El presidente Nayib Bukele aseguró que acatará una orden de la Corte Suprema para dejar de presionar a los diputados de su país para que le avalen un millonario préstamo que le permita combatir la delincuencia, en un movimiento con el que parece intentar reducir las tensiones generadas tras llamar a la “insurrección” contra el Congreso.
“Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional... acataremos la orden emanada”, señaló el martes en un comunicado la Presidencia de la República.
Tras un choque de poderes entre el presidente y la Asamblea Legislativa, que se agravó el domingo cuando fuerzas especiales de la policía y de la fuerza armada entraron al recinto legislativo para presionar a que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para impulsar su estrategia de combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte le ordenó a Bukele no usar a las fuerzas de seguridad en “actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos”.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes a Bukele que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
Además, el máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria para una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que había realizado el Consejo de Ministros y ordenó al ministro de la Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados.
Por su parte, los diputados que integran la comisión de Hacienda del Congreso se reunieron el martes para tratar de buscar un consenso a fin de aprobar el préstamo en discusión, pero después de prolongadas intervenciones donde hicieron un recuento de lo ocurrido el domingo decidieron que volverán a encontrarse el lunes.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes dijo a los periodistas que “vamos a acatar lo que la Corte Suprema nos ha mandado, pero eso no impide que sigamos apostándole a la seguridad de El Salvador”.
“Vamos a seguir dialogando para alcanzar los acuerdos políticos necesarios y que los préstamos para seguridad se aprueben. Vamos a llegar todas las veces que la Asamblea lo requiera”, agregó.
En una primera reacción, el mandatario respondió a través de Twitter: “El sistema se auto protege. Y así es como las cosas siguieron igual...”.
Sin embargo, luego la presidencia emitió el comunicado el martes en el que dice que acatará la orden. Sin embargo, también exhorta a la Corte a que al pronunciar su sentencia definitiva, “tome en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad, a través de una interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida en la Constitución al Consejo de Ministros”.
EEUU dice que el ingreso de tropas al Congreso es “inaceptable”
Las imágenes del ejército dentro del Congreso provocaron críticas dentro y fuera de El Salvador, en medio de llamados a Bukele de respetar la institucionalidad democrática.
Estados Unidos hizo saber al gobierno de Bukele que el ingreso de tropas armadas al Congreso es “inaceptable” y “viola la separación de poderes de las instituciones democráticas de ese país”, dijo el martes un portavoz del Departamento de Estado.
“Hemos comunicado ese mensaje al gobierno salvadoreño”, señaló el vocero. “El Salvador ha logrado un récord notable de gobernabilidad democrática desde los Acuerdos de Paz de 1992”, que pusieron fin a una guerra civil de 12 años, agregó.
“Hacemos un llamado a todas las partes para que trabajen juntas y encuentren una solución de acuerdo con la Constitución, en tanto el país busca tomar decisiones sobre la mejor manera de mejorar la seguridad y fomentar el crecimiento económico”.
“Herida mortal”
Mientras el ambiente político retornaba a la normalidad, algunos analistas apuntaron que el país corrió el peligro de romper el orden constitucional.
“Ha sido una herida mortal a la democracia en El Salvador, un golpe del que difícilmente el país va a poder recuperarse, y cuyos efectos los vamos a ver pronto”, declaró a la AFP el analista Carlos Carcach.
Lo ocurrido el domingo mostró “el poco respeto” que tiene Bukele por el Estado de derecho, agregó.
“Creo que es muy positivo que acepten plegarse al estado de derecho”, dijo por su parte a The Associated Press Juan Carlos Fernandez Saca, decano de la Facultad de Posgrados de la Universidad José Matías Delgado. “Afortunadamente han recapacitado y eso le da tranquilidad al país”.
El académico universitario sostuvo que “entendieron que cometieron un error, que no fue correcto” lo que hicieron, y señaló que “ni una sola organización de la sociedad civil en El Salvador, ni organismo internacional, han manifestado apoyo a esa actividad”.
En el epicentro de la crítica quedaron también los militares tras su despliegue en la sede legislativa.
“Ver instrumentalizada la institución armada ensuciando con sus botas el Salón Azul de la Asamblea es verdaderamente perturbador”, reflexionó el analista y profesor universitario Roberto Cañas. Esa acción “ha dejado a todos atónitos y estupefactos”, añadió.
“Creo que el ministro de Defensa deberá dimitir después de ese modo de permitir la actuación de la fuerza armada”, declaró por su parte el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira, a la AFP.
Lo actuado por Bukele, según Tojeira, se basa en “el apoyo popular” que le marcan las encuestas, pero debe saber que un acto como el ocurrido el domingo “le resta popularidad, poder y prestigio internacional”.
El conflicto tampoco es conveniente desde el plano económico, sostiene Cañas, apuntando que las calificadoras de riesgo “se ponen atentas” y pueden rebajar el nivel de confianza para las inversiones, en un país que necesita generar empleo y ayudar al 30% de los 6,7 millones de habitantes que viven en pobreza.
La controversia entre Bukele y los diputados surge después que, a pesar de que la Comisión de Hacienda ya había avalado que se aprobara el préstamo, la cúpula de los dos partidos mayoritarios, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), anunciaran que retiraban el apoyo alegando que necesitaban más información de cómo se iba a usar el dinero.
Bukele respondió que sus ministros han acudido a todos los llamados de los diputados para dar todas las explicaciones que han pedido.
El préstamo sería usado para implementar la Fase III del Plan Control Territorial, con el que según el gobierno y algunos analistas, se ha logrado bajar el índice de homicidios.
Las cifras oficiales indican que en enero se registraron 119 asesinatos, un promedio de 3,8 al día, convirtiéndose en el mes menos violento desde la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.
Cuando Bukele fue juramentado el 1 de junio, se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.
El mandatario atribuye la reducción de homicidios a un despliegue de policías y militares por todo el país.
“El principal logro del gobierno ha sido la disminución considerable de los homicidios y la población mira con buenos ojos el Plan Control Territorial”, sostuvo Fernandez Saca.
(Con información de AP, EFE y AFP)