Los tres grandes desafíos que enfrentará el gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay

Luis Lacalle Pou no la tendrá fácil. El Frente Amplio llegó al poder como un partido consolidado, tras pasar muchos años en la oposición. En sus 15 años de gobierno, cosechó éxitos y dejó algunas cuentas pendientes, pero tuvo la suerte de atravesar el ciclo de mayor expansión económica de la historia latinoamericana.

El punto de partida del nuevo gobierno es muy diferente. Lacalle Pou lidera el Partido Nacional, que salió segundo en la primera vuelta, a diez puntos de distancia del Frente. Si ganó el balotaje del 24 de noviembre fue gracias a la Coalición Multicolor que construyó sobre la marcha con quienes salieron tercero y cuarto: el Partido Colorado y Cabildo Abierto.

Esa sociedad, que a partir de este domingo empieza a ser una coalición de gobierno, está aún en gestación. Mientras calibra las relaciones con sus aliados —que tienen visiones e intereses contrapuestos en muchas áreas—, Lacalle Pou debe hacer frente a una economía con síntomas claros de agotamiento y a una ciudadanía con demandas crecientes.

“Los principales desafíos del inicio van a pasar por dos andariveles: los socios de la Coalición Multicolor y los sindicatos. Que haya un comienzo exitoso dependerá de la habilidad política de Lacalle Pou para articular la coalición. En esto se ha demostrado capaz hasta ahora, poniendo límites en la flexibilidad negociadora. Además, deberá administrar el frente externo, que en sus inicios tendrá a la Central Sindical como principal referente opositor en la medida que toque algún área sensible”, dijo a Infobae el politólogo Lincoln Bizzozero Revelez, miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad de la República.

Todos los gobiernos asumen con múltiples retos, que no son siempre fáciles de sortear, especialmente cuando se pasa de una larga estadía en la oposición al oficialismo. Entre todos los desafíos que tiene por delante Lacalle Pou, hay tres que sobresalen: su capacidad para mantener unida a la alianza, la gestión de una economía que necesita cambios con cierta rapidez y su efectividad para responder a una de las principales preocupaciones de los uruguayos, la inseguridad.

Los socios

El cambio más visible que hay entre el gobierno que se va y el que asume es que uno está constituido por un partido consolidado, y el otro, por cinco: el Partido Nacional, que lidera el presidente; el Partido Colorado, que conduce Ernesto Talvi; Cabildo Abierto, del general retirado Guido Manini Ríos; y los dos socios minoritarios, que son el Partido Independiente y el Partido de la Gente.​

“El Frente Amplio es un partido que primero acuerda un programa y, en base a eso, decide el candidato. Esto es lo contrario. Son tres partidos sin un programa común, que todavía están poniéndose de acuerdo en un conjunto de cosas. Se podría decir que es un gobierno débil, que va actuar con más énfasis en donde logre entendimientos, y no va a ser en demasiadas cosas”, explicó Juan Bogliaccini, director de la maestría de Administración Pública de la Universidad Católica del Uruguay, consultado por Infobae.

La Coalición Multicolor no va a tener inconvenientes con la oposición, ya que controla con cierta comodidad el Congreso. Tiene 56 de las 99 bancas de la Cámara de Representantes y 17 de las 30 en el Senado. El problema es que son fuerzas que carecen de experiencia gobernando juntas. Es cierto que blancos y colorados han forjado alianzas en el pasado, pero no bajo la conducción de los dirigentes actuales, ya que ambos cambiaron mucho en los 15 años que pasaron en la oposición.

Lacalle Pou será rehén de sus socios. En la Cámara de Representantes controla solo 30 escaños. Para llegar a la mayoría de 50 va a necesitar siempre del acompañamiento simultáneo de los colorados, que tienen 13, y de Cabildo, que posee diez. Este último es un gran interrogante, porque tiene menos de un año de vida y gira en torno a la controversial figura de Manini Ríos, que hasta marzo de 2019 era jefe del Ejército y que se convirtió en un líder político tras enfrentarse a Tabaré Vázquez, que lo desplazó del cargo.

“La relación con Cabildo Abierto va a poner a prueba la capacidad de liderazgo de Lacalle, porque es una incógnita. Es un partido nuevo, integrado por gente nueva en la política, pero le ha ido muy bien. Es sorprendente que, en un sistema como el uruguayo, haya sacado más del 10% en una primera elección. Es gente muy ambiciosa, en particular Manini Ríos, que aspira a competir con posibilidades por la presidencia. Lo único que permite prever esto es que va a ser más difícil retenerlo en la coalición, porque cuanto antes pueda posicionarse como una alternativa diferente al gobierno más le va a convenir. Si no, a la gente le va a costar más aceptarlo como algo distinto”, dijo a Infobae Jaime Yaffé, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.

La primera prueba de fuego que tendrán los socios será el tratamiento de una Ley de Urgente Consideración que ingresará al Congreso en los próximos días. Es un enorme paquete de medidas con los principales lineamientos del plan de gobierno de Lacalle Pou, que abarca desde la seguridad hasta la economía.

El texto no fue consensuado con los otros integrantes del gobierno, que ya anticiparon sus reparos a diversos artículos, así que las diferencias se dirimirán directamente en el Parlamento. Si las discusiones no llegan a buen puerto, el Presidente sufrirá un golpe a muy poco de asumir.

“El proyecto contiene las bases de las transformaciones legales necesarias para construir los cambios que la coalición quiere —dijo Bogliaccini—. Son unos 450 artículos de las más diversas áreas. Pero no está cocinado, va a haber una discusión real entre los socios y está por verse cuál es el resultado. Habrá negociaciones cruzadas, entre blancos y colorados, y entre blancos y Cabildo. Es posible que cambios que se quieren hacer se terminen moderando y que haya temas que queden afuera. Esta es una muestra de la debilidad estructural del gobierno”.

