pase lo peor de la pandemia, puede cambiar de opinión.
“Es poco probable que prospere el pedido de impeachment. La decisión le cabe a Maia, y para él, un Bolsonaro sin poder, al que le puede manejar la agenda política, es mejor que poner al vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que tendría más apoyo de los militares en el gobierno. Y si no cambian las fechas, entre octubre y noviembre hay elecciones municipales, lo que vaciará al Congreso”, explicó Rodrigo Stumpf González, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, consultado por Infobae.
La presentación de Joice Hasselmann sostiene que Bolsonaro cometió un crimen de responsabilidad al intentar interferir en la Policía Federal para acceder a informes de inteligencia y a investigaciones en curso, algo que está prohibido. Se fundamenta en la denuncia de Moro, que testificó este sábado ante esa misma fuerza, en el marco de la investigación judicial que se abrió a partir de su traumática salida del gobierno. En una entrevista concedida a Veja dijo que tenía pruebas para incriminar al presidente.
El de Hasselmann no fue el único pedido de juicio político que desató el caso Moro. También los partidos Rede y PSB hicieron planteos similares. Hasta el ex presidente Cardoso, que suele ser moderado en sus expresiones públicas, se manifestó con una llamativa crudeza. “Está cavando su fosa. Que renuncie antes de ser renunciado”, escribió en su cuenta de Twitter.
“La destitución es posible de dos maneras: el juicio político o la noticia criminal (cuando se denuncia a una persona ante la policía por cometer un delito). En el primer caso, bajo la acusación de un crimen de responsabilidad, que es un delito político, juzgado por el Congreso. En el segundo caso, por un delito común, juzgado por el Tribunal Supremo, si la Cámara de Diputados le concede la licencia. Es posible que cualquiera de las dos cosas ocurra en la segunda mitad del año, debido a su baja popularidad por el terrible manejo de la pandemia y la depresión económica. El Presidente está aislado y cercado por todas las instituciones republicanas que siempre ha despreciado desde que era diputado. Lo que falta, esencialmente, es que el Congreso pueda volver a reunirse en persona y que su popularidad siga disminuyendo”, dijo a Infobae Christian Edward Cyril Lynch, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Más allá de la dramática erosión de su gobierno, Bolsonaro no está aún tan debilitado como estaba Dilma antes de ser destituida. El dato más importante es que conserva el respaldo del 33% de la población, según la última encuesta de Datafolha. No es una cifra para festejar, pero muestra que aún conserva una base de sustentación importante.
El 38% de los brasileños cree que el gobierno es malo o pésimo. Pero en marzo de 2016, un mes antes de que la Cámara de Diputados iniciara el proceso en su contra, Rousseff tenía una desaprobación del 69%, 31 puntos más que Bolsonaro. Por otro lado, el 45% está a favor de que avance un impeachment contra el presidente, proporción que ascendía al 68% en el caso de Dilma.
No obstante, es cierto que la ex presidenta tenía una coalición que le garantizaba mayoría parlamentaria. Fue la gravedad de la crisis económica y política, y el temor de toda la clase política a ser engullida, lo que llevó al MDB de Michel Temer a romper la alianza y a apoyar el juicio político.
Por más que Bolsonaro no tenga tan mala imagen, es mucho más débil en el Parlamento, lo que lo deja muy expuesto. De hecho, cuando se votó en el Congreso un millonario plan de ayuda a estados y municipios, al que el gobierno se oponía, solo reunió 70 diputados. Para derrotar un intento de juicio político necesita 171.
Parece que recién ahora Bolsonaro es consciente del riesgo que corre. Si bien no dejó de criticar la “vieja política”, en los últimos días estuvo manteniendo encuentros con los líderes del Centrão. El término se utiliza para designar informalmente a un conjunto de pequeños partidos de tendencia conservadora, pero sin una identidad definida, cuya razón de ser es, de forma casi excluyente, el acceso a cargos y recursos políticos.
“En los últimos días hemos visto un intento del presidente de acercarse al Centrão —dijo Alves—, formado en su origen por los restos de la dictadura, bajo la coordinación del ex presidente José Sarney y del MDB, y de parlamentarios de centroderecha y de derecha. Es una estrategia para escapar de un proceso de impeachment. Hoy tiene 26 pedidos, un récord”.
Entre todos los partidos del Centrão suman unas 200 bancas en la Cámara de Diputados y Bolsonaro está sellando un acuerdo con ellos. Si bien las designaciones no fueron aún oficializadas por demoras burocráticas, Folha afirma que muchos ya aceptaron cargos en organismos públicos y que el Presidente advirtió a sus ministros que van a tener que liberar vacantes en sus segundas y terceras líneas para que se puedan sumar más.
