América Latina superó este viernes el umbral de los 10.000 casos confirmados de COVID-19. Los contagios en la región suman 10.435 y los muertos 223.
Los países con mayor cantidad de infectados son Brasil, con 2.915, de los cuales murieron 77; Ecuador, con 1.403 y 34 decesos; Chile, con 1.306 y 34 muertes; y Argentina, con 589 y 13 fallecidos.
El primer paciente en la región se reportó el 26 de febrero en Brasil. Las autoridades sanitarias de la nación más poblada de América Latina, con 210 millones de habitantes, proyectan un gran aumento de casos a partir de abril.
En los últimos días, los países latinoamericanos han seguido reforzando las medidas para afrontar la pandemia, con órdenes de confinamiento obligatorio en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá o El Salvador, toques de queda prolongados en Chile, Honduras, Perú y Guatemala, además de cierres cierres de fronteras casi generalizados.
Paralelamente, las autoridades han ido activando planes de ayuda económica, indispensables en una región con elevados índices de pobreza y varios países en crisis desde mucho antes del brote de coronavirus.
En Argentina, por ejemplo, se decretó el aumento de los subsidios a familias pobres, jubilados y desocupados, así como ayuda financiera por unos 5.300 millones de dólares a pequeñas y medianas empresas. Otras naciones, como Perú, Honduras, El Salvador, Uruguay y Ecuador, han comenzado a ofrecer subsidios extraordinarios para familias de bajos recursos.
Caldo de cultivo en las cárceles
La propagación del virus prendió la mecha de uno de los focos de conflicto que están siempre latentes en América Latina: las cárceles. A los problemas habituales de hacinamiento, violencia y múltiples violaciones a los derechos humanos, los más de 1.600.000 reclusos que hay en la región se enfrentan ahora a la amenaza de un contagio generalizado de COVID-19.
“La población carcelaria en América Latina está en una situación de alto riesgo fundamentalmente porque existe un problema común que es la sobrepoblación en todos los países, sin excepción”, dijo a EFE el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Según Vivanco, en algunos casos el hacinamiento “sobrepasa el 100 % de capacidad que tiene el centro carcelario” y en otros llega al 20% o 30%, situación que favorece la propagación del coronavirus, ya que es imposible mantener la distancia mínima de un metro entre personas que recomiendan los expertos. En algunos países, como Haití, el hacinamiento llega al 454%, mientras que en Brasil es del 167% y en Colombia del 150%, lo que hace de los centros de detención el caldo de cultivo perfecto para la propagación de cualquier virus.
“En esas prisiones las dificultades no son solamente la concentración de reclusos y el hacinamiento sino que hay problemas muy serios de higiene, falta de acceso al agua potable y a tratamientos médicos lo que hace deplorables las condiciones en general”, alertó el director de HWR para las Américas.
Estos factores detonaron distintos incidentes en los últimos días. Primero fue la fuga de cerca de un millar de presos de cárceles del estado brasileño de San Pablo, y luego los motines simultáneos en 13 cárceles colombianas el pasado fin de semana, episodio que dejó 25 reclusos muertos y 83 heridos.
Las protestas llegaron hasta Argentina, donde cinco presos murieron esta semana en revueltas en dos cárceles de la provincia de Santa Fe. También a Perú: otras dos personas perdieron la vida y 17 más resultaron heridos en la cárcel de varones de Trujillo, en el norte de Perú. En Venezuela, con un sistema de prisiones colapsado por la crisis del país, Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del presidente interino, Juan Guaidó, pidió al alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, que interceda por los presos políticos.
Con información de AFP y EFE
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