Denuncian profanaciones de tumbas y suicidios “dudosos” por ahorcamientos en celdas policiales de Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció en su último informe bimestral la profanación de tumbas de algunas víctimas de la represión y dos casos de suicidios por ahorcamiento ocurridos en celdas policiales que el organismo califica de “dudosos”.

El informe titulado “Nicaragua: entre el incremento a la impunidad y la represión” recoge las violaciones a los derechos humanos registrados por el CENIDH en los meses de noviembre y diciembre de 2019.

“Son modalidades nuevas que se dieron precisamente en este periodo”, señala la directora del CENIDH Vilma Núñez de Escorcia. “Las profanaciones se dieron aprovechando el Día de los Difuntos (2 de noviembre). Son políticas porque fueron dirigidas a víctimas de la represión y en tumbas pintadas de azul y blanco. Es un escarnio más. Demuestra odio y perversidad. Ni muerto te dejan descansar”.

Según el informe, “el 6 de noviembre del 2019 el CENIDH recibió reporte de la violación a la tumba del joven Josué Israel Mojica García, de 20 años, asesinado el 7 de julio en Carazo, durante la Operación Limpieza” que ejecutaron paramilitares y policías para despejar las vías tomadas por quienes protestaban con barricadas contra el régimen de Daniel Ortega.

La madre del joven asesinado, Elizabeth Velázquez, dijo que tuvo noticias de la profanación mientras compraba flores para la tumba. “El impacto fue muy fuerte para mí. Pensé que habían sacado el cuerpo de mi hijo y me desesperé”, dijo en su testimonio. Al llegar al cementerio encontró, dice el informe, que “la lápida y una cruz de cerámica fueron quebradas, no se sabe si a martillazos, pedradas o patadas”.

“Son los mismos sandinistas. Me destruyeron mi vida, mataron a mi hijo y siguen todavía. ¿Quiénes más van a ser, si solo la bóveda de él (destruyeron)?… Son ellos mismos”, denunció Velásquez ante los medios de comunicación.

Días antes, otra madre de joven asesinado, Eva Ruth Campos, denunció a través del diario La Prensa que simpatizantes del gobierno “mancharon con aceite negro, marcaron con ofensas y frases amenazantes la tumba de su hijo, José Manuel Narváez Campos, asesinado el 8 de julio del 2018 en la barricada de Jinotepe, durante la operación limpieza”.

“En ese momento solo sentí deseos de llorar, ya a él no lo dejan descansar… En los alrededores estaban los cuidadores, pero no les dije nada porque andaba solamente con mi hija, y porque la verdad siento hasta un poquito de temor”, expresó Campos al diario.

El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, condenó los “hechos sacrílegos”. “Debemos respetar nuestras tumbas, porque ahí descansa un santo, creo que los santos están aquí y aquí los guardamos y aquí lo recordamos y aquí oramos por todos ellos”, dijo el cardenal Brenes en referencia a estas profanaciones.

El CENIDH señala en el informe que la violación a la tumbas, además de ser “un acto repudiable” es un delito castigado con prisión según las leyes de Nicaragua. El artículo 249 del Código Penal de Nicaragua dice: “Cualquiera que cometa actos de profanación en el cadáver o en las cenizas de una persona, y cualquiera que, con un fin injurioso, o simplemente ilícito, sustrajere fraudulentamente el todo o parte de los despojos o restos mismos, o de alguna manera viole un túmulo o urna cineraria, será castigado con prisión de 6 meses a 3 años”.

El informe del CENIDH también expone dos casos de ahorcamiento en las celdas de la Policía que el organismo considera “dudosos”.

Uno de ellos es el de Jeferson Nicolás Abarca Lezama, de 18 años, de la ciudad de León, quién según la Policía “se colgó del techo de su celda el 6 de noviembre de 2019, a las 4:10 de la tarde”.

Abarca Lezama, según una nota de prensa policial, tenía antecedentes delictivos y se le detuvo el 4 de noviembre pasado por “amenazar con machete y despojar al menor de iniciales C.E.B.Z., de su bicicleta”.

El informe forense dice que el joven murió por “asfixia mecánica”, que es como técnicamente llaman al ahorcamiento. Sin embargo, para el abogado del CENIDH, Norlan Gómez, hay razones para creer que fue asesinado en una sesión de tortura y que no se trata de un suicidio.

“Cuando recabamos el testimonio con la madre, nos relató que ella logró entrar hasta la celda donde estaba colgado el muchacho y encontró que estaba ahorcado pero tenía la manos esposadas hacia adelante, colgaba de un mecate de unas hamacas y tenía las costillas golpeadas. Nos llamó la atención a nosotros que también no tenía la lengua de fuera, que es una característica de ahorcamiento”, dice Gómez.

Según el abogado, el joven fue capturado el lunes 4 de noviembre y el martes la madre presenció cuando agentes de policía estaban golpeando a su hijo. “Quiso intervenir y fue expulsada de la delegación policial. Al día siguiente regresa y ya encuentra a su hijo en esas condiciones (muerto)”, explica.

Según la madre, María del Pilar Lezama, cuando les entregaron el cuerpo del joven ya no tenía ninguna seña. “Lo abrieron para enderezarle las costillas. A mí no me dieron nada, ningún documento, solo me hicieron firmar unos papeles… Ellos me mataron a mi muchachito”, afirmó en su denuncia.

Otro caso de “ahorcamiento dudoso” para el CENIDH es el de René Alberto Quintero Dávila, de 36 años, quien según la policía “el viernes 8 de noviembre de 2019, a las 7:00 de la mañana, en las celdas preventivas de la delegación policial de Jinotepe, departamento de Carazo, se suicidó colgándose del techo de su celda”.

Dora Dávila, madre del fallecido, no cree la versión del suicidio. “Ellos dicen que se ahorcó con una faja, pero cuando una persona está siendo investigada por un delito y es ingresado a una celda, siempre es despojado de sus pertenencias, incluyendo el cinturón… eso es mentira, porque mi hijo nunca haría eso, también eso que dicen ahora que es jefe de una banda, (es falso)” dijo al diario La Prensa.

Norlan Gómez, abogado del CENIDH, considera que estos ahorcamientos son el resultado de sesiones de tortura que se salieron de control. “En otros testimonios, sobre todo de excarcelados políticos, ha sido un patrón de la Policía Nacional que para conseguir información o confesiones que ellos quieren que los privados de libertad se comprometan a decir, los torturan, y una forma es que los cuelgan hasta el nivel de inconsciencia, y cuando están desmayados los bajan, y cuando la persona reacciona lo vuelven a colgar y así sucesivamente. Es un método de tortura”, dice.

“Este caso (el de Jeferson) lo investigamos a fondo”, dice la directora del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia. “Tenemos todos los detalles, testimonio de la mamá, incluso video. Es un comportamiento perverso. Yo estoy segura que están recibiendo entrenamiento específico para actuar así contra los presos políticos. Ahora están aplicándoselos también a los reos comunes”, señala.

Núñez hace notar que ninguna de las múltiples denuncias contra la Policía ha derivado en castigos o investigaciones. “El caso de Jeferson se le presentó a la Fiscalía y a Asuntos Internos de la Policía pero no hay investigación”, dice Núñez.

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