La otra explicación a la violencia y el caos en Chile

Científicos y académicos de todo el mundo se reunieron en el Museo de Bellas Artes de Chile en la noche del 18 de octubre para el cierre de una conferencia de tres días sobre el cambio climático, en un país que ha sufrido una sequía de una década. Bajo la cúpula de cristal del elegante edificio Beaux Arts, la investigadora de Stanford Susanne Moser advirtió en un discurso de apertura que las políticas para enfriar un mundo en llamas deben fomentar la comunidad o fracasar.

Afuera, los manifestantes coreaban, quemaban barricadas y atacaban a una policía superada en número. Fue el comienzo de una explosión social que sacudió a la nación sudamericana, una exacerbada por la sequía sin precedentes. “Todo parecía bastante teórico hasta entonces (transformación, cambio climático) y luego salimos y ahí estaba”, dice Moser, experta en adaptación y resiliencia. “Fue un despertar, de hablar de ello a estar ahí, con el gas lacrimógeno en los ojos”.

Ese fue el comienzo de varias semanas de protestas que sacudieron las ciudades más grandes de Chile. En principio, los factores desencadenantes de las manifestaciones fueron el descontento con los inadecuados sistemas de pensiones, atención médica y educación. Se ha prestado menos atención al rol que desempeñó una prolongada sequía en llevar a los chilenos a la acción. Las preocupaciones sobre el acceso al agua se han ido acumulando en un país que ha ido más allá que casi cualquier otro en la privatización de un recurso cada vez más valioso. Bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, Chile se convirtió en uno de los primeros países del mundo en ceder la gestión de sus servicios de agua a empresas extranjeras.

El consenso sobre el libre mercado del país se ha vuelto frágil en el transcurso de casi tres décadas desde el final de la dictadura. Finalmente se hizo añicos este año, que resultó ser uno de los más áridos de la historia. Las temperaturas más altas y los caudales récord de los ríos obligaron a los agricultores a abandonar los cultivos y dejar morir el ganado. Los grifos en docenas de pueblos se secaron, por lo que cientos de miles de personas han tenido que depender del agua en camiones. “La sequía nos dejó sedientos de revolución”, decía un cartel en una manifestación en Santiago en octubre.

Chile no es el único lugar donde el calentamiento global ha contribuido a conflictos políticos y disturbios sociales. Hace apenas un año, el plan del presidente francés, Emmanuel Macron, de aumentar los impuestos a los combustibles para combatir el cambio climático desencadenó protestas que paralizaron París y otras partes del país durante meses. En Siria, las malas cosechas que elevaron el precio del pan ayudaron a desencadenar una guerra civil que ha matado a miles. “Las crisis ambientales y sociales que estamos viviendo en Chile, en América Latina y en el mundo entero son dos caras de la misma moneda”, dijo Carolina Schmidt, la ministra de Medio Ambiente de Chile, quien habló con Bloomberg News durante una visita a Madrid este mes mientras participaba en las negociaciones climáticas de la COP25. “No podemos hacernos cargo de una sin la otra”.

El clima extremo a menudo se manifiesta de repente: un ejemplo son los incendios forestales en California o los ciclones en el sur de África. Pero en Chile, ha sido una catástrofe en cámara lenta. De 2010 a 2018, la región central del país sufrió lo que los científicos llaman una “megasequía”, con precipitaciones anuales de hasta 40% por debajo de lo normal. Para Pascual Varas, habitante de un pueblo en el valle de Petorca, a unos 200 kilómetros al norte de Santiago, este año ha sido otro desastre. Asegura que aunque los meteorólogos afirman que llovió ocho o nueve milímetros, no se ha notado. Hace un año, tenía 76 vacas y caballos; solo le quedan 30 y espera perder más durante el verano sudamericano.

La crisis se ha visto agravada por el marco legal del país. Si bien muchos países áridos tratan los derechos sobre el agua como propiedad privada, Chile va más allá que la mayoría. El Código de aguas de 1981 promulgado por Pinochet permite que los derechos se posean a perpetuidad y se negocien como activos. El marco proporcionó seguridad a los inversionistas y ayudó a fomentar el desarrollo de los sectores minero, agroindustrial y forestal, pero privilegia las necesidades de las empresas por encima de las de las comunidades.

Una clara manifestación de la sequía es la desaparición de la Laguna de Aculeo, un cuerpo de agua al sur de Santiago que alguna vez fue un sitio popular para practicar deportes acuáticos. Entre 2010 y 2017, las precipitaciones anuales en el área se redujeron a la mitad, mientras que el uso del agua por parte de agricultores y residentes en la cercana ciudad de Paine ha seguido aumentando. Aculeo dejó de existir como lago oficialmente en 2018.

A medida que la nación se volvió cada vez más seca, los ciudadanos se enojaron más. “Nadie esperaba este estallido cuando ocurrió, pero para mí tenía sentido cuando pasó”, dice Anahí Urquiza, profesora de medio ambiente y antropología de la Universidad de Chile. “En Chile en los últimos 10 años hemos tenido estallidos pequeños que hablaban de esas tensiones existentes”.

Entre ellas se cuenta una lucha por el agua en el valle de Petorca donde, durante los últimos años, pequeños propietarios de tierras y ganaderos han estado acusando a los productores de palta, un cultivo intensivo en agua, de bombear más de lo permitido de ríos y canales y de cavar pozos bajo los cauces ilegalmente. “Los campesinos no entendían cómo sus campos se iban secando a la vez que iban creciendo las plantaciones de paltas en los cerros, donde solo hay cactus”, dice Rodrigo Faúndez, portavoz de Modatima, una organización de defensa local que representa a ganaderos y pequeños agricultores. “Nuestra demanda es muy simple: pedimos que el Estado deje de considerar el derecho de propiedad por sobre de los derechos humanos”.

Las protestas en Petorca se han intensificado en los últimos dos años. En un momento, los agricultores bloquearon una carretera que une las dos ciudades principales de la provincia con una barricada de cadáveres de vacas en llamas. Los residentes frustrados ahora dependen del agua en camiones y también salieron a las calles.

Las demandas de los manifestantes de una distribución más equitativa del agua resonaron ampliamente en un país afectado por la creciente desigualdad de ingresos. Las dos ciudades más grandes del país, Santiago y Valparaíso, fueron escenario de protestas callejeras que en varios casos se tornaron violentas. Las erupciones llevaron a la administración del presidente Sebastián Piñera a cancelar una reunión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a mediados de noviembre, un evento al que el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, planeaban asistir. El gobierno de Piñera también se retiró como anfitrión de la COP25 en el marco de Naciones Unidas, que fue trasladada a Madrid.

Un amplio sector de los chilenos se ha unido a la idea de que la constitución de la era Pinochet del país –un documento que consagra un modelo económico neoliberal– debe ser desechada. Esa idea cuenta con un apoyo de 85%, según una encuesta del 22 de noviembre de Cadem. Los legisladores han ideado dos mecanismos diferentes para redactar una nueva carta, y los ciudadanos elegirán entre los dos en un plebiscito en abril.

“Por primera vez en 30 años en nuestro país tenemos la posibilidad de redefinir las reglas del juego,” dice Urquiza, la profesora, que espera que algo bueno salga del proceso. “Este país combina una gran exposición a los riesgos climáticos, un medio ambiente increíblemente deteriorado y con poca capacidad de gestionar su territorio. Todo junto es una bomba de tiempo”.

(C) Bloomberg

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