La Fiscalía de Bolivia ha anunciado la admisión de una denuncia contra los seis ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitaron en 2016 a Evo Morales como candidato a la reelección presidencial pese al referéndum de ese mismo año en el que ganó el ‘No’ a la propuesta de reforma constitucional necesaria para ello.
Las ex autoridades serán juzgadas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. “El proceso se ha reconducido. Se ha decidido iniciar la acción penal desde el Ministerio Público”, ha explicado el fiscal de materia Cristian Durán en declaraciones al periódico ‘Página 7’.
Uno de los denunciantes, Gualberto Cusi, era uno de los magistrados elegidos en las elecciones judiciales de 2011. El mismo, junto a sus colegas Rosario Chanez y Ligia Velásquez, se opusieron a la pretensión de Evo Morales, quien -con el argumento de que era “su derecho humano”- pedía ser habilitado para ser candidato de forma indefinida.
Sin embargo, Cusi, Chanez y Velásquez fueron apartados de sus cargos y sometidos a un juicio de responsabilidades supuestamente por haber afectado con una resolución la aplicación de la Ley del Notariado.
Por otro lado, al término de su mandato, en 2018, los seis e magistrados que avalaron la reelección del e xpresidente Morales fueron designados en importantes cargos del gobierno, que para la oposición confirmó su subordinación al partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
La resolución que dio vía libre a la reelección de las autoridades en las elecciones del 20 de octubre de 2019 fue emitida en noviembre de 2017, pese a que en el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 la población rechazó la reelección de Evo Morales.
Evo Morales dimitió como presidente el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre y en medio de protestas populares y la falta de apoyo de Policía y Ejército. Morales asegura que fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.
Jeanine Áñez habló de Evo Morales
La presidenta interina de Bolivia calificó al ex presidente como “una persona violenta que está enloquecida porque ha perdido el poder”, por lo que pidió a los seguidores del exmandatario que no lo escuchen. “Espero que reflexionen, que no le hagan caso a estas actitudes violentas de Evo Morales”, manifestó Áñez a los medios tras un acto en la ciudad boliviana de Cochabamba.
"Estamos cansados de violencia", dijo la mandataria interina, quien apuntó que Bolivia vive "un proceso de transición pacífico que nos va a permitir aires de libertad".
Bolivia tiene convocadas nuevas elecciones para el próximo 3 de mayo, después de que fueran anuladas las de octubre del año pasado.
Las declaraciones de Jeanine Áñez se producen un día después de que a través de redes sociales Morales se retractara de unas declaraciones en las que llamaba a formar milicias en su país, una disculpa que el Gobierno transitorio calificó de “irrelevante”. El ex presidente se encuentra desde el mes pasado en Argentina, donde solicitó refugio, tras haber estado antes asilado en México después de salir de Bolivia en noviembre pasado denunciado un golpe de Estado para derrocarlo.
Morales fue proclamado vencedor de las elecciones de octubre, entre denuncias de fraude a su favor e informes de organismos internacionales sobre irregularidades, tras lo que anunció su renuncia y denunció el golpe en su contra. “Quiero que sepan, de acá a poco tiempo, si volvería, o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo”, dijo el ex mandatario en ese entonces desde Argentina en un audio difundido por una radio en Bolivia.
Bolivia ha expresado al Gobierno de Argentina su malestar por este tipo de declaraciones de Morales, exigiendo que no permita que desde allí haga manifestaciones que puedan interferir en la política boliviana, con una queja similar a la que en su momento presentó a México.
Morales tiene una orden de aprehensión en su contra, después de que el Ejecutivo de Áñez le acusara de delitos como terrorismo por supuestamente incitar desde el exterior a la violencia en Bolivia.
Con información de Europa Press y EFE
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