Tortura en Nicaragua: policías y paramilitares marcan en la piel a los opositores del régimen de Daniel Ortega

Pablo Cuevas ha atendido ocho casos de personas que llegan con la piel marcada en sangre. Cuevas es asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua y las víctimas llegan a su oficina porque no tienen dónde más poner sus denuncias. En muchos casos son policías quienes infligieron las marcas, en otros paramilitares, y Cuevas considera que no son acciones aisladas de “mentes enfermizas” sino parte de una política de Estado que busca imponer el terror entre quienes piensan diferente.

“La tortura es una manifestación calculada. No hay casualidad. No es producto de la mente enfermiza de los oficiales de policía, es una actitud dirigida por el Estado con el objetivo de sembrar el miedo”, señala.

“Es un mensaje de sometimiento”, añade. “En los tiempos del nazismo, además de sembrar terror se buscaba mandar el mensaje que las personas tienen dueño. Que existe alguien o una organización que puede hacer con ellos lo que quiera. Están marcados para ser sometidos. El objetivo es ese mensaje”.

No se sabe con exactitud cuántas personas han sido marcadas. Cuevas cree que son mucho más de las que él ha atendido, porque la mayoría tiene miedo de exponer su caso. “Unos padres trajeron a una muchacha de 18 años a la fuerza. Venía aterrorizada. Estaba indispuesta a denunciar. Partiendo de eso, seguro hay más casos. Quedan tan aterrorizados, y con toda la razón del mundo, que mejor se callan”, dice Cuevas.

Entre los marcados hay niños, jóvenes y adultos. Hombres y mujeres. Las marcas las hacen en los brazos, piernas y espaldas, y en los casos conocidos se limitan a dos leyendas. Una es “FSLN”, las siglas del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. La otra es “PLOMO”, un acróstico con la consigna “Patria Libre o Morir” que los simpatizantes del régimen usan como sentencia contra los opositores.

“Desde septiembre de 2018 a la fecha yo he atendido ocho casos. Niños y adultos. El último fue el jueves, un jovencito de 16 años, de Carazo, y dos de esos casos afirman que quienes los han marcado o han dirigido las marcaciones son cubanos”, explica el defensor de Derechos Humanos.

El primer caso que se conoció fue el de un adolescente de 14 años. Una decena de agentes de Operaciones Especiales lo detuvo camino a su colegio en agosto de 2018 por llevar una gorra con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua que los opositores han usado para identificar sus protestas.

El adolescente fue llevado a una estación policial, donde con una jeringa le tatuaron las siglas “FSLN” en el brazo mientras lo interrogaban de temas que el muchacho ni siquiera entendía. En su denuncia ante la CPDH dijo deducir que uno de sus agresores “era cubano” porque hablaba con un acento “igual al de la doctora (Ana María) Polo, de Caso Cerrado”.

También se conoció el caso de dos hermanas, de 20 y 26 años, que el lunes 21 de octubre fueron secuestradas por paramilitares cuando caminaban cerca de su casa a eso de las siete de la noche. Según su denuncia, cuatro sujetos encapuchados las subieron a una camioneta, las amarraron de pies y manos y les pusieron capuchas. Las llevaron a un lugar que desconocen. Una vez ahí las dejaron en ropa interior, las golpearon, las insultaron y les hicieron tocamientos sexuales.

“Me golpearon las costillas, me amarraron con bridas, me dieron una patada en la cadera, y luego procedieron a marcarme no sé con qué, fue algo filoso, con la palabra PLOMO’”, dijo en su testimonio ante la CPDH la menor de las hermanas.

A la seis de la mañana del día siguiente, luego de once horas de terror, los paramilitares dejaron a las mujeres en una carretera cercana a Managua.

Estas hermanas atribuyen la saña contra ellas al apoyo que brindaron a estudiantes de la Universidad Politécnica (Upoli) cuando estuvo tomada en protesta contra el régimen de Ortega. “Comenzamos apoyando con víveres e insumos médicos y luego atendiendo heridos en el hospitalito”, explicó una de ellas.

Ambas hermanas se fueron al exilio debido al acoso que siguieron sufriendo.

Otro caso: Leonardo Rivas Guevara. Este joven de 23 años tenía seis días de desaparecido cuando en la madrugada del 16 de junio pasado lo dejaron tirado igualmente en una carretera cercana a Managua. Estaba golpeado, rapado y con las siglas “FSLN” marcadas en la espalda.

Todas las víctimas han estado, en mayor o menor medida, involucradas en las protestas contra el gobierno de Ortega, según ha constatado la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las pocas organizaciones de este tipo que aún queda funcionando legalmente en Nicaragua. A otras el régimen de Ortega las ha ilegalizado y confiscado sus bienes, o sus miembros han tenido que huir al exilio, desde donde monitorean las violaciones a los derechos humanos que se suceden en Nicaragua.

Este jueves el abogado Pablo Cuevas acompañará a la madre de un joven de Carazo que recientemente fue marcado, en la denuncia que interpondrán en la Policía. Es el último caso que se conoce.

“Me lo agarraron tres sujetos frente al cementerio, uno le puso un trapo en la boca y lo metieron dentro del carro. Uno de ellos le agarró el brazo izquierdo a mi hijo y se lo metió entre las dos piernas de él y me lo marcaron con la palabra PLOMO y abajo FSLN”, relata la madre que pidió no pusiéramos su nombre por seguridad.

Esta vez, según el testimonio del muchacho, el secuestro duró solo unos 10 minutos. Ya en otra ocasión habían intentado echarle una camioneta cuando caminaba por las calles de su ciudad.

“No me explico por qué le hicieron eso”, dice la madre. “Nosotros no tenemos enemigos. Y no sé ni quiénes fueron porque yo no puedo decir fue Fulano o Zutano porque nosotros no tenemos enemistades”.

Este sería el primer caso cuya denuncia llega a la Policía. “A las víctimas les da miedo ir a la Policía. Ellas saben que son los mismos que las torturaron”, dice Cuevas. El primer caso, el del adolescente de 14 años, llegó al Ministerio Público en septiembre de 2018. “Nunca nos dieron una respuesta”, dice Cuevas.

La CPDH inscribe a las personas marcadas a sangre en un programa para víctimas de tortura, donde reciben atención sicológica y médica, fisioterapia, y asesoría legal. La gran mayoría cargará con esas marcas en su piel por toda la vida.

“Mi hijo ahora solo miedo es. No puede salir ni a la puerta. Solo es llorar y llorar. No come tranquilo”, se lamenta la madre de la última víctima. “Ahora las marcas están como brotadas. Le voy a comprar una pomada para echársela a ver si eso le cicatriza. Porque a él le gusta andar de camisola. Usted sabe como son los chavalos”, dice.

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