La Fiscalía brasileña presentó este martes denuncia penal por el delito de homicidio contra 16 ejecutivos del gigante minero Vale y de la firma alemana TÜV SÜD por su responsabilidad en el colapso hace un año de una represa de residuos minerales que dejó al menos 270 muertos.
Además del delito de homicidio doloso doblemente calificado contra los empleados, el Ministerio Público del estado de Minas Gerais acusó a los 16 ejecutivos, así como a ambas empresas directamente, de diversos delitos ambientales, ya que el vertido de residuos minerales afectó ríos, bosques y comunidades de la región.
La denuncia fue presentada a la Justicia a sólo cuatro días de cumplirse un año de la tragedia provocada por la ruptura de una de las represas en que Vale almacenaba residuos de la mina Córrego do Feijao, ubicada en Brumadinho, un pequeño municipio de Minas Gerais.
La represa de la mayor productora y exportadora de hierro del mundo se rompió el 25 de enero de 2019 y la avalancha de los residuos y del lodo que contenía provocó una tragedia que contabiliza 259 muertos ya identificados y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la propia minera.
La Fiscalía decidió denunciar a los responsables del delito de homicidio debido a que, según la acusación, mediante la ocultación de informaciones sobre la inminencia de un colapso en la represa, “dificultaron la defensa de las víctimas e hicieron imposible que centenas de personas huyeran”.
Según los fiscales, la minera contaba con diversos documentos internos en que constaba que la situación de la represa era de riesgo pero “de forma sistemática ocultó estas informaciones al poder público y a la sociedad”.
Entre los denunciados figura Fabio Schvartsman, que presidía la Vale cuando ocurrió la tragedia, y otros diez ejecutivos del gigante minero.
La denuncia se extiende a cinco empleados de TÜV SÜD, una empresa alemana con sede en Múnich y filiales en varios países del mundo, responsable de la emisión de certificaciones de seguridad de instalaciones industriales.
La filial de la compañía en Brasil realizó una inspección de las condiciones de seguridad de la represa colapsada en septiembre de 2018, cuatro meses antes de su colapso, y en su informe dijo no haber identificado ningún problema.
Para el Ministerio Público, sin embargo, las investigaciones demostraron una “relación promiscua entre ambas empresas para esconder del poder público una inaceptable situación de seguridad en varias de las represas de desechos de Vale”.
La coordinadora de los fiscales que investigaron las causas de la tragedia, Andressa Lanchotti, alegó que en la época de esa inspección ya había varios indicios de que la represa no era segura y de que su colapso podría generar una tragedia.
De acuerdo con Lanchotti, en la época TÜV SÜD estaba interesada en presentar un informe positivo para garantizar otros contratos con Vale, por lo que la minera rechazó los servicios de otra empresa de consultoría que se negó a certificar la seguridad de la presa.
En una rueda de prensa que concedió el lunes, el procurador general de Minas Gerais, Antonio Sergio Tonet, afirmó que la Vale ha ofrecido poca colaboración con las investigaciones y la ayuda a las víctimas.
“Vale no ha hecho nada de forma voluntaria. Todo lo que hizo fue ordenado por la Justicia u objeto de acuerdo entre las partes. La empresa tiene obligación de reparar los daños y de indemnizar de forma integral a las víctimas”, afirmó.
Agregó que el Ministerio Público ha intentado agilizar la adopción de medidas compensatorias pero que, por falta de respuesta de Vale, le corresponderá a la Justicia decidir sobre las responsabilidades de la minera.
Tonet recordó que la Justicia ya ordenó preventivamente el embargo de 10.000 millones de reales (unos 2.380 millones de dólares) de las cuentas de Vale para garantizar el futuro pago de indemnizaciones y compensaciones.
“Es apenas la primera etapa de un proceso complejo que va a demorar aún muchos años. Pero nuestras instituciones han demostrado capacidad para garantizar que alcancemos la reparación total de los daños ambientales, las compensaciones debidas y la indemnización a los familiares de las víctimas”, dijo.
Además del Ministerio Público de Minas Gerais, la tragedia también es investigada por la Policía Federal brasileña, que está esperando un laudo pericial que encomendó a dos universidades europeas antes de presentar su denuncia.
Para el comisario de la Policía Federal, Luiz Augusto Pessoa, la “licuefacción” de desechos minerales sería la probable causa del vertido pero el origen de la misma todavía es un “desafío”.
De acuerdo con un informe técnico de la Agencia Nacional de Minería (ANM) divulgado en noviembre, Vale omitió una serie de anomalías que podrían haber evitado el colapso que generó un alud de agua y residuos minerales que se desplazó por varios kilómetros arrastrando y sepultando vegetación y residencias.
Con información de EFE
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