Se espera que esto le de mayor estabilidad legislativa, pero no se sabe por cuánto tiempo. El historial del Centrão lo revela como un socio poco confiable. Además, no está claro cómo va a caer la noticia de su incorporación en los bolsonaristas más convencidos, ni cuál va a ser el impacto en la dinámica del gobierno.
“La alianza con el Centrão lleva la carga de la vinculación con grupos fuertemente asociados a escándalos de corrupción, especialmente en la Operación Lava Jato. Estos partidos se destacan por su pragmatismo, no tienen una de lealtad canina. Pueden abandonar el barco del gobierno si la situación se vuelve insostenible, especialmente en la opinión pública. Estos partidos apoyaron al gobierno de Dilma Rousseff y cambiaron de bando durante el proceso de juicio político”, dijo Dolandeli.
El factor militar
Acordar con el Centrão no es lo único que hizo Bolsonaro para compensar su aislamiento. En la medida en que fue perdiendo espacio en el gabinete el ala independiente, lo fue ganando el ala militar, que ya cuenta con nueve ministerios.
Desde el nombramiento del general Mourão como candidato a vicepresidente, se hizo evidente que Bolsonaro, capitán en la reserva del Ejército, tenía planeado rodearse de militares. Pero la tendencia se acentuó con su debilitamiento.
El último hito en esa línea fue el nombramiento en febrero del general Walter Braga Netto, número dos del Ejército, como ministro de la Casa Civil, que oficia de jefe de gabinete. Quien ocupaba ese cargo era el diputado Onyx Lorenzoni, del partido DEM, al que también pertenece Rodrigo Maia. La decisión fue un testimonio claro del cambio en el balance de poder interno.
Lo que generó alarma en muchos inversores fue la sensación de que Braga Netto estaba volviéndose incluso más influyente que Guedes. La semana pasada, fue él quien anunció el lanzamiento del Programa Pro Brasil, pensado para reactivar la economía a través de múltiples inversiones, en aparente contradicción con la austeridad fiscal promovida por el economista. Guedes ni siquiera formó parte de la rueda de prensa, aunque días más tarde se mostraron juntos para aplacar los rumores de pelea.
En cualquier circunstancia, ese avance del poder militar sobre el civil genera preocupación. Mucho más después de que Bolsonaro decidiera asistir a la manifestación que hicieron sus seguidores dos semanas atrás en Brasilia, para pedir una intervención militar que cierre el Congreso y el STF. “Nosotros no queremos negociar nada. Queremos acción por Brasil”, afirmó ese día mientras la tos lo interrumpía.
“Bolsonaro ha buscado a las Fuerzas Armadas para componer su gabinete, al punto de ser militares todos los ministros que trabajan directamente en el palacio presidencial. Pero esto no quiere decir que tenga el mando de los militares. Estos lo ven como una oportunidad de aumentar su influencia política más que para servir al presidente. No aceptan el comando de un teniente que se hizo capitán en la reserva. Mourão dijo hace poco que los militares están fuera del gobierno, en manos de sus comandantes. Tanto Mourão como el general Augusto Heleno (jefe de Gabinete de Seguridad Institucional) son más respetados. Pero no creo que piensen en un golpe clásico como aceptable. La nueva generación tiene formación técnica, ha participado de misiones de la ONU. No quieren ser parias en un mundo democrático”, afirmó Stumpf González.
Los uniformados que están en el gabinete lo hacen a título personal, no en representación de las Fuerzas Armadas. El propio Bolsonaro tiene un largo historial de enfrentamientos con quienes eran sus superiores, y son públicas sus diferencias con Mourão, que se ha mostrado siempre más pragmático. De modo que, incluso en el poco probable escenario de que decidan intervenir, no está claro si las Fuerzas Armadas lo harían para reforzar o para remover a Bolsonaro.
“No veo muchas posibilidades de un golpe de Estado. A pesar de que hay varios ministros militares, no se puede decir que las Fuerzas estén en su totalidad con Bolsonaro. El fin de la dictadura militar en Brasil es reciente, y creo que no se embarcarían en una nueva apuesta golpista, especialmente con Bolsonaro como líder, ya que ha dado varias manifestaciones de falta de preparación. También hay una situación curiosa: en un eventual impeachment asumiría Mourão y los militares llegarían al poder de forma legal, sin necesidad de un golpe”, concluyó Biagio Puglia.
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