El Tribunal Constitucional dio este martes un respaldo definitivo a la decisión del Gobierno de Perú de disolver el Parlamento al rechazar la demanda presentada por el ex presidente del Congreso Pedro Olaechea y sus aliados de la oposición fujimorista.
En una audiencia pública, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) dieron cuatro votos a favor de declarar infundada la demanda, y tres votos en contra, después del debate de la ponencia expuesta por el magistrado Carlos Ramos sobre la constitucionalidad de la medida.
SIGUEN ADELANTE LOS COMICIOS
Con esta decisión, el cierre del Congreso resuelto por el mandatario Martín Vizcarra, el pasado 30 de septiembre, queda definitivamente sellado por esta última instancia de la justicia.
Los magistrados habían adelantado que respaldaban las elecciones legislativas del próximo 26 de enero, que tienen previsto reemplazar a los congresistas disueltos para que terminen el periodo de estos en julio de 2021.
La titular del TC, Marianella Ledesma, declaró durante el debate de la demanda competencial que "al haberse negado una confianza por segunda vez (al Ejecutivo) resultaba legitima la disolución del Congreso" y que, por ese motivo su voto era a favor de que se declare infundada la demanda.
DISOLUCIÓN DEL CONGRESO FUE CONSTITUCIONAL
El magistrado ponente, Carlos Ramos, ratificó en declaraciones a los periodistas que "no se dio la confianza" al Ejecutivo, cuando el primer ministro, Salvador del Solar, se acercó al Parlamento, en plena crisis con la oposición, para pedir que se detenga una irregular elección de magistrados del TC.
Ramos insistió en que "la disolución del Parlamento es competencia del Ejecutivo cuando la confianza ha sido denegada", lo cual fue de público conocimiento, según indicó.
Votaron a favor de rechazar la demanda los magistrados Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos.
Los votos en contra fueron emitidos por Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón.
Blume dijo que discrepaba abiertamente con la ponencia de Ramos porque consideraba que el mandatario peruano había incurrido en una infracción de la Constitución al usar "una figura inexistente para disolver el Congreso" debido a la "denegación tácita de la cuestión de confianza".
El ex presidente del Congreso y actual titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, había solicitado que se declare que una cuestión de confianza a un Consejo de Ministros solo puede ser otorgada por el Congreso de forma expresa, mediante una votación del pleno, y “no de manera tácita o ‘fáctica’”, como indicó Vizcarra.
VIZCARRA CIERRA EL CAPITULO
En una rápida reacción, el jefe de Estado escribió en Twitter que "la actuación de este Gobierno es, y ha sido siempre, respetando nuestra Constitución".
"La decisión tomada el 30 de setiembre del 2019 es una muestra de ello. Hoy el TC, máximo intérprete de la Constitución ha cerrado este capítulo. Sigamos trabajando juntos", sentenció.
El TC ya se había pronunciado parcialmente sobre la disolución del Congreso el 29 de octubre pasado, cuando rechazó una medida cautelar de Olaechea para que el Legislativo vuelva a ejercer sus funciones, con lo que dio por consumado el cierre del Parlamento.
Sin embargo, ese mismo día aceptó a "trámite" la revisión de la constitucionalidad de la medida de Vizcarra y anunció que se tomaría tres meses para dar una resolución sobre el caso.
RAZONES PARA DISOLUCIÓN
El presidente tomó la decisión de disolver el Congreso, que era dominado por la oposición fujimorista, tras considerar que este le había negado en dos ocasiones la confianza a su gabinete de ministros, un caso en el que la Constitución lo habilita para aplicar esa medida extrema.
Vizcarra convocó de inmediato a elecciones legislativas extraordinarias para el próximo 26 de enero, en las que se elegirá a los 130 parlamentarios que completarán el período 2016-2021.
Con información de EFE
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