La economía

El PIB uruguayo creció 67% a precios constantes entre 2005 y 2018, según datos de la Cepal. Fue una expansión muy significativa que, de la mano de una política salarial y social generosa por parte de los gobiernos del Frente Amplio, permitió una mejora ostensible de la calidad de vida de la mayoría de las personas en el país. Uruguay consolidó en estos años su lugar como la nación más igualitaria y con menor índice de pobreza de América Latina.

Sin embargo, muchas de las mejoras terminaron en el último quinquenio, que se caracterizó por un estancamiento cada vez más pronunciado. Entre 2015 y 2019, Uruguay tuvo un crecimiento medio de apenas 1,3% anual. Al mismo tiempo, la inflación promedió 8% al año, mucho menos que Venezuela y Argentina, pero bastante más que el resto de los países latinoamericanos.

“El otro desafío es lograr que la economía, que viene enlenteciendo su ritmo de crecimiento, empiece a mostrar algunos síntomas de recuperación, porque el bolsillo es lo que más preocupa a la gente —dijo Yaffé—. El reto es que las innovaciones que se intenten no aumenten el deterioro. Dentro de los márgenes de maniobra que existen, van a apostar a incentivar la iniciativa privada y a tratar de reducir lo que sea posible el gasto público, una promesa muy importante. Pero no hay muchos lugares donde cortar, porque el aumento se dio principalmente en salud y educación. Sería muy impopular”.

La exigua expansión de los últimos años potenció otro problema: el elevado déficit fiscal, que alcanza el 5% del PIB. No hay peor combinación que estancamiento con inflación y déficit fiscal altos, porque obliga a descartar la posibilidad de inyectar dinero en la economía para forzar una reactivación.

El Gobierno prometió bajar el gasto, pero sabe que sería muy peligroso hacer un ajuste fuerte. La sociedad uruguaya tiene mucha fuerza de movilización, sobre todo en sus sindicatos y organizaciones políticas de base. Quienes se acostumbraron a las mejoras que hubo en los últimos años gracias al boom de las commodities y a las políticas expansivas de los gobiernos del Frente no van a aceptar pasivamente recortes de beneficios sociales ni ajustes fuertes.

De hecho, el Gobierno aún no está en funciones y los sindicatos ya están en pie de guerra. La Federación de Profesores de Educación Secundaria anticipó esta semana que es inminente el llamado a una huelga, en contra de algunos artículos del megaproyecto de ley. Consideran que tiene un sesgo privatizador y que busca una “flexibilización laboral”.

“En términos macroeconómicos no se habla de cambios bruscos. Tenemos un déficit fiscal relativamente alto y una deuda razonable, pero que no puede subir mucho más. Entonces, en algún lado tendrán que hacer algo”, afirmó Bogliaccini.

Es cierto que la historia uruguaya muestra que la prudencia suele imponerse. Así como ni Tabaré Vázquez ni José Mujica realizaron reformas radicalizadas como otros representantes del giro a la izquierda en la región, difícilmente Lacalle Pou vaya a intentar algo parecido en sentido contrario. Pero cierto aumento de la conflictividad social y laboral parece inevitable.

La seguridad

“El Gobierno va a tener el desafío que tiene cualquier partido que que llega al poder: cumplir lo más rápido posible algunas de las principales promesas de campaña. Si no, la luna de miel se deteriora muy rápidamente. Ahí hay un tema clave en la opinión pública que es la seguridad. Va a ser muy importante que dé señales de un cierto giro en el control de la delincuencia”, dijo Yaffé.

Si la desaceleración económica es una de las razones que llevaron a la derrota electoral del Frente, el aumento de la criminalidad es la otra. Sin dudas, el mayor fracaso de su gestión hay que buscarlo en la política de seguridad.

Los asesinatos alcanzaron un récord en 2018, cuando se registraron 414, un 45,8% más que en 2017. La tasa de homicidios, que era de 5,6 cada 100.000 habitantes en 2005, se duplicó y terminó en 11,2. El año pasado cerró con 342 muertes violentas y la tasa bajó a 9,8 homicidios cada 100.000 habitantes, pero es la tercera más alta de Sudamérica, muy lejos del 2,6 de Chile o del 5 de Argentina.

Reducir la delincuencia fue una de las principales promesas de campaña de Lacalle Pou. “En materia de seguridad se buscarán resultados inmediatos y visibilidad para comunicar a la sociedad —dijo Bizzozero Revelez—. Medidas como el patrullaje de fronteras o el incremento de la seguridad interior a través de distintas acciones policiales, en la dirección de mostrar a la población otra presencia”.

No obstante, tampoco le resultará fácil al gobierno avanzar en este campo. No solo porque es complejo obtener resultados en el corto plazo, sino porque también en este punto hay desacuerdos entre los socios. En un documento que presentó esta semana con observaciones al proyecto de urgente consideración, el Partido Colorado incluyó un apartado destinado a la seguridad, en el que cuestiona el “enfoque punitivo” de la propuesta.

Se oponen a la eliminación de las salidas transitorias para los homicidas y a los juicios abreviados para delitos con penas superiores a los tres años de cárcel. Aún es pronto para saber si el presidente estará dispuesto a hacer concesiones en este área, en la que, por otro lado, Cabildo Abierto tiene una línea incluso más dura que el Partido Nacional. Pero esta discusión es una pequeña muestra de lo difícil que será la relación entre los socios de la Coalición Multicolor, y de que hasta qué punto puede comprometer el éxito del gobierno en temas tan sensibles como la seguridad y la economía.

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