El régimen cubano informó este martes que el disidente cubano y preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y encarcelado desde hace más de cuatro meses, será juzgado este miércoles en un tribunal de Santiago de Cuba por supuestos delitos de lesiones, secuestro y atentado, por los que la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel.
Ferrer, de 49 años, fue detenido el pasado 1 de octubre junto a otros tres activistas opositores y desde entonces permanece encarcelado por supuestamente haber causado lesiones a un hombre, un cargo que su familia y la Unpacu aseguran es falso.
Ferrer es uno de los opositores más conocidos fuera de la isla. Formó parte del “grupo de los 75” condenados en el año 2003 durante la ola represiva conocida como la “Primavera Negra” y posteriormente liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.
Para el juicio, que tendrá lugar en el Tribunal Provincial de la ciudad de Santiago de Cuba (a casi mil kilómetros de La Habana) han sido citados algunos testigos de la defensa, que será ejercida por un abogado de oficio. Desde prisión, Ferrer había transmitido su voluntad de que no se contrataran abogados para afrontar el proceso legal, argumentando que "todo abogado cubano que tenga capacidad legal va a corresponder con el Partido Comunista, es decir, la dictadura”.
Hasta el momento los familiares de los acusados no saben si tendrán acceso a la vista oral, aunque en el caso de Ferrer, “lo intentarán”, dijo a Efe su hijo Daniel.
La última visita familiar a José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores fue el pasado 14 de febrero. Su hijo indicó que esta se prolongó durante dos horas, y que en ella vio que su padre se encontraba “animado", pero "había adelgazado”.
A mediados de enero, su esposa había difundido un video en el que dio detalles del estado de Ferrer. "Se niega a alimentarse con la comida que le dan en prisión porque, nos indica, está en muy mal estado. Consume lo poco que nos han dejado pasar: un vaso de leche, agua con azúcar y un puñado de galletas. Por ello exige que se mejore la calidad de los alimentos para todos los presos”, explicó entonces.
Junto a Ferrer también serán enjuiciados los disidentes Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, también miembros de esa organización y para quienes la Fiscalía pide 8 años de cárcel para los dos primeros, y de 7 para el tercero, de acuerdo con el portavoz de la Unpacu, Carlos Amel Oliva.
Ferrer fue condenado en la Primavera Negra del 2003 a 25 años de cárcel por ser uno de los promotores del Proyecto Varela, liderado por el fallecido disidente Oswaldo Payá, y tras cumplir 8 de ellos salió con una licencia extrapenal en 2011. Ese tipo de licencia no implica la condonación de la pena.
Tras su detención en octubre pasado, grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) han solicitado la liberación de Ferrer.
Este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también urgió al Gobierno cubano a liberar “inmediatamente” al disidente alegando que está preso “injustamente”.
“Por el bien del pueblo cubano y por la mejora en su nación, le instamos a liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a dar el primer paso hacia un futuro mejor para Cuba”, señaló Pompeo, a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en una carta difundida por el Departamento de Estado.
El jefe de la diplomacia norteamericana alega que, en los más de cien días que ha estado “injustamente” preso, Ferrer “ha sido arrastrado, encadenado, golpeado y quemado reiteradamente” por agentes del régimen cubano.
Las autoridades cubanas, por su parte, sostienen que Ferrer tiene una “larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad”.
En noviembre pasado, la televisión estatal cubana emitió un inusual reportaje en el que mostró imágenes del opositor en prisión, ofreció detalles de la supuesta agresión por la que fue detenido y acusó a Ferrer de ser un “agente asalariado al servicio de Estados Unidos” y a la embajada de EE.UU. en La Habana de ser “el vehículo de atención y dirección de las acciones y conductas” del disidente.
El Gobierno cubano considera a los disidentes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” y no reconoce tener a ningún preso político en sus cárceles.
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