Un tribunal de primera instancia chileno sobreseyó este miércoles a siete carabineros imputados por torturas en la Plaza Nuñoa de la capital, Santiago, en el marco de las protestas que tienen lugar en el país desde el pasado 17 de octubre. No obstante, el juez ha reconocido la “eventual” comisión de lesiones graves.
El abogado defensor de la mayoría de los oficiales, Mario Vargas, celebró la decisión: “Es un fallo contundente, el tribunal dijo que además no había delito de exceso de fuerza policial, que es lo que nosotros decíamos que, a lo más, podía existir”, indicó Vargas. “El sobreseimiento es definitivo por no existir delito, ni participación”, ha agregado.
Sin embargo, la Fiscalía de Chile rechazó la decisión del tribunal y ya ha anticipado su voluntad de apelarla “en los próximos días”.
“Simplemente no compartimos la resolución y vamos a apelar el sobreseimiento definitivo”, expresó el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. No obstante, valoró que haya sido la justicia ordinaria la que se haya encargado del caso “y no la judicatura militar”.
Este es el primer caso en el que miembros de carabineros han sido imputados por torturas en el marco de la convulsión social que tuvo lugar en Chile a finales del año pasado, y cuyas reberveraciones continúan en 2020. Las imágenes de los hechos por los cuales se realizó la acusación fueron transmitidas por televisión y muestran a un grupo de efectivos de las Fuerzas Especiales chilenas agrediendo a un hombre mayor de mediana edad.
Sin embargo, el sobreseimiento de la causa no es el primer revés de la Fiscalía en casos que involucran a carabineros y manifestantes desde octubre. A principios de enero, una corte de apelaciones revocó la prisión preventiva de otros seis agentes acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante de Medicina Josué Maureira.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente, lo mismo que sus denuncias, que pasaron a abarcar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente del país, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una “agenda social”. Sin embargo, al continuar las protestas, la gran mayoría de los partidos políticos llego a un acuerdo para reformar la Constitución del país, que, a pesar de haber sido enmendada en distintas ocasiones, data de la dictadura de Augusto Pinochet.
El pasado 23 de diciembre, Piñera promulgó la ley que habilita a convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir la manera en que se cambiará la carta magna.
La ciudadanía podrá elegir entre una convención mixta, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos, o una asamblea integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.
Los manifestantes culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país, ya que le concedió al Estado un rol secundario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
En la última encuesta de Plaza Pública de Cadem sobre el proceso para elaborar una nueva Carta Magna, el 86 por ciento de los encuestados se ha mostrado a favor. El 75 por ciento, en tanto, cree que hará de Chile un país mas justo.
Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una visita al país entre el 26 y el 31 de enero para “conocer la situación de los DDHH en el país y observar la situación vinculada a las protestas sociales en sus causas y consecuencias”.
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