La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado este sábado su “preocupación” por el joven chileno atropellado por los Carabineros este viernes y ha criticado que los “casos de personas heridas” en el marco de las manifestaciones “continúan ocurriendo” en el país.
En este contexto, la entidad ha llamado a las autoridades chilenas a “asegurar” que las personas puedan ejercer el derecho de reunión pacífica “sin restricciones, autorizaciones previas ni riesgos para su integridad física y otros Derechos Humanos”, según un comunicado difundido a través de Twitter.
Además, ha urgido a asegurar que las fuerzas del orden público sigan “estrictamente” las normas internacionales sobre el uso de la fuerza “en todo momento”.
Por otra parte, la oficina regional de la entidad encabezada por Michelle Bachelet ha instado a las autoridades chilenas a llevar a cabo investigaciones “completas, independientes e imparciales” sobre los casos de violaciones de Derechos Humanos, además de “juzgar y sancionar” a los responsables.
Las protestas en Chile han cumplido ya más de dos meses, después de que la ciudadanía decidiera salir a las calles ante la cuarta subida del precio del metro. A ellos se sumaron colectivos que a su vez reivindicaban mejoras sociales y laborales, así como a nivel educativo y de salud.
Pese a que han bajado su intensidad frente a los primeros días, en las movilizaciones han muerto 20 personas y miles han resultado heridas tras los enfrentamientos con los Carabineros.
El último balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha cifrado en 3.557 el total de las personas heridas en las protestas desde el 18 de octubre. Las acciones en la calle persisten, generando cierres temporales de estaciones metro y retrasos en el transporte público.
Tras las infructuosas primeras medidas por reprimir las manifestaciones sirviéndose de las fuerzas de seguridad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha intentado ahora contar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas del país para reformar la Constitución y dar cabida al mayor número de las reclamaciones de todas las fuerzas sociales y comunitarias.
Con información de Europa Press
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