El gabinete del presidente Mario Abdo Benítez se mostró dividido frente a la fuga masiva en una cárcel de la localidad de Juan Pedro Caballero en la que escaparon varios presos miembros del grupo brasileño Primer Comando de la Capital (PCC).
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, no dudó en apuntar a una posible complicidad de las autoridades. “Esto no fue un trabajo de un solo hombre y tampoco algo que se hace un día, es imposible que nadie sepa nada, no puede ser que nadie haya visto algo”, dijo en una de sus primeras declaraciones tras conocer la noticia, que calificó como “un hecho extremadamente grave” y de “seguridad nacional”.
Sin embargo, el titular de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, defendió a los militares que custodiaban el perímetro de la penitenciaría. “Ellos no tienen atribución para solicitar la identificación de personas que entran y salen por accesos normales habilitados. Para los que se fugan por túneles es otra cosa”, dijo este lunes, en diálogo con radio ABC Cardinal.
Las garitas más cercanas al túnel que habría sido utilizado en la fuga están a menos de 100 metros de distancia, pero no se emitió ninguna alerta durante la madrugada del domingo. “Lamentablemente, este hecho afecta a los efectivos militares. Tenían una responsabilidad de cobertura externa. Vamos a ver y corregir lo que se tenga que corregir para seguir cumpliendo”, expresó Soto Estigarribia, quien aclaró que la vigilancia de los penales “no es una función normal de los militares”.
En tanto, la ministra Pérez anunció el domingo la destitución del director general de Establecimientos Penitenciarios, Joaquín González, del director del penal y de varios guardias. Según reportó, entre los fugados estarían seis lugartenientes de “Minotauro”, detenido hace un año en Brasil y uno de los jefes PCC.
Además, recordó que su cartera había anunciado el pasado diciembre que contaba con informaciones sobre un plan de fuga en varias cárceles del país de cabecillas del PCC, una de ellas la de Pedro Juan Caballero. Según esos reportes, desde el PCC se estaría aportando unos 80.000 dólares para posibilitar esas fugas.
Fundado en 1993 durante una rebelión en una cárcel de San Pablo, el PCC ha expandido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible.
El PCC cuenta además con “soldados” paraguayos, muchos de los cuales son reclutados en las cárceles, según admiten las autoridades. Esa corrupción hace que esos criminales prefieran cumplir sus penas en Paraguay.
El caso más notorio fue el del narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, que en noviembre de 2018 mató a una joven de 18 años que fue a visitarle a la Agrupación Especializada, en Asunción, donde se encontraba recluido.
(Con información de EFE)
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