Una guerra silenciosa en Nicaragua: masacran a indígenas para despojarlos de sus tierras

“Las autoridades del Estado son cómplices”, afirma Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), pocos días después de que un grupo de colonos incursionara violentamente en una comunidad de la selva nicaragüense y matara a cuatro indígenas, hiriera a otros dos y quemara 12 de sus ranchos.

Es la primera masacre del año, pero la enésima de una larga guerra de desplazamiento que sostienen colonos, generalmente llegados desde el pacífico y centro de Nicaragua, contra los indígenas asentados en los territorios que les pertenecen desde tiempos inmemoriales y que una ley especial les dio en posesión y administración. Es una guerra silenciosa de la que poco se habla en Nicaragua.

El 29 de enero pasado, unos 80 colonos armados atacaron a un grupo de indígenas mayangnas mientras realizaban faenas de caza y pesca en la reserva Reserva de Biósfera Bosawás, en el Caribe nicaragüense, y luego entraron al poblado de Alal donde quemaron 12 casas y aterrorizaron a sus pobladores.

En este sector viven unos 12 mil indígenas mayagnas, distribuidos en 23 comunidades. En Alal, la comunidad atacada, viven unas 800 personas.

“Nosotros necesitamos entender por qué hay tantas personas armadas”, dice Lottie Cunningham. “No son personas humildes, campesinos humildes que están ahí, sino que muchos de ellos son exmilitares, y puede ser que hayan engañado a otras familias y han entrado, pero eso es responsabilidad del Estado”.

En el Caribe nicaragüense existen 304 comunidades indígenas de los pueblos mayangnas, miskitos, ramas, garífunas y afrodescendientes. La ley 445 aprobada en 2002, les dio unos 36 mil kilómetros cuadrados de territorio para su posesión y administración con sus propias autoridades.

“De las 304 comunidades indígenas, 270 han hecho denuncias de la gravedad en la que viven”, señala la defensora de derechos humanos. “Los comunales no tienen capacidad para dirimir ningún conflicto con terceros. Es responsabilidad del Estado”.

Sucede que este territorio indígena sufre invasiones de colonos que llegan en oleadas buscando como asentarse. Se dedican principalmente a la extracción de madera, ganadería, la minería artesanal y la siembra de palma africana y cacao.

El organismo de derechos humanos que dirige Cunningham ha documentado, desde 2015 a la fecha, 40 indígenas asesinados por colonos, 50 lesionados, 44 secuestros, cuatro desaparecidos y el desplazamiento forzoso de miles de indígenas de sus parcelas. “Hay una crisis humanitaria”, alerta Cunningham.

Dice que entre 2012 y 2014 el asesinato y las lesiones eran muy ocasionales pero la violencia se incrementó drásticamente a partir de 2015. Doce de las comunidades indígenas tienen medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos de la OEA.

“Los colonos en su mayoría son ex militares apoyados por las autoridades del gobierno de forma clientelar y actúan violentamente para extender su presencia y ocupar las tierras indígenas”, denuncia Cunningham.

“Para detener esos crímenes y masacres, las autoridades del Estado deben proceder a sanear los territorios de los indígenas”, afirma. “Sanear” significa completar la titulación de las tierras que la ley les asignó y desalojar a los colonos que llegan, tumban el bosque para siembra, explotación de madera y crianza de ganado, y, una vez inutilizadas las parcelas, avanzan en la profundidad de la selva en una práctica depredadora que está terminando con los bosques.

“Tenemos pruebas de que muchos de esos despales fueron causados por la tala ilegal de madera que inició con el Alba Forestal”, dice Lottie Cunningham. Alba Forestal es una empresa maderera privada, parte del consorcio empresarial que fundó Daniel Ortega y su familia con el dinero de la cooperación petrolera venezolana.

“En las comunidades donde hay mayores recursos económicos es donde se registra el mayor incremento en la violencia”, agrega. “Desde el 2012 hemos hablado eso con las autoridades pero ahora nos han cerrado los espacios a nosotros, los centros de derechos humanos que hemos venido demandado al Estado de Nicaragua para que cumpla con todas estas investigaciones y esclarezca los hechos. Desde ese año hemos venido diciendo que se tiene que investigar, sin embargo el Estado de Nicaragua ha venido omitiendo su responsabilidad”.

Hasta ahora no hay nadie detenido por la masacre del 29 de enero pasado, y la Policía nicaragüense dio un tratamiento errático al hecho.

En un primer comunicado, el 30 de enero, la Policía informó sobre “el fallecimiento de dos personas de sexo masculino a consecuencia de impactos con arma de fuego”. Al día siguiente, sin embargo, otro comunicado señaló que “no hay evidencias de personas fallecidas”, aunque sí reconoció la “quema de 12 chozas”. Un líder indígena dijo no entender por qué la Policía decía eso si los oficiales enviados a la comunidad participaron en el entierro de al menos dos de las víctimas.

El 1 de febrero, cuando ya circulaban profusamente videos y fotografías de los muertos, heridos y funerales, la Policía sacó un tercer comunicado donde esta vez sí reconocía cuatro muertos.

La CIDH condenó en su cuenta de Twitter “el ataque de colonos a la comunidad mayangna” y recordó que “ese patrón de ataques viene repitiéndose en Nicaragua hace años”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció en la red social. “Condenamos el asesinato y desaparición de líderes indígenas Mayangna en Nicaragua. Urgimos al Gobierno que investigue los hechos y traiga justicia a las víctimas a fin de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en su territorio”, escribió.

Sobre este hecho, el periódico oficialista 19 Digital presentó al líder mayangna Taymond Robins quien asegura que “el gobierno le está dando tratamiento” y confía en que se aplicarán las leyes.

"Nosotros tenemos fe, seguridad de que nuestro Gobierno va a continuar aplicando las leyes, va a continuar trabajando de manera in situ en las comunidades, en los territorios, en las áreas que están siendo afectadas para tener una consecución de la problemática y aplicar las leyes con esta gente ”, declaró Robins al periódico digital.

Cunningham insiste en la responsabilidad del Estado, tanto por negligencia como por conveniencia, en este clima de inseguridad y violencia. “Nosotros hemos dicho que las autoridades del Estado son cómplices de esta situación porque no asumen su responsabilidad para investigar los hechos de estos crímenes, las desapariciones. Desde 2015 para acá han estado en impunidad”, afirma.

Dice que las incursiones violentas de colonos buscan crear terror entre los indígenas para que abandonen sus territorios. “Las mujeres dicen que sus hijos tiemblan, no quieren ir a la escuela porque han escuchado que los colonos han masacrado a los hermanos mayangnas. ´Hoy no voy a ir a la escuela, hoy van a venir los colonos´, dicen. Así viven en ansiedad y temor. El propósito de los colonos es apropiarse de los territorios indígenas. Van metiendo temor”.

A pesar de los repetidos ataques de colonos, los indígenas, huérfanos de la protección del Estado, han desarrollado poca capacidad para defenderse. “Las comunidades no tiene autodefensa. No se han organizado ni ha tenido entrenamiento de ese de tipo. Si ha habido alguna defensa, ha sido espontánea que ellos han tenido en los momentos en que la violencia incrementa y han usado sus armas artesanales”, dice.

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