La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha asegurado este viernes que durante el Gobierno de Evo Morales, huido del país tras las protestas y la retirada del apoyo de Policía y Ejército, había connivencia con al menos nueve organizaciones criminales extranjeras que operaban en el país andino.
Áñez ha explicado que esta información se desprende del informe de los servicios de Inteligencia y ha mencionado grupos concretos como el Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho de Brasil, la Federación de Sinaloa y Los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas. Igualmente estarían presentes en Bolivia el Cártel del Norte del Valle, las Autodefensas Campesinas de Casanare y elementos residuales de la guerrilla de las FARC de Colombia.
“Todo lo expresado nos permite afirmar que el gobierno anterior ha permitido, tolerado e inclusive no actuó sabiendo de la presencia de estos grupos criminales”, ha apuntado Áñez durante un acto en la ciudad de Santa Cruz para presentar una nueva estrategia antidrogas recogido por el diario boliviano Página Siete.
Estos grupos, principalmente los brasileños, “operaban sobre todo en el oriente y el norte del país”. Sin embargo, el Gobierno de Morales aseguraba que se trataba sólo de “emisarios”, pero que esas organizaciones no estaban establecidas en territorio boliviano.
“En los últimos 14 años, dada la permisibilidad del anterior Gobierno, Bolivia se ha convertido no sólo en país de tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas”, ha remachado.
En respuesta, el diputado Víctor Borda del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales ha argumentado que el actual Gobierno se ha acostumbrado a hacer acusaciones sin presentar pruebas y mucho antes de hacer investigaciones que respalden las denuncias.
“Nos gustaría que nos haga ver a los cabecillas, las bandas y los vínculos. Que nos digan cuáles son los nexos e indicios de supuesta protección. Ahora nos acostumbramos a difamar, calumniar y después recién investigar”, ha afirmado Borda en declaraciones telefónicas a Página Siete.
Además, Áñez ha calificado de “urgente” la necesidad de revisar la autorización de cultivos de coca permitidos por la Ley 906 y que autoriza ampliar la plantación del arbusto de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La presidenta ha reconocido que no se sabe de forma científica a cuánto corresponde la demanda del consumo legal de la coca en Bolivia, pero “queda claro” que el 90 por ciento de la coca del Chapare (bastión del MAS y de Evo Morales) se destina al narcotráfico.
(Con información de Europa Press)
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