Diversas organizaciones de la oposición nicaragüense se han unido para formar la Coalición Nacional, un frente que tiene como objetivo principal competir contra el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 2021. Los principales promotores son la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dos plataformas opositoras surgidas de las protestas contra el régimen en 2018.
También figuran el Partido Restauración Democrática (PRD), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y el Movimiento Campesino. Los estudiantes, que iniciaron las manifestaciones contra Ortega, aún evalúan la posibilidad sumarse, según informó el diario local La Prensa.
El anuncio, que ya llevaba meses en gestación, fue realizado en el marco del trigésimo aniversario del triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó a Ortega en las urnas tras su primer Gobierno (1985-1990).
“Quienes aquí firmamos (...) conformamos una mesa multilateral que nos permita construir con reglas claras, justas y transparentes un diseño de la Coalición Nacional, inspirados en el triunfo logrado aquel 25 de febrero de 1990”, anunciaron los diferentes espacios que componen el bloque.
Además, prometieron poner “todo el empeño para buscar a la ciudadanía y a las organizaciones que faltan para unir esfuerzos” con miras a lograr una Coalición Nacional “plural, incluyente y participativa con representación democrática, justa y ponderada de todos donde cada nicaragüense que lucha contra la dictadura tiene un espacio”.
La Coalición Nacional subrayó que nace con el propósito de “provocar el nuevo y definitivo nacimiento de la democracia, para el bien de todos los nicaragüenses, así como el bienestar de las futuras generaciones”.
El régimen de Ortega enfrenta una crisis desde abril de 2018, cuando miles de personas tomaron las calles para protestar por una polémica reforma de la seguridad social. No obstante, las manifestaciones crecieron y expandieron su abanico de demandas hasta incluir un reclamo por la “democratización” del país.
Más de 300 personas murieron por la represión de las fuerzas policiales y paramilitares, según el balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos expertos han recomendado procesar a Ortega por delitos de lesa humanidad. Organismos locales, por su parte, cuentan hasta 684 muertes, mientras que el régimen -que sostiene se defiende de un “golpe de Estado fallido”- admite 200.
El régimen ha implementado duras medidas para acallar el disenso. La Policía de Nicaragua mantiene una rigurosa prohibición de protestas contra Ortega y su familia -muchos de ellos con cargos en el Gobierno, entre quienes se destaca su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo- desde septiembre de 2018, a pesar de que la medida viola la Constitución, según han afirmado expertos en leyes.
De hecho, la oposición no pudo realizar libremente el anuncio. Decenas de patrullas de policías bloquearon los accesos a las casas de al menos 28 líderes opositores para impedir que salgan y organicen una manifestación pública para la fecha. Mientras tanto, patrullas policiales recorrieron incansablemente calles y carreteras, atentos a sofocar implacablemente cualquier signo de protesta.
Ortega emprendió un diálogo nacional que permitió liberad a decenas de presos políticos pero acabó rompiéndose porque las partes se acusaron mutuamente de incumplir los primeros acuerdos. Desde entonces, la situación política está en un punto muerto del que podría salir con las elecciones presidenciales de 2021.
Con información de Europa Press
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